Medida cautelar por la línea 0800 sobre “intromisión política en las escuelas”

Mauricio Macri - El peor Jefe de Gobierno Porteño.

La jueza Dra. Elena Liberatori a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso como medida cautelar que “la información y los datos aportados a través de la línea 0800-444-2400 solamente tendrán virtualidad jurídica para el caso de hechos que pudieran constituir delitos en lo términos del Código Penal, ello hasta tanto exista un protocolo de funcionamiento y utilización de la información obtenida por ese medio”.

A continuación el Fallo completo.

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“BOICO ROBERTO JOSE CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)” , EXPTE: EXP 45378 / 0
Ciudad de Buenos Aires, 30 de agosto de 2012.-

Y VISTOS:
Los autos señalados en el epígrafe venidos a despacho para resolver la medida cautelar solicitada por Roberto José Boico, a fojas 19/20, solicitando la paralización del mecanismo implementado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consistente en la habilitación de la línea telefónica 0800-444-2400 a fin de recibir denuncias referidas a la “intromisión política” en los colegios, y la medida solicitada por el presentante de fs. 34/38, Andrés Gil Dominguez, en caso de que se resuelva la suspensión de la línea telefónica citada. Tales peticiones fueron ratificadas en la audiencia celebrada en el día de la fecha, conforme surge del acta obrante a fs. 50.

Y CONSIDERANDO:
I.- Afirma el actor que tomo conocimiento por trascendidos periodísticos de la existencia de una línea telefónica gratuita (0800-444-2400) dispuesta por la Administración con el propósito de recibir denuncias de lo que se ha denominado “intromisión política en las escuelas”.

Explica, que no puede identificar la norma que dispuso la medida cuestionada ya que desconoce si efectivamente existe antecedente normativo del sistema implementado.

Continúa relatando que la línea telefónica en cuestión se habría dispuesto sobre la base de una denuncia periodística referida a supuestas actividades políticas calificadas de “ilegales” llevadas a cabo por jóvenes que militan en la agrupación “La Cámpora”. Destaca que el ejecutivo local sin otra información más que la exhibida mediáticamente puso en funcionamiento un sistema de persecución política.

Señala que según la información obtenida del diario Página 12, el Ministro de Educación, Esteban Bullrich “hizo una contratación directa de un call center -no aclararon el monto ni el plazo- y habilitó el 0800 para denuncia de ‘cualquier actividad política en los colegios’.” (ver fs. 3).

Funda en derecho (local, nacional y supranacional), ofrece prueba y hace reserva del caso federal.

II.- A fojas 34/38 se presenta voluntariamente como tercero interesado el Dr. Andrés Gil Dominguez por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad y solicita que “si el magistrado actuante considerase que el actual sistema de denuncias establecido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante un 0800 a efectos de garantizar que no se viole la normativa vigente que impide el desarrollo de políticas partidarias no es constitucional … establezca cuales serían las pautas … que deberían respetarse a efectos de que … garantice el derecho a la educación laica y pluralista en el ámbito escolar público y privado…”.

Funda en derecho y hace reserva del caso federal.

III.- Corresponde precisar que las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida (conf. art. 177, segundo párrafo, del Código Contencioso Administrativo y Tributario)

Los supuestos de admisibilidad en cuanto a la verosimilitud y peligro en la demora deben hallarse siempre reunidos, sin perjuicio de que en su ponderación –por el órgano jurisdiccional- jueguen cierta relación entre sí y, por lo tanto, cuanto mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menos rigor debe observarse en la valoración del perjuicio inminente o irreparable; la verosimilitud del derecho puede valorarse con menor estrictez cuando es palmario y evidente el peligro en la demora.

Para su otorgamiento, el citado precepto legal exige la acreditación de los siguientes presupuestos: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y no frustración del interés público.

A dichos requisitos de verosimilitud y peligro en la demora, se agregan la posibilidad de un daño irreparable y la consabida ponderación del interés público.

