JP al poder

En este nuevo ciclo político, inicialmente puede no haber contradicciones porque está en línea con la fórmula Macri al gobierno-JP al poder, pero en su transcurso y con sus previsibles efectos negativos en la economía esa sociedad puede empezar a padecer un deterioro en su legitimidad social y política. En las últimas semanas se manifestó en el mercado cambiario.

JP al Poder

Por: Por Alfredo Zaiat

JP Morgan cotizó los bonos a la mitad, y el BCRA aceptó. Fue una transacción abusiva de la banca, además con un costo financiero de 300 millones de dólares por la tasa de interés pactada.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, fue ejecutivo de JP Morgan en Nueva York y Londres. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, trabajó en el JP Morgan en Buenos Aires y Nueva York. El director Ejecutivo y jefe para América Latina del JP Morgan, Vladimir Werning, fue designado como secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo.

Uno de los directores del Banco Central Demian Reidel comenzó su carrera en el sector financiero en el área de investigación sobre mercados emergentes en JP Morgan. El mismo origen de estos funcionarios motivó al titular de la asociación que reúne a la banca extranjera en el país, Claudio Cesario, a definir al primer equipo económico del gobierno de Macri como “el Barcelona”. Por los resultados conseguidos hasta ahora en los partidos actividad económica, empleo, inflación y mercado cambiario, es el Barcelona que perdió por goleada global 7 a 0 con el Bayern Munich en la semifinal de la Champions League 2012/2013.

La primera tarea requerida al JP Morgan fue que determine el valor de tres nuevos títulos Bonar con diferentes fechas de vencimiento (2022, 2025 y 2027), sin cotización en el mercado. Esos bonos nacieron del Megacanje II. La definición de ese valor teórico fue clave para fijar el monto de dólares que un grupo de bancos extranjeros (uno de ellos JP Morgan, además del Santander, HSBC, Citi, BBVA Deutsche, UBS) entregó al Banco Central para abultar las reservas. Fueron unos 5000 millones de dólares a cambio de bonos por 10 mil millones de dólares en garantía de ese pase financiero. JP Morgan cotizó los bonos a la mitad, y el BCRA aceptó. Fue una transacción abusiva de la banca, además con un costo financiero de 300 millones de dólares por la tasa de interés pactada, facilitada por haber definido antes el también costoso Megacanje II. Esos papeles surgieron de ese trueque de papeles entre el Tesoro y el BCRA, operación que debe considerase como el disparo de largada para un nuevo ciclo de endeudamiento gigantesco. El JP Morgan participará también en la colocación de deuda para conseguir los dólares del pago en efectivo a los fondos buitre.

Este aporte del equipo económico es razón suficiente para el elogio de la banca extranjera, aunque las previsiones y resultados iniciales de la gestión no sean para celebrar. Antes de asumir como ministro, Prat-Gay publicitaba que la eliminación de las regulaciones cambiarias no iba a provocar una escalada inflacionaria porque los precios estaban fijados en un valor entre 13,50 y 14,50 pesos. No fue así. Prometió transparencia en el manejo del Indec y estalló una nueva crisis de credibilidad sobre cómo se elaborarán los indicadores con la designación como director técnico del Instituto de Fernando Cerro, a quién él denunció en la justicia por manipulación de los índices. Recibió una economía con un déficit fiscal de 2,3 por ciento y con contabilidad creativa y con propias medidas de desfinanciamiento del Estado (eliminación de retenciones y reducción de impuestos) lo infló hasta el 7,0 por ciento, cifra que le sirve como excusa para el ajuste y el endeudamiento. En una presentación que hizo ante la Corte de Apelaciones de Manhattan como amicus curiae a favor de Argentina en el litigio con los buitres, en 2013, había afirmado “¿qué tan justo sería que los holdouts consigan un mejor acuerdo, así sea un centavo más que los que entraron en el canje?”. Ahora presenta un pacto con los fondos buitre que es la capitulación argentina, como lo describen en detalle los principales medios financieros internacionales. No sólo se reconocerá el capital, intereses y punitorios a los buitres, sino que Argentina se comprometió a pagar los gastos de los abogados de Paul Singer por unos 250 millones de dólares.

Sin presentar un programa fiscal y financiero, Prat-Gay lanzó una amenaza: si no se aprueba el acta de rendición a los buitres, el ajuste fiscal será mayor y las provincias no serán asistidas por la Nación para financiar obras o desequilibrios de las cuentas. No es así. Claudio Scaletta lo explicó en varias oportunidades en sus editoriales en el suplemento económico Cash, la convocatoria a participar de un endeudamiento extraordinario de Prat-Gay no servirá para aliviar el déficit fiscal. La deuda que se tomará es en dólares, no en pesos. El déficit de las cuentas públicas es en pesos. Los dólares de la nueva deuda permitirán atender el déficit de cuenta corriente, no el fiscal. La Nación y las provincias pagan en pesos sus gastos, no en dólares. Gobernadores y legisladores deben conocer esta diferencia conceptual y práctica para eludir los mecanismos extorsivos que ha desplegado el oficialismo para conseguir el respaldo a las condiciones de rendición a los buitres.

Las divisas que ingresarán al Banco Central por la colocación de deuda (de la Nación, provincias y empresas) tendrán como contrapartida la emisión de pesos. Como la conducción de la entidad monetaria es ortodoxa monetarista, y tiene como dogma que la emisión es la causa de la inflación, diseñará una estrategia de absorción monetaria de esa expansión provocada por el endeudamiento en dólares. Aumentará así la deuda en pesos vía Lebac del Banco Central. El saldo será entonces un doble endeudamiento: en dólares para pagar a los buitres y para cubrir el desequilibrio del sector externo, y en pesos en el balance del BC para limitar la expansión monetaria de esa nueva deuda. Un resultado inquietante en relación al nivel de solvencia global de las cuentas públicas.

Si se trata de financiar el desequilibrio autoinfligido por el macrismo de las cuentas públicas y de asistir financieramente a las provincias, el Banco Central contará con abultados recursos ociosos por las ganancias en pesos que contabilizará por la megadevaluación. Pero el fundamentalismo monetarista predomina con el JP en el poder, y bien vale una recesión y alza de la desocupación en el altar de un dogma que es un fiasco por sus resultados económicos y sociolaborales.

La estrategia de la extorsión no es una originalidad del macrismo. En los noventa fue habitual con Domingo Cavallo en Economía y el FMI auditando cada tres meses las cuentas de la economía. Las leyes de privatización de empresas públicas, flexibilización laboral o de déficit cero eran presentadas como la salvación o el caos. Ahora es firmar la capitulación ante los buitres o un ajuste aún más fuerte. Quien ha definido los términos de la extorsión política fue el juez Thomas Griesa, quien para avalar el pacto con los buitres exigió a los representantes del gobierno argentino la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano y que se cancele los compromisos del juicio antes del 14 de abril. El equipo de Prat-Gay aceptó esas ofensivas condiciones.

Cuando se ingresa en ese círculo vicioso de acceder a ese tipo de exigencias del dispositivo de poder de las finanzas globales, e incluso festejarlas como hizo el ministro en conferencia de prensa, se pierde el control sobre la gestión de la política económica doméstica. Esta queda dominada por los intereses de los financistas. En este nuevo ciclo político, inicialmente puede no haber contradicciones porque está en línea con la fórmula Macri al gobierno-JP al poder, pero en su transcurso y con sus previsibles efectos negativos en la economía esa sociedad puede empezar a padecer un deterioro en su legitimidad social y política. En las últimas semanas se manifestó en el mercado cambiario.

Una conducción del Banco Central que se presentó en sociedad como experta y profesional fue puesta a prueba dejando al descubierto su inexperiencia y soberbia. Dejó el control de una variable clave (el tipo de cambio) en manos del mercado (complejo agroexportador y bancos) desatando una corrida inesperada y muy intensa teniendo en cuenta que fue contra un gobierno “amigable con el mercado”, en luna de miel con la mayoría de la población, con protección mediática y alivio en el mundo de los negocios por el regreso del neoliberalismo. Bajo esas extraordinarias condiciones favorables el Banco Central perdió reservas por casi 2500 millones de dólares en un bimestre (el 50 por ciento del pase oneroso con la banca extranjera) y la cotización del dólar superó los 16 pesos.

Los resultados poco favorables en materia de inflación y en las variables financieras motivó al gobierno a disfrazarlos con una sobreactuación acerca de la herencia recibida. La gestión económica, cambiaria y monetaria improvisada (por caso, el Banco Central subió fuerte la tasa de interés, luego la bajó, para después volver a subirla, bruscos movimientos en menos de tres meses) es un potente motor de inestabilidad económica. La ortodoxia dura exige más ajuste fiscal, opción que sólo acelerará el sendero de la crisis construida por el macrismo. Esos fundamentalistas del orden de las cuentas públicas están esperando que el grupo de ex JP culmine el trabajo de capitulación con los fondos buitre para saltar del banco de suplente y mandar a los vestuarios a este equipo económico, que más que Barcelona se mostró como un rejunte de jugadores amateurs que sólo saben de negocios financieros para rédito de sus anteriores empleadores.

Fuente: http://www.telesurtv.net/opinion/JP-al-poder-20160307-0017.html

Una Cautelar y un fallo aberrante –uno más-

Di Lella

Como es de conocimiento público los bochornosos sucesos provocados por la Alianza Cambiemos, me permito hacer un breve análisis.

El fiscal federal Jorge Di Lello hizo lugar a una medida cautelar presentada por Mauricio Macri y Gabriela Michetti para destituir a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La jueza Federal Maria Servini de Cubria resolvió a favor del planteo realizado por los actores.

Tanto la cautelar como el fallo son antijurídicos y configuran las causales de juicio polític

o que especifica el Art. 53 de la Constitución Nacional.

La norma a aplicar es el Art. 91 que dice:

Artículo 91.- El Presidente de la Nación cesa en el pode

r el mismo día en que expira su período de cuatro años; sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se le complete más tarde.

Es muy claro el texto que estipula “el mismo día”, qué duda cabe entonces que es el 10 de Diciembre. De ser de otra manera, todas las transmisiones de mando anteriores carecerían de legitimidad, porque conforme al fallo, esos Presidentes salientes carecerían de la investidura necesaria para realizar dicho acto jurídico.

Es una norma básica del Derecho, que nadie puede transferir un derecho que no posee.

Más aún, recurren a una interpretación errónea del no

vísimo Código Civil y Comercial, que dicho sea de paso, de menor jerarquía que la Constitución Nacional y que no resulta aplicable, dado que la norma constitucional es clara.

El artículo 6 del CCyC regula lo referente al modo de contar los intervalos del derecho.

ARTÍCULO 6º.- Modo de contar los intervalos del derecho. El modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente: día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, queda éste excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Los plazos de meses o años se computa

n de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Los plazos vencen a la hora veinticuatro del día del vencimiento respectivo.

En primer lugar, especifica que los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha.

Así, un plazo que se inicie el 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, Cualquiera que sea el número de días que tengan los meses o el año

Como excepción estipula que cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día del mes. Claramente se puede apreciar la aplicación de esta excepción cuando por ejemplo el plazo se inicia un día 29 de Febrero y el año del vencimiento no es bisiesto, entonces terminará el día 28 de febrero.

Por si esto no bastara, también se aclara que los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo.

Servini

Entonces

Si la constitución fija que el periodo cesa el mismo día, es decir el 10 de Diciembre y que aplica el vencimiento a la hora 24, queda claro el motivo por el cual la transmisión de mando se realiza el día 10 de Diciembre, donde el presidente saliente que sigue en posesión del mandato, le hace entrega al presidente entrante ese poder. El presidente entrante, queda envestido del mandato y procede al juramento que manda el Art 93 de la Constitución Nacional.

Obviamente el presidente saliente al haber transferido el poder, cesó en el cargo en ese mismo instante.

Si el mandato del presidente saliente terminara a las 24 horas del día anterior -09 de diciembre 23:59 horas- como indica el aberrante fallo de la jueza Servini de Cubria, no podría hacer entrega de algo que ya no posee. Con este sólo argumento queda claro la aberración jurídica del dictamen judicial.

Pero si esto no alcanzare, la manifestación material de la aberrante decisión judicial es la creación del Presidente Cautelar, quien por la cautelar recibe el poder por 12 horas para poder entregárselo al electo.

No podemos pensar que no saben Derecho, entonces hay que preguntarse: ¿qué es esto?

El poder judicial ha perpetrado una ruptura del ordenamiento constitucional y del Estado de Derecho. En palabras simples, ha perpetrado un Golpe de Estado, destituyendo sin causa justa a la Presidenta, restándole un día a su mandato constitucional.

Será una gran muestra servil a los nuevos gobernantes o quizás el cumplimiento de una orden del poder corporativo, pero sin duda es una grave ofensa todos los argentinos.

No queda sino aplicar lo que estipula el artículo 115 de la constitución nacional, a quienes tienen el DEBER de hacer cumplir la ley y no lo hacen.

Artículo 115.- Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el Artículo 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal.

Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.

Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieren ciento ochenta días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo.

Es decir, que más allá del despliegue mediático y la verborragia muchas veces ignota de algunas de sus caras visibles, sobre todo los que se caracterizan por esa mezcla de fanatismo dogmático y farándula; lo que procede para el fiscal Di Lello y la jueza Servini de Cubria es el juicio político.

Por último, un breve comentario político. No extraña la forma como asume la Alianza Cambiemos, luego de una lamentable gestión en la Ciudad de Buenos Aires, lamentable por su ineficiencia, por su corrupción descarada, y que han logrado -entre otras cosas- por estrategias de marketing conquistar el voto popular mínimo para mantenerse en la Ciudad de Buenos Aires, hacerse de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y del Poder Ejecutivo Nacional.

Extraño y cautelar futuro nos espera!

Mientras tanto….

La web de pagina12 sigue caída y 678 censurado!

Mira a estos demócratas