Los dos grandes electores del 2015

Las dos personas con mayor gravitación en la política no pueden ser candidatos a presidente.
Tanto el gobierno como Clarín generan adhesiones que doblan a las desdibujadas de la oposición.
Qué hay debajo del hormiguero.

Por: Roberto Caballero

Los dos grandes electores del 2015

Los dos grandes decisores de la política argentina tienen un problema: no se pueden presentar a elecciones en 2015. A Cristina Kirchner se lo impide la Constitución y el Clarín de Héctor Magnetto no es un partido político.

Pero Cristina puede elegir entre un elenco más o menos competitivo para encabezar el bloque FPV, Magnetto no.

Cuando Jorge Lanata dijo en la radio que toda la oposición no juntaría un balde de bosta, Eduardo Van der Kooy y Ricardo Roa reflejaron en el diario idéntica preocupación. No es el destino de la República lo que les genera angustia, son los números de una encuesta que Magnetto leyó con amarga decepción hace dos semanas.

Allí, entre tortas gráficas divididas en porciones verdes y rojas, lo que puede advertirse es que los consultados, kirchneristas y antikirchneristas, asignan niveles de “confianza” similares, del orden del 50%, al gobierno democrático de Cristina y al Clarín oligopólico de Magnetto.

Sin embargo, cuando se habla de “la oposición” el nivel de confianza baja al 20% y los niveles de rechazo o desconfianza, entre los K y los anti  K, trepan al 70%. Iguales porcentajes tiene el Poder Judicial y las grandes empresas en el estudio que respetó las normas ISO 9001:2000.

La opinable metáfora del recipiente y las heces animales utilizada por el mayor comunicador del oligopolio habla de su capacidad para bajar a tierra complejas ecuaciones comerciales y políticas que ocupan el tiempo de los Magnetto, los Noble, los Pagliario y los Aranda, cuatro familias que la sociedad, aunque sabe más que hace algunos años, todavía conoce poco. La de Lanata es la forma de insultar que tienen.

Lo concreto es que la oposición no mide.

Todo el trabajo de demolición cotidiano de Clarín no es capitalizado por nadie dentro de la oferta escasamente atractiva del espacio. Los casting son entre candidatos perdedores. Por eso, Elisa Carrió se le quejó en Radio Mitre –algo así como la asamblea de consorcistas del grupo–, al propio Lanata, recordándole que ella había apoyado a Clarín en su batalla contra la Ley de Medios de la democracia y ahora Magnetto decidió probar suerte con Sergio Massa, a quien la líder del FAUNEN relacionó con supuestos asuntos del narco.

Algunos dirán que habló por despecho, es probable que no sea cierto lo que deslizó sobre el jefe del Frente Renovador, pero esta vez Carrió dejó para la versión taquigráfica de la Historia un testimonio clave, uno que dice lo que muchos intuían: cuando Clarín los deja a la intemperie, algunos políticos antikirchneristas se tornan vulnerables, frágiles criaturas sin proyecto de país más que la selfie con Magnetto.

Es raro que generen confianza en la sociedad cuando ni ellos mismos la tienen en construir algo, chiquito o grande, de derecha o izquierda, que sea mejor de lo que hay.

Aunque fue victimaria en otra época, Carrió es hoy otra víctima más de Magnetto. Su casting es el de un emperador que no comprende aspectos medulares de la política democrática. Evitó todo lo que pudo el juicio público sobre su manera fáctica de ejercer el poder contra la sociedad, hasta que el kirchnerismo le cantó piedra libre. Y ahí, en vez de convertirse en el italiano Berlusconi, en el colombiano Santos, en el chileno Piñeira, en vez de aprovechar la visibilización para emigrar del monopolio empresarial a la política de las urnas, él o sus hijos, o los hijos de sus socios, Magnetto eligió el excitante lado perverso de la saga: querer gobernar a distancia el humor social, las expectativas económicas de millones, utilizar el potro inquisitorio de sus medios para arrodillar y humillar a los políticos, mantenerse al margen del foro público, opinar a través de otros, distorsionar cualquier tipo de debate en base a ejes falsos. En definitiva, Magnetto eligió ser Magnetto. Prefirió la oscuridad pringosa de la pelea en el barro que la disputa franca y abierta en elecciones cristalinas.

