El Gobierno presentó el per saltum y le pidió a la Corte Suprema una “rápida solución”

El ministro de Justicia, Julio Alak, anunció que el Gobierno nacional recurriróa la figura del per saltum para que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la constitucionalidad de la ley de medios.

“La salud de nuestra democracia, el pleno funcionamiento de los poderes del Estado y la voluntad popular exigen una rápida solución judicial a esta cuestión”, dijo Alak este mediodía ante la prensa, en un anuncio en la sede de la cartera de Justicia.

Para el titular de la cartera de Justicia, “la prolongación indefinida no es compatible con el sistema democrático, ni con un  sistema que debe privilegiar el rápido, eficiente y justo accionar de la justicia”.

Al anunciar la presentación del per saltum ante la Corte, el ministro recordó que esta medida “se acumula al recurso extraordinario presentado recientemente por el Poder Ejecutivo en contra de una resolución de la Cámara Civil y Comercial, que había dispuesto en contra de la Corte un nuevo alargamiento de la cautelar que favorece a Clarín”.

Es que la Corte quedó hoy también habilitada para resolver sobre la prórroga a la medida cautelar que impide aplicar dos artículos de la ley de medios al Grupo Clarín, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal concediera el recurso extraordinario contra esa medida, que presentó el gobierno.

“El per saltum es también para que la Corte se expida sobre la constitucionalidad de la ley, que Clarín ha desconocido durante tres años”, sostuvo Alak.

El máximo tribunal había dispuesto el 22 de mayo que el 7 de diciembre debían cesar las extensiones de las cautelares que favorecían a Clarín, pero un día antes, el 6 de diciembre, “en clara contradicción con lo dispuesto por la Corte”, la Cámara Civil y Comercial concedió una extensión de la cautelar a Clarín.

Recordó asimismo que el juez Horacio Alfonso confirmó  recientemente “en una sentencia definitiva de primera instancia” la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley, cuestionados por Clarín, dejando así habilitado al gobierno a presentar un nuevo recurso de per saltum.

El Ejecutivo había presentado semanas atrás otro recurso de per saltum contra la medida cautelar dictada en segunda instancia, pero la Corte entendió -en esa momento- que el procedimiento no era aplicable.

Alak mencionó la “gravedad institucional” de la causa, ya que “excede el interés de dos partes porque involucra a toda la sociedad argentina que espera, con angustia y preocupada, que se cumpla la ley votada por el Congreso”.

Entre otras condiciones, dijo que hay una sentencia de primera instancia -la dictada por el juez Alfonso-, y que existe una medida cautelar, la que dictó la Cámara el 6 de diciembre.

Pero, además, advirtió que “se da un cuarto elemento que es que el Estado se siente agraviado” porque en su sentencia, la Cámara  legitimó activamente a Clarín para plantear el pleito, cuando el grupo “no es titular de ninguna licencia de radio difusión, ni tampoco accionista o socio de compañías que sean titulares de esas licencias en Argentina”.

“El Estado pretende con el per saltum que haya una sentencia definitiva, y que en Argentina tengamos resoluciones rápidas”, sostuvo.

Por último, volvió a defender la constitucionalidad de la ley, que “respeta la libertad de expresión en Argentina, las garantías constitucionales del derecho de propiedad, está inspirada en los lineamientos de Naciones Unidas en favor de la pluralidad informativa y de lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Indicó además que el Poder Ejecutivo hace la presentación “en defensa del interés del Estado, en defensa del interés público, del cumplimento de las normas, y en defensa de los superiores intereses de la Nación”.

“Esperemos que, a la brevedad, este recurso permita a nuestra Corte abocarse al tema y darle una resolución definitiva para la plena vigencia de la ley, como espera la inmensa mayoría del pueblo argentino”, concluyó el funcionario.

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201212/1828-el-gobierno-presento-el-per-saltum-y-le-pidio-a-la-corte-suprema-una-rapida-solucion.html

La inmobiliaria del escándalo que salpica al juez no tenía habilitación

Un directivo del Colegio de Corredores Inmobiliario de la Ciudad dijo que el local ubicado en Villa del Parque está cerrado desde hace dos meses.

La inmobiliaria en la que delegó el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, el alquiler de sus propiedades, cerró hace más de dos meses su local de la calle Nazca al 3.200, en el barrio porteño de Villa del Parque, y su página web también está fuera de servicio.

El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Hugo Mennella, confirmó que la inmobiliaria que alquilaba los departamentos a presuntamente prostíbulos, no estaba habilitada.

“Es muy grave que se opere con una inmobiliaria que no está matriculada como con la que operaba Zaffaroni”, dijo Menella.

“La inmobiliara ya tenía denuncias previas y el lugar estaba cerrado desde hace mucho tiempo”, confirmó.

En ese sentido, agregó que “jamás tuvo la matrícula; tras una denuncia, enviamos un inspector y la sede estaba vacía”.

NIC Argentina, la entidad del Gobierno que se encarga de entregar dominios web en el país, la dirección www.juancalvoprop.com.ar está registrada a nombre de Gerardo Calvo y su actividad figura como “Diseño Gráfico”.

Vecinos de la zona aseguraron que el local está cerrado hace unos dos meses. Sin embargo, CC Propiedades seguiría ejerciendo sus servicios en un local aledaño al que se encuentra cerrado, donde funciona un estudio de diseño gráfico que sería propiedad del hijo del dueño de Juan Calvo Propiedades, destacó Clarín.

Zaffaroni afirmó que es víctima de un “escándalo de carácter político” que busca su renuncia.

El magistrado agregó que la situación lo “supera totalmente” y se mostró dispuesto a dar todas las explicaciones que sean necesarias porque no tiene que “ocultar nada”.

“No sé si hay delito. Hasta ahora lo que hay es una actividad ilícita de la cual yo soy víctima. Si hay un delito de trata lo tendrá que investigar la Justicia federal”, sostuvo Zaffaroni en declaraciones radiales.

“El ejercicio de la prostitución en sí no es un delito y es algo muy diferente a la trata. De todos modos, no me hace gracia esto, por una cuestión ética, no legal o jurista”, consideró Zaffaroni.

En tanto, señala Clarín, informó que “en cuatro de los inmuebles” dio “por finalizado el contrato y ya se negoció la desocupación” de los mismos.

Zaffaroni negó haber firmado los contratos de locación, ya que delegó esa tarea en su apoderado y este en una inmobiliaria, e incluso aseguró que a varios de los departamentos no los conoce personalmente.

El jurista indicó que en los departamentos apuntados como prostíbulos, “se pagaban precios normales de alquiler, entre $1.000 y $1.500 por mes”.

Además, el magistrado se mantuvo dispuesto a concurrir a la comisión de Diputados: “Si quieren hacer preguntas, no tengo inconvenientes, ahí están los contratos, no está mi firma en ninguno de ellos”.

Fuente: http://legales.iprofesional.com