Operación de alto vuelo

LA CONEXIÓN LOCAL DE LOS FONDOS BUITRES

La retención de la Fragata Libertad en Ghana destapó una compleja trama que involucra a magnates, abogados, medios, jefes militares y políticos locales. El plan para desgastar al Gobierno y los intereses en juego

La política y los negocios a gran escala son territorio fértil para el complot. Claro que no todas las conspiraciones son iguales. Las hay sutiles y brutales, ordinarias o sofisticadas, domésticas o globales. Y se distinguen, además, por su origen: pueden surgir de una usina determinada o fraguar a partir de una suma de hechos –en apariencia– aislados y casuales. Esas son las más efectivas. Los mejores conspiradores operan sobre las circunstancias.

Eso fue lo que ocurrió con la retención de la Fragata Libertad, el buque escuela de la Armada Argentina que desde hace dos semanas se encuentra retenida en un puerto de Ghana por orden judicial. Un episodio que, como en las mejores ficciones del género, reveló una trama que cruza a financistas inescrupulosos con jefes militares, abogados influyentes, políticos ambiciosos y operadores mediáticos.

El 1 de octubre pasado, cuando la fragata tocó el puerto de Tema, pocos sabían lo que iba a ocurrir. Pero el dato es que lo sabían. ¿Quiénes? En principio, los abogados de los fondos buitres que aguardaban el buque con un pedido de embargo que fue rápidamente tramitado –con éxito– por la Justicia local. Pero la lista no se agota en los bonistas rapaces y sus letrados africanos. Con el paso de las horas, las sospechas surcaron el Atlántico y se posaron sobre el Edificio Libertad.

El domingo 14, el periodista Horacio Verbitsky reveló que fue la Marina la que solicitó incluir a Ghana en el itinerario de la fragata. El pedido llevaba la firma del comodoro Alfredo Blanco, ex director de Organización y Doctrina Naval. Basado en “razones operativas” no especificadas, el oficial pidió reemplazar a Nigeria –incluida entre los 16 destinos del cronograma original– por el puerto ghanés. Tres días después, el Ministerio de Defensa elevó la propuesta a la Cancillería, que debía evaluar la viabilidad del destino. Ese mecanismo de control interministerial, que en el pasado fue de rutina, se volvió crucial hace un lustro, precisamente, por la acechanza de los fondos buitres. El 23 de mayo, el secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Eduardo Zuaín, advirtió que, debido los procesos judiciales abiertos contra la Argentina “en diferentes jurisdicciones extranjeras, no puede garantizarse que su viaje de instrucción no pueda ser objeto de posibles reclamos, medidas precautorias o de ejecución durante su estadía en puertos extranjeros”. Como el itinerario incluía a España y Portugal, el funcionario recordó la existencia de demandas abiertas en tribunales de Alemania, Bélgica, Italia y Francia que podrían derivar en embargos conforme al reglamento de la Unión Europea sobre competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. “En cuanto al resto de los países del itinerario –siguió Zuaín–, no se tiene conocimiento de que existan en ellos reclamos judiciales contra la Argentina que permitan suponer que puedan solicitarse medidas precautorias o ejecutorias contra la Fragata Libertad. No obstante ello, cabe tener presente la intensa actividad de los ‘hold outs’ que intentan acciones judiciales y embargos contra bienes de la República Argentina en distintos países sobre la base de títulos en los que nuestro país ha renunciado a las inmunidades de jurisdicción y de ejecución. A ello se suma el valor simbólico que posee la Fragata Libertad, que aseguraría una amplia repercusión mediática ante algún supuesto de medida cautelar”, profetizó el funcionario. Tenía razón.

El despliegue de los medios opositores fue de manual. Clarín y sus socios menores, como La Nación, acusaron al Gobierno de imprevisión, especularon sobre supuestas guerras internas entre ministerios y hasta le adjudicaron al multiacusado Guillermo Moreno la orden de atracar en Tema. Sobre esto, claro, no se presentó evidencia alguna, a diferencia de lo que sí ocurrió con el comodoro Blanco y su nota membretada. Sin embargo, la flagrante responsabilidad de la Armada en el operativo fue prolijamente encubierta en los diarios opositores incluso después del que el Gobierno decidiera el pase a disponibilidad del oficial y su superior, el secretario de la fuerza Luis María González Day. En ese caso, la explicación que ofrecieron a sus sufridos lectores fue que el Gobierno utilizaba a la Marina de “chivo expiatorio”.

Lanzados en una guerra a todo o nada contra el Gobierno, los medios del Grupo Clarín son aliados naturales de cualquiera que quiera dañar a la gestión K. Nada sugiere que el fragote ghanés se haya urdido en las oficinas de la calle Piedras, lo que no desmerece el aporte que el multimedios realiza a los protagonistas de esta intriga internacional. Uno de ellos consiste en correr de la escena a los fondos buitres, financistas voraces que sostienen una larga –y onerosa– campaña contra el país.

Los fondos que accionan contra la Argentina son alrededor de 47. Se trata de consorcios especulativos que compran títulos de deuda de países con problemas cuando están por debajo de su valor nominal. Eso hicieron con títulos emitidos por la Argentina en los años ’90, que luego fueron declarados en default. Los canjes de 2005 y 2010 obtuvieron una aceptación del 92 por ciento y los fondos buitres se quedaron con el 8 por ciento restante. Según el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, “en el afán de imponer por la fuerza el pago de sus bonos se negaron al canje, a pesar de que hubieran ganado dinero con la operación. Por eso, ahora, llevan adelante una campaña frente a la administración estadounidense para desprestigiar al país”. El diplomático destacó que llevan gastados más de 3 millones de dólares en esa campaña de deterioro. Por ejemplo, organizando un seminario en Washington para discutir si la Argentina debe seguir en el G20 o coordinando reuniones para debatir sobre la situación de la libertad de prensa en el país. Un detalle: para alimentar ese debate se sirvieron de un texto escrito por Jorge Rendo, directivo y lobbista del Grupo Clarín.

Entre los fondos más famosos figura NML Capital, controlado por Paul Singer, fundador de la American Task Force Argentina, una entidad que en los últimos meses protagonizó un ataque abierto en Estados Unidos contra el propio Argüello. También es muy conocido EM Ltd, cuyo propietario es Kenneth Dart, un magnate productor de vasos de plástico térmicos. Estos grupos fueron los que en 2010 pretendieron la incautación de las reservas del Banco Central. Un momento clave, con consecuencias directas en el área económica argentina, que culminó con la salida de Martín Redrado del Banco Central.

En esa oportunidad los fondos solicitaron que se embargaran las reservas desde Estados Unidos, pero los reclamos no prosperaron debido a la autarquía del BCRA. Hasta que se abrió una grieta: la creación del Fondo del Bicentenario, dispuesto por la presidenta Cristina Fernández, que permitió el pago de los vencimientos de deuda con reservas del Central, desató una crisis con el ex presidente de esa entidad financiera que favoreció a los buitres.

Redrado, con el argumento de que la medida atentaba contra la autonomía del Banco, se negó a transferir las reservas que le solicitaba el Ejecutivo. En ese marco, los fondos aprovecharon la cuña que introdujo Redrado para intervenir en el mercado buscando una caída en la cotización de los títulos e intentar reforzar su posición ante la inminencia del canje de deuda. La rebeldía de Redrado, primero para ceder las reservas y luego para renunciar a su cargo, fue aprovechada por los carroñeros que se adelantaron a vender y consiguieron que los bonos más significativos perdieran hasta el 10 por ciento de su valor. En medio del ruido interno, el juez de Nueva York Thomas Griesa dispuso un embargo sobre las cuentas del Central en Estados Unidos basado en la teoría del “alter ego”. A un alto costo económico y político, el Gobierno logró desactivar aquel operativo.

A dos años de aquella crisis, el NML volvió a ser noticia por el pedido de embargo a la Fragata Libertad. Pero no sólo eso: el 18 de julio, mientras el buque ya se dirigía a Tema, un intermediario local acercó una propuesta de “arreglo” al gobierno nacional. La carta lleva la firma del vicepresidente del fondo, Jay Newman, y fue entregada al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Quien ofició de correo fue Mariano Mera Figueroa. Abogado de un modesto bufete, hijo de un ex ministro de Carlos Menem, primo hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ex candidato a jefe de gobierno porteño por el menemismo y ex candidato a presidente de River Plate, su mayor éxito político fue conducir el club Juventud Antoniana de Salta, cargo que debió abandonar en medio de un escándalo por manejo de fondos. La propuesta del fondo buitre que Mera le transmitió al Gobierno consistía en aceptar la quita del 40 por ciento establecida por ley, pero con un detalle: sumar a la operación de canje unos dos mil millones de dólares que el fondo aportaría a YPF como muestra de “buena voluntad”. Como esa primera carta no obtuvo respuesta, el fondo remitió otra el 31 de agosto, donde ratifica al joven abogado como su intermediario.

¿Cómo terminó este dirigente político doméstico de segunda línea envuelto en una intrincada trama internacional? La versión Mera de la historia se inicia en la Universidad Ben Gurión, de Israel. Allí, en medio de un viaje a Tierra Santa, habría conocido al hijo de Singer, que trabajaba para el fondo familiar coordinando negocios en un kibutz. Mera jura que no sabía que el joven Singer era hijo del titular del fondo, que recién supo del parentesco hace tres meses, cuando fue convocado por el padre de su amigo a Nueva York. En la Gran Manzana, papá Singer le propuso mediar una solución con el Gobierno. “Está arrepentido de no haber participado del canje y tiene buena voluntad para arreglar”, resume ante Veintitrés.

–¿Por qué justo ahora?

–Él reconoce que a (Néstor) Kirchner no le creyó, y pensó que el país no era viable. Ahora observa que quienes están en crisis son los países centrales, fundamentalmente los europeos, y tiene el deseo de solucionar esta situación con el país.

–Llama la atención que la propuesta sea simultánea al embargo de la fragata.

–Desde ya le digo que Singer no tiene nada que ver con eso. Ahí hay cuestiones que exceden el planteo económico que hace el fondo. Son cuestiones de política internacional.

–…

–Mire, Ghana integra el Commonwealth (acuerdo de beneficios comunes entre el Reino Unido y sus ex colonias), de modo que no sería extraño que detrás del tema de la fragata se esconda una represalia del gobierno británico por la postura que la Argentina tiene sobre Malvinas.

–¿Y cómo explica que la Marina haya cambiado el itinerario para incluir a Ghana?

–El oficial que hizo eso debe ser juzgado por traición a la Patria, esa es mi opinión.

Otra curiosidad: la tesis de Mera, que le adjudica responsabilidad a Gran Bretaña por el contratiempo de la fragata, coincide con un dato revelado por Verbitsky, el periodista que descubrió el affaire. El martes 9, el capitán ghanés a cargo de Tema le deslizó al capitán de la fragata que ellos harían la vista gorda si el buque decidía emprender una fuga. Para esa fecha, se dirigía al puerto de Tema el destructor HMS Edinburgh, que había zarpado cinco días antes de Casablanca para realizar tareas de interdicción antipiratería y antinarcóticos en las costas africanas. Su destino final era las Malvinas, donde reemplazaría al HSM Dauntless. Pero antes se abastecería en el puerto de Ghana, donde estaba previsto su arribo para el jueves 11. Es sencillo imaginar qué hubiese ocurrido si la fragata argentina en fuga hubiese sido capturada por un buque botado por un astillero británico.

No hay constancias de que los múltiples tentáculos de Singer operen sobre la Royal Navy, pero eso no desminuye su influencia. El financista es uno de los principales asesores del candidato presidencial republicano estadounidense Mitt Romney. Según publicaron diversos medios estadounidenses, Singer le garantizaría a Romney sumas millonarias para la campaña a cambio de futuros favores si llegara a la Casa Blanca. Los vínculos de Singer con los republicanos no son nuevos. Un beneficiario de sus aportes es el senador de origen cubano Marco Rubio, electo por Florida, quien el año pasado promovió el bloqueo de préstamos del BID y el Banco Mundial para la Argentina. Esa maniobra fue a modo de “represalia” porque la Argentina “no cumple con sus acreedores norteamericanos”, léase con los tenedores de bonos o ex accionistas de empresas concesionarias de privatizaciones que recurrieron al CIADI exigiendo indemnizaciones.

Singer también creó el grupo American Task Force Argentina para hacer lobby contra el país. Puso al frente del denominado ATFA a Robert Shapiro, quien se encargó de trasladar hasta el hotel donde se alojó la Presidenta durante su última visita a Nueva York y hasta las puertas de la Universidad de Harvard los reclamos de los fondos buitres. El director ejecutivo de ATFA, Rober Raben, y la copresidenta de ese grupo de lobby, Nancy Soderberg, ex embajadora de la ONU y asesora del ex senador Edward Kennedy, son las voces que se alzan con más frecuencia contra el país en defensa de los fondos rapaces. En 2011, antes de que el Parlamento norteamericano tratara el veto de nuevos créditos para la Argentina, Soderberg afirmaba que la votación era “otro mensaje al gobierno argentino de que la continua evasión de sus responsabilidades a la comunidad internacional no será tolerada”. Se trata de la misma mujer que el 2 de octubre pasado, en un artículo publicado en Harvard Crimson, reclamó la renuncia de CFK.

Justamente fue en Harvard donde “el becario de derecho Tomás Pérez Alati” se puso al frente de la protesta organizada contra la Presidenta. Incluso añadió –en tono de denuncia y apuntando al llamado cepo cambiario– que “se mantiene con su tarjeta de crédito porque no lo dejaron comprar dólares”. El becario es hijo de José Pérez Alati, socio de José Alfredo Martínez de Hoz Jr. y Mariano Grondona (h.) en el estudio que representó a empresas argentinas que litigan contra la Argentina en el CIADI. Las conexiones rozan a varios estudios jurídicos locales que representaron a tenedores de bonos. Entre ellos Liendo & Asociados, que intervino en las negociaciones para la creación del Mercobank a fines de los ’90 presidido por el cavallista Horacio Tomás Liendo (h). Su padre, el general Horacio Tomás Liendo, fue ministro del Interior y de Trabajo durante la dictadura y quien le abrió las puertas de la función pública al ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

La otra consultora con amplio poder de lobby es el Estudio Jurídico Zang, Bergel y Viñes, integrado por Saúl Zang, Salvador Bergel, Ernesto Viñes y Juan Quintana. Como asesores externos o desde los directorios de distintas empresas, estos abogados ponen a disposición de sus clientes una sofisticada ingeniería jurídica con poder de lobby para garantizar éxito en la resolución de conflictos. El estudio Zang, Bergel y Viñes intervino en el pasado en las privatizaciones de la Caja de Ahorro y Seguro, de Aguas de Córdoba y de YPF. Poco después, el titular del estudio, Ernesto Viñes, fue nombrado director de YPF cuando se vencieron las acciones clase C que pertenecían a los ex trabajadores de la petrolera estatal, sin reconocerles ningún pago. El 21 de julio de 2007, Griesa trabó un embargo en Nueva York sobre unos 86 millones de dólares del Gobierno pertenecientes a un fondo fiduciario integrado con acciones que el Estado mantenía en el Banco Hipotecario. Un fiduciario que era resabio del menemismo. Entonces, fuentes ligadas al caso, citadas por el diario La Nación de ese día, informaron que “el asesor legal de ese grupo (al que se lo asociaba con un gran fondo buitre) es el abogado Martín Paolantonio, ex socio del Estudio Zang, Bergel & Viñes y especialista en obligaciones negociables del país”.

Abogados, políticos, magnates, medios, buitres. Las conspiraciones, aun las espontáneas, son así. Tarde o temprano se les ven los hilos.

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Cronología de un naufragio

1/10  La Fragata Libertad hizo puerto en Tema, Ghana, y se ofreció una recepción a bordo.

2/10  Fue retenida en Ghana a pedido de un abogado representante del fondo buitre NML, timoneado por Paul Singer.

289  marinos argentinos permanecen varados en Ghana. El Estado argentino gasta 50 mil dólares diarios en cargas portuarias.

13/10  El gobierno argentino envió a los viceministros de Defensa, Alfredo Forti, y de Relaciones Exteriores, Eduardo Zuaín.

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Fuente: http://veintitres.infonews.com/nota-5594-politica-Operacion-de-alto-vuelo.html

Estilo Macri. Con el sello de la Ucep

La represión de la Metropolitana en un hotel de La Boca dejó como saldo la hospitalización de varios niños y una embarazada.

 

Si me vuelves a golpear te denuncio”, dijo desesperada, a un efectivo de la Policía Metropolitana (PM), una mujer embarazada de seis meses, mientras lloraba intoxicada por los gases lanzados para forzar el desalojo.
¡Denunciáme! ¿De qué país sos? ¿A vos te gustaría que yo fuera a tu país y me metiera en una casa vacía?”, fue la réplica.

Minutos más tarde, una serie de forcejeos hicieron rodar a la mujer por la escalera. Los vecinos llamaron a la ambulancia. Fue hospitalizada.
Su diagnóstico señaló: “Asfixia por gas lacrimógeno con riesgo de aborto por los golpes de la caída”.
Algunos pudieron tomar fotografías de varios de los policías agresores.

La mujer embarazada es Jessica Cisneros Martínez. Tiene dos hijos y su marido trabaja en una tapicería de automóviles en el sur del Conurbano. Vivía en una habitación del edificio de dos plantas en la avenida Almirante Brown 1287, en La Boca, al igual que otras 100 personas, entre ellos 30 niños. Allí, el lunes por la mañana, la PM ingresó como una tropa de elite, derribando la puerta de ingreso a patadas, con armaduras modernas y lanzando gases por orden del Fiscal Walter López. La irrupción en los hogares fue consecuencia de una denuncia por usurpación radicada en el Juzgado Contravencional 19 a cargo del juez Carlos Aostri.

A algunos vecinos los tiraron al piso y les pusieron un arma en la cabeza”, reveló Jéssica a Miradas al Sur.

La violencia utilizada tiene un sentido ejemplificador”, acusa Lucas Moreno, militante social del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) que tiene un espacio a media cuadra de allí. “La metropolitana llegó con armas nuevas: un modelo de lanza gases en forma de pelotas que se desintegran, sin dejar rastro de los cartuchos”, señaló.

Las personas que vivían allí desde hacía varios años pagaban a un encargado que se presentaba religiosamente el 18 de cada mes, entre $ 800 y $ 1.600 por el alquiler de una habitación, dependiendo del tamaño. También un abogado se acercaba a pedirles dinero por distintos trámites. Desde julio, no aparecía ninguno y eso los puso en alerta.

Acá hay una absoluta contradicción: se aprieta mucho más por conseguir inmuebles usurpados, no se acompaña con una política de vivienda y esa gente no tiene adonde ir a vivir. Eso encarece los precios en las villas y hoteles, y muchos vuelven a usurpar”, revela el abogado Martín Cormick, Jefe de la Oficina de Orientación al Habitante de la Defensoría del Pueblo (DP), que en este caso logró ser garante del acta acuerdo firmado entre los vecinos desalojados y el Ministerio de Desarrollo Social porteño.

Según la DP, el fiscal no estuvo presente ni siquiera para la firma del acta en la que el Gobierno porteño se comprometió a entregar el resto de las pertenencias que quedaron en el inmueble en 48 horas y abonar a cada titular de las familias tres cuotas juntas de $1.200, más otros $1.200 por el programa Nuestras Familias, en un sólo pago; más siete cuotas consecutivas mensuales de $1.200 contra la presentación de comprobante de pago de hotel o alquiler de vivienda.