Ahora lamenta los resultados. Les manda a decir “bosta” a los políticos que no miden. Es injusto: él mismo ayudó a construir esa impotencia. Desempoderar a la política democrática y concentrar poder fáctico empresario fue y sigue siendo su estrategia, y eso también afectó a su oposición. Cada vez que sus candidatos van a la escuelita del Malba, Clarín mantiene su cuota de prestigio social, tan alta como la del gobierno, según la encuesta misteriosa: los que pierden imagen, confianza y proyección electoral son los políticos que militan la selfie con el CEO como si fueran fans de Justin Bieber. Una pena. Se ve que Magnetto no transfiere su poder ni delega encantos.

Pero la encuesta de hace dos semanas lo inquieta mucho. Advierte que su principal adversaria tiene una estructura (el FPV) que sí puede ir a elecciones desde un piso muy alto y confirma que Clarín no es un partido, barcaza indispensable para navegar en el siglo XXI de la política.

Además, los números reflejan que hay una abismal distancia entre la sensación social y su prédica catastrofista y victimizada ante la SIP: casi siete de cada diez personan opinan que el estado de la libertad de expresión en la Argentina es de bueno a excelente.

¿Nelson Castro no dice lo contrario? ¿Marcelo Longobardi no reproduce lo mismo? Mañana, lunes 27, aniversario de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, autor del ya antológico “¿qué te pasa, Clarín, estás nervioso?”, podrían  llamar en vivo a Magnetto y preguntarle sobre esta encuesta y el estado de la libertad de expresión, y sobre los niveles de aprobación que hoy tiene una ley que tanto crucificaron.

Debe haberlo impresionado mucho, al CEO, la tortita que devuelve que cinco de que cada diez personas está de acuerdo con ella, y que sólo tres la desaprueban. Y mucho más saber que, cuando se les consulta si esta evita la concentración en pocas manos del discurso público, el porcentaje crece. Esa verdad debe doler a un monopolio comunicacional más que cualquier denuncia por corrupción falsa a la política, ¿no?

La mitad más uno cree que la adecuación de oficio es correcta y que Clarín quería trampear la ley con una propuesta trucha. Sólo tres de cada diez dice lo opuesto; y el resto, un poco arriba del 20%, aún no sabe o no contesta. Como el nivel de apoyo a la ley es tan alto, es imaginable que este último grupo se incline más por la postura oficial que encarnó la AFSCA y no respalde a Clarín.

También para la mitad de los preguntados se trata de una medida política, que persigue algo más que la aplicación correcta de la ley. Es una percepción acertada, diríamos ajustada a una lectura atenta de lo ocurrido en todos estos años. Porque la pelea entre el gobierno y Clarín es una pelea central de la política para ejercer el poder en una democracia, nada menos.

Y si Clarín es tomado como lo que es, es decir, un poder fáctico con manejo de relatos y representaciones simbólicas que irradian al conjunto social como verdades incontrastables, con esta oposición entre sumisa, despechada e incapaz de generar proyecto que sólo produce desconfianza entre los votantes, la única expresión de la política democrática que queda en pie para no morir en una especie de narrarquía monopólica empresarial es el kirchnerismo liderado por Cristina Kirchner.

Cuando Martín Sabbatella anunció la decisión de adecuar a Clarín de oficio, habló ella, la última valla a las pretensiones que se hacen escuchar en el Coloquio de IDEA y reproducen como si fueran genialidades Clarín y su socio adulto mayor, La Nación. Un país sin Estado, o donde el Estado sea lo que ellos quieren que sea, en el que aplauden y vitorean a un abogado que pide que la actual presidenta, ex senadora y ex diputada muestre su título, mientras él se hace llamar “constitucionalista”, porque alguna vez así comenzó a llamarlo Clarín.

Son escenas de delirantes que quieren hacerle creer a los demás que ellos custodian una razón que han perdido: reproducen lo que dicen los sitios serviciales berretas para agredir a una mujer presidenta. ¿Se puede caer tanto bajo? Sí. Siempre puede ser peor.

Cuando el gobierno tomó la decisión de adecuar de oficio, reaccionó a un escenario que hubiera sido realmente catastrófico para todos lo que pelearon por una comunicación democrática. Este gobierno no puede aceptarle a Clarín un capricho más: el de querer cumplir solo con el maquillaje de la ley y no con su espíritu, menos que menos. Era un retroceso.

Respondía sin duda a un reflejo de fatiga, desgraciadamente, que también a veces alcanza a distintos funcionarios de algunas áreas del oficialismo que están pensando en irse a retozar después de tanta batalla, en lo posible amigos o no tan enemigos de Clarín. Cristina no está entre ellos, evidentemente. Y tampoco Sabbatella, según se ve.

El mensaje a la militancia fue claro: la voluntad de pelea está intacta, y no sólo no hay tregua ni armisticio, sino que se avecinan tiempos definitorios en todos los terrenos. Gobierno versus Clarín no es un cruce entre dos megalómanos que pelean por narcisismo extremo. Es la puja entre dos modelos de país. El de la democracia y el de los monopolios.

La pregunta es qué hará Clarín en 2015. A quién hará ganar el casting sábana para que enfrente al FPV y al candidato que elija Cristina.

Ninguno crece, nadie fascina y, para aflicción de Magnetto, comienza a aparecer en las encuestas un alto nivel de satisfacción con símbolos kirchneristas como la AUH, YPF, AFJPs, Ley de Medios, la Ley de Movilidad Jubilatoria, el rol del Estado en la economía, Buitres, que ponen en crisis el relato de diseño del CEO.

Es cierto, en todos los casos, esas políticas rozan aprobaciones del 65 al 70%, pero la imagen de los funcionarios que las hicieron posible, no llega en muchos casos al 20 por ciento. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que los impulsores de las medidas que gustan no merezcan reconocimiento social? Es una pregunta que excede esta doble página.

Una hipótesis es que el discurso antipolítico y los niveles de ensañamiento mediático personalizado hunden en el descrédito a los funcionarios, aunque no ocurre lo mismo con las políticas que producen efectos concretos en la vida cotidiana de la gente. Es una injusticia paradójica, una dislocación conceptual, quizá producto del alto nivel de violencia simbólica que destilan titulares y zócalos contra aquellos que decidieron ingresar en la política con algún ánimo más que subordinarse a empresas y bancos.

De todo el kirchnerismo, Cristina es la única que en este mes de octubre alcanzó una imagen positiva que llega a la mitad de los consultados en cualquier encuesta, esto también lo sabe Magnetto.
Y no ignora que, cuatro años después de la muerte de Néstor y el “Clarín Miente”, el gobierno magullado e impertinente de Cristina es el que viene ganando en el tiempo la confrontación más importante de la democracia después del juicio a represores y genocidas de los ’70.

La mitad de la sociedad ya sabe que los medios ofrecen un relato acorde a sus intereses políticos y económicos, según la encuesta que leyó el CEO. El “Clarín Miente” hoy es cosa de millones, del mismo modo que el kirchnerismo hace once años era un grupo de 300 santacruceños que venían a ocupar puestos y ministerios que desconocían.

Esta parte de la realidad que otros invisibilizan también pasa. Magnetto se hizo monopólico en el espacio, pero el kirchnerismo se está haciendo cultura en el tiempo.

Los tres estadios colmados son un hormiguero. Las corporaciones no saben dónde terminan sus túneles y cuántas hormigas se ocultan allí abajo. Menos saben cómo pican esas hormigas cuando les patean la casa.

 

Fuente: http://tiempo.infonews.com/edicion/1612/argentina

El Gobierno presentó el per saltum y le pidió a la Corte Suprema una “rápida solución”

El ministro de Justicia, Julio Alak, anunció que el Gobierno nacional recurriróa la figura del per saltum para que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la constitucionalidad de la ley de medios.

“La salud de nuestra democracia, el pleno funcionamiento de los poderes del Estado y la voluntad popular exigen una rápida solución judicial a esta cuestión”, dijo Alak este mediodía ante la prensa, en un anuncio en la sede de la cartera de Justicia.

Para el titular de la cartera de Justicia, “la prolongación indefinida no es compatible con el sistema democrático, ni con un  sistema que debe privilegiar el rápido, eficiente y justo accionar de la justicia”.

Al anunciar la presentación del per saltum ante la Corte, el ministro recordó que esta medida “se acumula al recurso extraordinario presentado recientemente por el Poder Ejecutivo en contra de una resolución de la Cámara Civil y Comercial, que había dispuesto en contra de la Corte un nuevo alargamiento de la cautelar que favorece a Clarín”.

Es que la Corte quedó hoy también habilitada para resolver sobre la prórroga a la medida cautelar que impide aplicar dos artículos de la ley de medios al Grupo Clarín, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal concediera el recurso extraordinario contra esa medida, que presentó el gobierno.

“El per saltum es también para que la Corte se expida sobre la constitucionalidad de la ley, que Clarín ha desconocido durante tres años”, sostuvo Alak.

El máximo tribunal había dispuesto el 22 de mayo que el 7 de diciembre debían cesar las extensiones de las cautelares que favorecían a Clarín, pero un día antes, el 6 de diciembre, “en clara contradicción con lo dispuesto por la Corte”, la Cámara Civil y Comercial concedió una extensión de la cautelar a Clarín.

Recordó asimismo que el juez Horacio Alfonso confirmó  recientemente “en una sentencia definitiva de primera instancia” la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley, cuestionados por Clarín, dejando así habilitado al gobierno a presentar un nuevo recurso de per saltum.

El Ejecutivo había presentado semanas atrás otro recurso de per saltum contra la medida cautelar dictada en segunda instancia, pero la Corte entendió -en esa momento- que el procedimiento no era aplicable.

Alak mencionó la “gravedad institucional” de la causa, ya que “excede el interés de dos partes porque involucra a toda la sociedad argentina que espera, con angustia y preocupada, que se cumpla la ley votada por el Congreso”.

Entre otras condiciones, dijo que hay una sentencia de primera instancia -la dictada por el juez Alfonso-, y que existe una medida cautelar, la que dictó la Cámara el 6 de diciembre.

Pero, además, advirtió que “se da un cuarto elemento que es que el Estado se siente agraviado” porque en su sentencia, la Cámara  legitimó activamente a Clarín para plantear el pleito, cuando el grupo “no es titular de ninguna licencia de radio difusión, ni tampoco accionista o socio de compañías que sean titulares de esas licencias en Argentina”.

“El Estado pretende con el per saltum que haya una sentencia definitiva, y que en Argentina tengamos resoluciones rápidas”, sostuvo.

Por último, volvió a defender la constitucionalidad de la ley, que “respeta la libertad de expresión en Argentina, las garantías constitucionales del derecho de propiedad, está inspirada en los lineamientos de Naciones Unidas en favor de la pluralidad informativa y de lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Indicó además que el Poder Ejecutivo hace la presentación “en defensa del interés del Estado, en defensa del interés público, del cumplimento de las normas, y en defensa de los superiores intereses de la Nación”.

“Esperemos que, a la brevedad, este recurso permita a nuestra Corte abocarse al tema y darle una resolución definitiva para la plena vigencia de la ley, como espera la inmensa mayoría del pueblo argentino”, concluyó el funcionario.

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201212/1828-el-gobierno-presento-el-per-saltum-y-le-pidio-a-la-corte-suprema-una-rapida-solucion.html

El Partido Judicial se acuarteló en la Cámara Civil y Comercial

7 diciembre 2012

Pasando revista, cabe señalar que en estos días, la camarista Susana Najurieta se transformó en la estrella del Grupo Clarín y del Partido Judicial al rechazar, de manera exprés, las recusaciones de sus colegas acusados de violar la Ley de Subrogancias, incumplir en los deberes de funcionario público y aceptar dádivas.

Por haber hecho eso y no haber pedido los informes mínimos aunque sea para disimular que sus decisiones no obedecían a cuestiones corporativas, la Jefatura de Gabinete la recusó. Los jueces Fernando De Las Carreras (viajó a Miami financiado por Clarín y Najurieta impidió su recusación) y Graciela Medina (su esposo es abogado del Grupo Clarín y Najurieta impidió su recusación) devolvieron gentilezas y decidieron no hacer lugar a la recusación planteada contra su par.

Minutos más tarde, De Las Carreras y Najurieta dictaron la sentencia que prolonga la cautelar del multimedio (ver fallo) en un claro atropello al régimen democrático.

Antes que nada, resulta necesario precisar que el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, había autorizado a la Afsca a ser parte en el proceso judicial. Ello le otorga al organismo todas las facultades procesales que tienen las otras partes –Clarín y el Estado Nacional-. Haciendo uso de sus facultades, la Afsca recusó a todos los camaristas, lo que implicaba que ninguno de ellos podía resolver sobre esa petición porque iban a ser juez y parte. El debido proceso marca que, para ese incidente, la Sala se debió haber conformado, de manera subsidiaria, con jueces del fuero Contencioso Administrativo. Nada de ello ocurrió y los dos magistrados, en una verdadera aberración jurídica, exculparon a sus colegas y a sí mismos. Ni la prensa hegemónica ni los voceros del Multimedio en el Parlamento advirtieron sobre este hecho, que es causal de acciones penales y de juicio político.

No siendo suficiente el escándalo, la sentencia continúa y resuelve prorrogar la medida cautelar hasta que no haya una decisión en primera instancia sobre el fondo del asunto (la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual).

Esto es volver a lo que ocurrió hace tres años cuando el juez (jubilado y designado a dedo) Carbone concedió la medida cautelar hasta que no haya sentencia. ¿Y cómo se condice eso con el 7D, que fue un plazo establecido por la Corte Suprema? La Cámara alega que la Corte había interpuesto el tope de 36 meses, pero expresa que se puede extender ya que ha avanzado el proceso de fondo porque ha finalizado la etapa de alegatos, y así interpreta que la medida cautelar no se va a transformar en algo permanente; de ese modo, entiende que una resolución es inminente, máxime teniendo presente que a raíz de la última decisión de la Corte, Alfonso tiene, como mucho, hasta fin de enero para fallar (ya se habilitó que se trabaje durante la feria judicial).

En otras palabras, esto sería algo así como que la Cámara le dijo a la Corte está bien tu fallo, pero me parece que el mío es mejor, así que vamos con éste.

El Máximo Tribunal había establecido el 7 de diciembre como fecha de caducidad de la medida cautelar hubiera o no hubiera una sentencia de fondo. La Cámara Federal Civil y Comercial, en un acto de sedición prohibido por la Constitución Nacional, desoyó una resolución de la máxima autoridad judicial. Y violó la ley suprema para, a través de argumentos falaces, volver al estado de situación anterior al fallo de la Corte del 22 de mayo que empezaba a ponerle fin a la impunidad del Grupo Clarín.

Dos curiosidades tiene este bochorno de la Cámara: en primer término se regodean al afirmar que el plazo de 36 meses lo habían decidido ellos, y la Corte sólo cambió el modo de computarlo. Es cierto, porque la Cámara había decidido que el tiempo corriera desde que la demanda fue notificada (cuando ella misma avaló que se demorara diez meses el traslado de la causa) y la Corte dijo que se computaba desde que se interpuso la demanda. Si hubiera prevalecido el primer criterio, el 7D iba a ser a finales de 2013.
Por otro lado, en sus fundamentos, De Las Carreras y Najurieta sostienen que levantar la medida cautelar podría ocasionar “un perjuicio irreparable” si la sentencia de fondo es favorable a la parte actora. La Corte Suprema había dicho todo lo contrario: que éste era un pleito de índole patrimonial y que si eventualmente ocurriera lo anterior, un simple resarcimiento económico solucionaría el perjuicio. Es decir, nuevamente contradijeron sin pudor ni maquillaje al Tribunal Superior de Justicia.

Ante esta situación desopilante y que deja a los 40 millones de argentinos en un estado de injusticia, el Ministro de Justicia Julio Alak aseveró que el Estado apelará a la Corte a través del recurso de per saltum.

Para que quede claro, cuando una parte quiere apelar una decisión de Cámara, debe presentar la apelación ante ese Tribunal, el cual evalúa si lo concede y lo eleva a la Corte Suprema. Como en este caso la Cámara Federal Civil y Comercial ha demostrado ser servil a un Grupo Económico, violando el debido proceso y los principios de independencia e imparcialidad, configurándose así una situación de gravedad institucional, se utilizará el per saltum que implica presentar el recurso directamente ante el Supremo Tribunal. Éste deberá expedirse sobre la prórroga de la medida cautelar, no así sobre la constitucionalidad del artículo 161 que sigue en primera instancia.

De la misma manera que se derribó el mito del periodismo objetivo, el Partido Judicial asumió que era una gran farsa el slogan de la apolitización de los jueces.Los magistrados, como miembros del Estado, son sujetos políticos con ideología, de modo que sus decisiones son profundamente políticas.

Lamentablemente, en los últimos tiempos se ve que prima una concepción anacrónica que no está a la altura del paradigma vigente en el país y en la región. Pero además, se han asumido como actores políticos colonizados por los grupos económicos.

La Corporación Judicial abroquelada en la Cámara Civil y Comercial se constituyó en un partido de facto que, en pos de defender los intereses del Grupo Clarín, avasalla a los otros dos poderes y al pueblo entero que en elecciones democráticas eligió a sus representantes.

Numerosas barbaridades y descalificaciones se han vertido, pero si hubo alguien que fue celosamente respetuosa de la justicia –incluso de esta Cámara que profesa la desigualdad ante la ley- fue el Gobierno Nacional. Por eso, hasta el momento, está paralizada la plena aplicación de la Ley de Medios y no se va a iniciar el mecanismo de tasación de las licencias excedidas del Grupo Clarín.

La Corte Suprema debería defender el honor de la institución que preside y expedirse hoy mismo, pero ello entraría en el campo de las especulaciones. Lo que es importante reafirmar es que este Gobierno va a respetar las decisiones judiciales.

Pero más allá de esta nueva dilación absurda, no hay vuelta atrás. Si no será el lunes 10 de diciembre, será unos días después, pero la Ley de Democratización de la Comunicación está en marcha, tiene un consenso enorme pocas veces visto, y se va a aplicar porque la sociedad no acepta que nadie tenga coronita.

Existe un lobby furibundo del ejército de Héctor Magnetto, la complicidad de una Cámara corrupta, pero también existe un pueblo movilizado que este 9 de diciembre saldrá a las calles a manifestarse a favor de la democracia y la pluralidad, y será la prueba irrefutable de que no hay operación mediática y judicial que logre volver al pasado.

Fuente: http://www.7d12.com.ar/el-partido-judicial-se-acuartelo-en-la-camara-civil-y-comercial/

El Grupo Clarín y su mundo paralelo

4 diciembre 2012

Luego de la conferencia de prensa que ofreció el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, el Grupo Clarín emitió un comunicado plagado de falsedades donde niega todo lo que se dijo en dicha exposición, en un patético intento por dibujar una realidad inexistente.

A continuación, las mentiras de Héctor Magnetto contrastadas con lo que verdaderamente ocurre:

Clarín dice:
“El funcionario volvió a insistir con el avance de oficio sobre licencias sin esperar ningún fallo judicial, pese a que la Corte Suprema dijo que esa situación implicaba ´denegación de justicia´”.

Si la Corte Suprema hubiera querido decir eso, en su fallo del 22 de mayo hubiese expresado que la medida cautelar se prolongaba hasta que se dictara una sentencia en primera instancia. En cambio, solicitó que haya una resolución de fondo, pero no supeditó la aplicación íntegra de la ley a ello. De hecho, rechazó prolongar la medida cautelar.

Clarín dice que Sabbatella
“reconoció que a cuatro días del 7 de diciembre, el Afsca, sin darle intervención a la oposición, habría cambiado los procedimientos de la Resolución 297/210 de dicho organismo, que reglamente el artículo 161 de la ley…”.

Una mentira rotunda.
El titular de la Afsca, ante una pregunta de Martín Alfie, cronista del diario Clarín, dijo que “la resolución 297 está vigente. Hay una parte de esa resolución que es la que determina el criterio de adecuación voluntaria y la transferencia de oficio y entonces lo que hace esta reglamentación que se ha aprobado es generar los mecanismos para darle cumplimiento a esa adecuación voluntaria y a esa transferencia de oficio (…). Entonces, no es que deroga la 297, es que hay temas de la 297 que había que instrumentar como es la transferencia de oficio y la adecuación voluntaria…”. Es muy claro y es grosera la tergiversación del monopolio.

Clarín dice:
“Pese a que Sabbatella sostuvo que el AFSCA quiere que se resuelva el juicio de fondo, toda la conducta estatal estuvo dirigida a demorarlo: lo demoró diez meses en 2010, lo demoró tres meses en 2012 con sucesivas maniobras para apartar jueces, y sigue buscando demorarlo hoy con presentaciones dilatorias en primera y segunda instancia”.

La demora de diez meses en 2010 es porque Clarín nunca corrió traslado de la demanda. El Estado no puede contestar algo que no le notifican. Las dilaciones a las que alude el grupo consiste en defender la garantía de imparcialidad, porque, por obra de Clarín, se designaron jueces subrogantes a dedo y por procedimientos no contemplados por la ley.
A su vez, pedir la recusación de un juez que viajó a Miami invitado y financiado por el Grupo, no es dilatar el proceso, es denunciar un atropello a las instituciones.