Por su parte, el interés público constituye la medida y el límite con que estas providencias han de ser decretadas.

“El interés público no es un concepto carente de contenido concreto; por el contrario, tal contenido debe ser reconocible y determinable, consistiendo en un cosa o un bien que es perceptible para cualquier componente de la sociedad” (conf. GALLEGOS FEDRIANI, Pablo, “Las Medidas Cautelares contra la Administración Pública”, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2002, página 58) y en el presente caso, ninguna duda puede haber en identificar ese interés público en los derechos de expresión y asociación de los alumnos, niños según el artículo 1 de la Ley 23849 – aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el año 1990 y que establece que a los efectos de esa ley, “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad…salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad”

“…el derecho contemporáneo no programa solamente sus formas de producción a través de normas de procedimiento sobre la formación de las leyes y demás disposiciones. Programa además sus contenidos sustanciales, vinculándolos normativamente a los principios y a los valores inscritos en sus constituciones, mediante técnicas de garantía cuya elaboración es tarea y responsabilidad de la cultura jurídica (modelo garantista vs. modelo paleopositivista)” (Derechos y Garantías –La Ley del Más Débil- Luigi FERRAJOLI, Editorial Trotta, Madrid, año 1999, página 22).

En este orden de ideas cabe observar que “El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger.” (art. 184 del CCAyT).

IV.– Sentado lo anterior, resulta útil hacer referencia a las cuestiones relevantes plasmadas en la audiencia celebrada en el día de la fecha.
En lo que aquí interesa, el Sr. Ministro de Educación, Licenciado Esteban Bullrich señaló que la línea telefónica en cuestión es, en su opinión, un simple “canal de comunicación”, en el cual se han recibido aproximadamente 5000 comunicaciones hasta el momento, que seguirán el mismo proceso que cualquier otra denuncia o reclamo efectuado por escrito ante la mesa de entradas del organismo o vía correo electrónico y que no se encuentra limitada a la temática conocida como “intromisión política en las escuelas” y menos aún dirigida a un grupo político determinado.

Por su parte el citado funcionario y el Dr. Diego Sebastián Marías (letrado del Ministerio de Educación) se comprometieron a presentar en autos en el término de 24 hs un informe histórico referido al funcionamiento de la línea telefónica en cuestión y un protocolo de los procesos a seguir a partir de las comunicaciones que se reciban por su intermedio.

V.- También de las manifestaciones vertidas en la audiencia, el actor y el Dr. Gil Domínguez expresaron reparos y preocupación con respecto a la ausencia de pautas previstas para su funcionamiento y de un proceso que garantice el curso y el uso que se dará a la información obtenida por su conducto, que podría abarcar datos sensibles referidos a directivos, docentes y alumnos de los establecimientos educativos de esta ciudad.

Asimismo, el Sr. Asesor Tutelar, Dr. Jorge Bullorini exhortó a la intervención en el proceso a que da lugar el llamado por la línea en cuestión, por parte de los organismos de la Ciudad, por ejemplo el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En virtud de todo lo expuesto, habré de disponer que la información y los datos aportados a través de la línea 0800-444-2400 solamente tendrán virtualidad jurídica para el caso de hechos que pudieran constituir delitos en lo términos del Código Penal, ello hasta tanto exista un protocolo de funcionamiento y utilización de la información obtenida por ese medio.

Por todo lo expuesto, R E S U E L V O :

Dictar una medida cautelar, en los términos del art. 184 del CCAyT, disponiendo, en relación al funcionamiento de la línea telefónica gratuita 0800-444-2400, que la información resultante con eficacia jurídica será aquella que pueda constituir hechos o conductas tipificadas en el Código Penal, en cuyo caso el Ministro de Educación, Licencia Esteban Bullrich deberá promover las denuncias judiciales pertinentes.

Regístrese, notifíquese a las partes, líbrese cédula a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y sigan los autos según su estado.

Dra. Elena Liberatori
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires