El Partido Judicial se acuarteló en la Cámara Civil y Comercial

7 diciembre 2012

Pasando revista, cabe señalar que en estos días, la camarista Susana Najurieta se transformó en la estrella del Grupo Clarín y del Partido Judicial al rechazar, de manera exprés, las recusaciones de sus colegas acusados de violar la Ley de Subrogancias, incumplir en los deberes de funcionario público y aceptar dádivas.

Por haber hecho eso y no haber pedido los informes mínimos aunque sea para disimular que sus decisiones no obedecían a cuestiones corporativas, la Jefatura de Gabinete la recusó. Los jueces Fernando De Las Carreras (viajó a Miami financiado por Clarín y Najurieta impidió su recusación) y Graciela Medina (su esposo es abogado del Grupo Clarín y Najurieta impidió su recusación) devolvieron gentilezas y decidieron no hacer lugar a la recusación planteada contra su par.

Minutos más tarde, De Las Carreras y Najurieta dictaron la sentencia que prolonga la cautelar del multimedio (ver fallo) en un claro atropello al régimen democrático.

Antes que nada, resulta necesario precisar que el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, había autorizado a la Afsca a ser parte en el proceso judicial. Ello le otorga al organismo todas las facultades procesales que tienen las otras partes –Clarín y el Estado Nacional-. Haciendo uso de sus facultades, la Afsca recusó a todos los camaristas, lo que implicaba que ninguno de ellos podía resolver sobre esa petición porque iban a ser juez y parte. El debido proceso marca que, para ese incidente, la Sala se debió haber conformado, de manera subsidiaria, con jueces del fuero Contencioso Administrativo. Nada de ello ocurrió y los dos magistrados, en una verdadera aberración jurídica, exculparon a sus colegas y a sí mismos. Ni la prensa hegemónica ni los voceros del Multimedio en el Parlamento advirtieron sobre este hecho, que es causal de acciones penales y de juicio político.

No siendo suficiente el escándalo, la sentencia continúa y resuelve prorrogar la medida cautelar hasta que no haya una decisión en primera instancia sobre el fondo del asunto (la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual).

Esto es volver a lo que ocurrió hace tres años cuando el juez (jubilado y designado a dedo) Carbone concedió la medida cautelar hasta que no haya sentencia. ¿Y cómo se condice eso con el 7D, que fue un plazo establecido por la Corte Suprema? La Cámara alega que la Corte había interpuesto el tope de 36 meses, pero expresa que se puede extender ya que ha avanzado el proceso de fondo porque ha finalizado la etapa de alegatos, y así interpreta que la medida cautelar no se va a transformar en algo permanente; de ese modo, entiende que una resolución es inminente, máxime teniendo presente que a raíz de la última decisión de la Corte, Alfonso tiene, como mucho, hasta fin de enero para fallar (ya se habilitó que se trabaje durante la feria judicial).

En otras palabras, esto sería algo así como que la Cámara le dijo a la Corte está bien tu fallo, pero me parece que el mío es mejor, así que vamos con éste.

El Máximo Tribunal había establecido el 7 de diciembre como fecha de caducidad de la medida cautelar hubiera o no hubiera una sentencia de fondo. La Cámara Federal Civil y Comercial, en un acto de sedición prohibido por la Constitución Nacional, desoyó una resolución de la máxima autoridad judicial. Y violó la ley suprema para, a través de argumentos falaces, volver al estado de situación anterior al fallo de la Corte del 22 de mayo que empezaba a ponerle fin a la impunidad del Grupo Clarín.

Dos curiosidades tiene este bochorno de la Cámara: en primer término se regodean al afirmar que el plazo de 36 meses lo habían decidido ellos, y la Corte sólo cambió el modo de computarlo. Es cierto, porque la Cámara había decidido que el tiempo corriera desde que la demanda fue notificada (cuando ella misma avaló que se demorara diez meses el traslado de la causa) y la Corte dijo que se computaba desde que se interpuso la demanda. Si hubiera prevalecido el primer criterio, el 7D iba a ser a finales de 2013.
Por otro lado, en sus fundamentos, De Las Carreras y Najurieta sostienen que levantar la medida cautelar podría ocasionar “un perjuicio irreparable” si la sentencia de fondo es favorable a la parte actora. La Corte Suprema había dicho todo lo contrario: que éste era un pleito de índole patrimonial y que si eventualmente ocurriera lo anterior, un simple resarcimiento económico solucionaría el perjuicio. Es decir, nuevamente contradijeron sin pudor ni maquillaje al Tribunal Superior de Justicia.

Ante esta situación desopilante y que deja a los 40 millones de argentinos en un estado de injusticia, el Ministro de Justicia Julio Alak aseveró que el Estado apelará a la Corte a través del recurso de per saltum.

Para que quede claro, cuando una parte quiere apelar una decisión de Cámara, debe presentar la apelación ante ese Tribunal, el cual evalúa si lo concede y lo eleva a la Corte Suprema. Como en este caso la Cámara Federal Civil y Comercial ha demostrado ser servil a un Grupo Económico, violando el debido proceso y los principios de independencia e imparcialidad, configurándose así una situación de gravedad institucional, se utilizará el per saltum que implica presentar el recurso directamente ante el Supremo Tribunal. Éste deberá expedirse sobre la prórroga de la medida cautelar, no así sobre la constitucionalidad del artículo 161 que sigue en primera instancia.

De la misma manera que se derribó el mito del periodismo objetivo, el Partido Judicial asumió que era una gran farsa el slogan de la apolitización de los jueces.Los magistrados, como miembros del Estado, son sujetos políticos con ideología, de modo que sus decisiones son profundamente políticas.

Lamentablemente, en los últimos tiempos se ve que prima una concepción anacrónica que no está a la altura del paradigma vigente en el país y en la región. Pero además, se han asumido como actores políticos colonizados por los grupos económicos.

La Corporación Judicial abroquelada en la Cámara Civil y Comercial se constituyó en un partido de facto que, en pos de defender los intereses del Grupo Clarín, avasalla a los otros dos poderes y al pueblo entero que en elecciones democráticas eligió a sus representantes.

Numerosas barbaridades y descalificaciones se han vertido, pero si hubo alguien que fue celosamente respetuosa de la justicia –incluso de esta Cámara que profesa la desigualdad ante la ley- fue el Gobierno Nacional. Por eso, hasta el momento, está paralizada la plena aplicación de la Ley de Medios y no se va a iniciar el mecanismo de tasación de las licencias excedidas del Grupo Clarín.

La Corte Suprema debería defender el honor de la institución que preside y expedirse hoy mismo, pero ello entraría en el campo de las especulaciones. Lo que es importante reafirmar es que este Gobierno va a respetar las decisiones judiciales.

Pero más allá de esta nueva dilación absurda, no hay vuelta atrás. Si no será el lunes 10 de diciembre, será unos días después, pero la Ley de Democratización de la Comunicación está en marcha, tiene un consenso enorme pocas veces visto, y se va a aplicar porque la sociedad no acepta que nadie tenga coronita.

Existe un lobby furibundo del ejército de Héctor Magnetto, la complicidad de una Cámara corrupta, pero también existe un pueblo movilizado que este 9 de diciembre saldrá a las calles a manifestarse a favor de la democracia y la pluralidad, y será la prueba irrefutable de que no hay operación mediática y judicial que logre volver al pasado.

Fuente: http://www.7d12.com.ar/el-partido-judicial-se-acuartelo-en-la-camara-civil-y-comercial/