Clarín dice:
“El funcionario reconoció que benefició a los grupos que no fueron a la Justicia, extendiéndoles un año el plazo de desinversión (…) Además, volvió a desconocer la composición accionaria de varios grupos y sus incompatibilidades con diversos artículos de la ley de medios, pese a las pruebas difundidas en estos días”.

Si el Grupo Clarín –el más excedido de todos- no desinvertía, y los demás sí, la concentración mediática iba a ser más grave de lo que es y el espíritu antimonopólico de la Ley de Medios iba a verse profundamente frustrado.
En pos de garantizar la finalidad de la norma, se dispuso que todos los grupos tuvieran el mismo plazo que Clarín en pos de la igualdad y la equidad. Luego, en la conferencia, Sabbatella dio todas las precisiones respecto a Telefé, el Grupo Uno, y Telecentro, que uno supone son aquellos a los que alude el comunicado. Pero es tan pobre la argumentación de Clarín que ya no sólo no justifica su aseveración, sino que siquiera se anima a expresar quiénes son los supuestamente favorecidos.

Clarín dice:
“Es un desafío a las garantías constitucionales y para justificar un avance de hecho sobre las licencias, dijo que si el fallo de fondo determinara la inconstitucionalidad de los dos artículos impugnados, sólo habría derecho a una indemnización y no a la intangibilidad de las licencias, lo que implica una violación de todos los precedentes jurídicos, incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Jaquear las garantías constitucionales fue lo que hizo la Dictadura Militar, de la cual el Grupo Clarín fue socio y con la cual se benefició, a costa de la sangre de 30 mil argentinos.

Cabe recordar que en su presentación judicial, el grupo nunca pudo demostrar que la libertad de expresión estuviera en riesgo, de modo que este pleito es de índole exclusivamente patrimonial, como lo sentenciara la Corte. Fue la misma Corte Suprema la que dijo que, en ese caso, un eventual fallo favorable al Grupo podía ser compensado con un resarcimiento económico, sin que ello implique que se viole ninguna intangibilidad ni ningún precedente.

Por último, es curioso que cite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado que ella se ocupa de personas físicas, no jurídicas, y mucho menos de personas jurídicas ilegales, como Clarín. A riesgo de ser reiterativo, el proceso gira en torno a un conflicto patrimonial, no sobre la libertad de expresión de los periodistas del Grupo. En consecuencia, es inadmisible que intervenga un Tribunal Internacional.

Clarín dice:
“Repitió varias veces que la ley no afecta la libertad de expresión, cuando la Justicia jamás se pronunció sobre ello porque nunca falló sobre el tema de fondo. La mejor prueba de su afectación está dada por la colonización oficial del sistema de medios en estos últimos 3 años, donde prácticamente no quedaron radios y canales de TV fuera del control oficial”.

Como se dijo antes, la Corte nunca se expidió sobre el fondo, pero sí recordó que en la demanda no hay ningún elemento relacionado a la libertad de expresión, de modo que es algo que no está en discusión. Luego, es llamativo que el Grupo mediático que posee la posición dominante de la comunicación, a través del cual miente sistemáticamente y directamente atenta contra un gobierno democrático, diga que hay un control oficial.
¿Acaso el Gobierno controla a Lanata, a Nelson Castro, a Joaquín Morales Solá, a Ernesto Tenembaum, o incluso a Marcelo Longobardi, que trabaja en el canal C5N y maliciosamente intentar deslizar que es un ´medio K´?

Es insostenible lo que dice la Corporación, sobre todo, porque incluso en aquellos medios del estado, como la Televisión Pública, se escuchan todas las voces.

Fuente http://www.7d12.com.ar/el-grupo-clarin-y-su-mundo-paralelo/

CSJN: Grupo Clarin S.A. debe desinvertir

Fallo de la Corte:
Clarín debe desinvertir antes de diciembre de 2012

En un fallo unánime, la Corte Suprema fijó el plazo de vigencia de la medida cautelar hasta el 7 de diciembre de este año, y sostuvo que “las medidas cautelares no pueden sustituir la solución de fondo porque afectan la seguridad jurídica”. El Grupo deberá desprenderse de sus licencias antes de esa fecha.

La Corte Suprema de Justicia dispuso hoy que la medida cautelar que mantenía suspendido el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual perderá vigencia el 7 de diciembre de 2012.

En un fallo unánime, firmado por Lorenzetti, Highton, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni, el tribunal confirmó la cautelar que había suspendido la aplicación del artículo de la Ley 26.522, con el plazo que había dispuesto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, pero contados a partir de la fecha del dictado de la medida, el 7 de diciembre de 2009.

La Corte recordó que las medidas cautelares “son resoluciones jurisdiccionales precarias, no definitivas”. Y señaló que “cuando las cautelares se hacen ordinarias y sustituyen a la sentencia definitiva, se crea un derecho precario, lo que constituye una lesión al objetivo de afianzar la Justicia señalado en el Preámbulo de la Constitución Nacional”.

El proceso judicial se inició en octubre de 2009, poco después de sancionarse la Ley de Medios,cuando el juez civil y comercial Edmundo Carbone respaldó una medida cautelar que presentó el Grupo Clarín para suspender el artículo 16, planteo que llegó a la Sala Nº1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, y luego se trasladó a la Corte.

La Corte, tras advertir en una primera instancia que “no podía” resolver sobre la medida cautelar porque no había una sentencia definitiva, ordenó establecer un “plazo razonable” para la definición de esa acción. De esa forma, la presentación del Grupo Clarín contra la Ley de Medios volvió a manos del juez Carbone, quien ratificó su decisión de suspender la aplicación del artículo.

Ante una nueva apelación del gobierno nacional, la discusión se elevó a la Sala Nº2 de la Cámara Civil y Comercial Federal, que el 14 de mayo del año pasado también suspendió el artículo y, finalmente, la disputa regresó a la Corte Suprema de Justicia, cuyos integrantes hoy resolvieron la desinversión del Grupo Clarín.

Ley de Medios.
Víctor Hugo Morales: “es un paso gigantesco”

El periodista analizó la decisión de la Corte de Suprema de Justicia de poner en plena vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios que obliga a los monopolios a desinvertir. El abogado Darío Villarruel también destacó la relevancia del fallo.

El periodista Víctor Hugo Morales y el abogado Darío Villarruel analizaron la decisión de la Corte de Suprema de Justicia de poner en plena vigencia el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que obliga a los monopolios a los medios que posean mas licencias que las permitidas a desinvertir.

El abogado detalló al comienzo de la entrevista que “ningún medio del Grupo Clarín ha dado esta información” y al consultar a Víctor Hugo, siendo él ferviente defensor de la nueva Ley de Medios, destacó que le parece “un paso gigantesco” teniendo en cuenta que el espíritu de la nueva normativa es justamente ser “una nueva ley antimonopólica” y que el artículo 161 es clave en este aspecto.

El relator y periodista aseguró que es “la noticia del día” porque “es muy fuerte políticamente“. “Es una lucha de mucho tiempo que tuvimos algunos disgustos contra rivales muy poderosos” opinó.

Asimismo afirmó que “ahora van a tener que adecuarse a la ley, y cuando lo hagan, vamos a tener medios más democráticos y vamos a encontrar el tipo de periodismo que soñamos, independiente y variado, que va a contribuir a una sociedad mejor, que no es esta sociedad con un periodismo que envenena la atmósfera defendiendo sus intereses, esos intereses que le ley de medios va a desbaratar con la aplicación que entra a jugar fuertemente desde esta noticia”.

Sobre cómo titulará Clarín la noticia, advirtió:“Le costará decir que no hay justicia porque, que el saldo de votación haya sido 6 a 0, es un dato valioso para que la noticia tenga solidez, así que no les va a quedar otra que ser respetuosos. Supongo que estarán perplejos y saliendo de su sorpresa. Lo único que no van a poder decir es que van a hacer un abrazo en Tribunales pidiendo justicia porque ellos saben en el fondo de su corazón que lo que hizo la Corte es un acto importante para decir que se hizo justicia”.

Por su parte Villarruel consideró que “la Corte se tomo un tiempo prudencial de casi un año” y que esto lo aclara “porque seguro que salen a hablar del otro lado”. Sobre las medidas cautelares manifestó que las considera “medidas abusivas de los jueces de primer instancia” porque “ante cualquier planteo dicen no innovar y no resuelven el tema de fondo”.

Fuente: http://www.infonews.com

Nota: En breve nuestro análisis del fallo de la Corte y del dictamen del Procurador.