Lo perverso de todo esto es que no hay hotel ni pensión que se pueda pagar con ese dinero y además, muchos no aceptan niños”, denuncia Oscar Rolón, otro militante del FPDS.

La propuesta del gobierno de Macri era enviarlos a un parador, “que es un paliativo de 10 horas –define el letrado–. No hay muchas vacantes, les pegan, les roban y separan a hombres de mujeres, desuniendo las familias. Tienen que hacer una fila desde las cinco de la tarde por un posible lugar. Y quienes han ido prefieren establecerse debajo de un puente antes que volver”.

La mayoría aún no ha encontrado una solución viable. El FPDS está brindando su local para evitar que las mujeres y niños desalojados duerman en la calle. Tiran un colchón en el piso y durante el día se ocupan de alimentarlos.

Nada indica que los violentos y xenófobos de la Policía Metropolitana hayan sido separados. Ninguno de los entrevistados cree que la política habitacional del Gobierno porteño sea revisada.

Fuente: http://sur.infonews.com/notas/con-el-sello-de-la-ucep

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El accionar de la UCEP como fuerza de choque contra los sectores vulnerables de la Capital Federal suma una enorme cantidad de denuncias sin que nada suceda, puesto que ese accionar es parte fundamental de la lógica de gobierno del PRO.

Esto sucede todos los dias, sin que se les acerque una alternativa, es simplemente echarlos a la calle, como si eso fuera una solución.

El blindaje mediático con el que cuenta el PRO permite que sigan actuando con toda impunidad, permitiendo la gesta de resentimiento, caos y violencia social, que como ya lo he planteado en otras publicaciones, parece indicar que es parte de la “estrategia” presidencialista del INEPTO de Macri.

 

¿Por qué Chávez?

Por Jean-Luc Mélenchon e Ignacio Ramonet

Hugo Chávez es, sin duda, el jefe de Estado más difamado en el mundo. Al acercarse la elección presidencial del 7 de octubre, esas difamaciones se tornan cada vez más infames, tanto en Caracas como en Francia y en otros países. Atestiguan la desesperación de los adversarios de la revolución bolivariana ante la perspectiva (que las encuestas parecen confirmar) de una nueva victoria electoral de Chávez.

Un dirigente político debe ser valorado por sus actos, no por los rumores vehiculados en su contra. Los candidatos hacen promesas para ser elegidos: pocos son los que, una vez en el poder, las cumplen. Desde el principio, la promesa electoral de Chávez fue muy clara: trabajar en beneficio de los pobres, o sea –en aquel entonces–, la mayoría de los venezolanos. Y cumplió su palabra.

Por eso, este es el momento de recordar lo que está verdaderamente en juego en esta elección, ahora cuando el pueblo venezolano se alista para votar. Venezuela es un país muy rico, por los fabulosos tesoros de su subsuelo, en particular sus hidrocarburos. Pero casi todas esas riquezas estaban acaparadas por las elites políticas y las empresas trasnacionales. Hasta 1999, el pueblo sólo recibía migajas. Los gobiernos que se alternaban, democratacristianos o socialdemócratas, corruptos y sometidos a los mercados, privatizaban indiscriminadamente. Más de la mitad de los venezolanos vivía por debajo del umbral de pobreza (70.8 por ciento en 1996).

Chávez hizo que la voluntad política prevaleciera. Domesticó los mercados, detuvo la ofensiva neoliberal y posteriormente, mediante la implicación popular, hizo que el Estado se reapropiara los sectores estratégicos de la economía. Recuperó la soberanía nacional. Y con ella, ha procedido a la redistribución de la riqueza, en favor de los servicios públicos y de los olvidados.

Políticas sociales, inversión pública, nacionalizaciones, reforma agraria, casi pleno empleo, salario mínimo, imperativos ecológicos, acceso a la vivienda, derecho a la salud, a la educación, a la jubilación… Chávez también se dedicó a la construcción de un Estado moderno. Ha puesto en marcha una ambiciosa política del ordenamiento del territorio: carreteras, ferrocarriles, puertos, represas, gasoductos, oleoductos.

En materia de política exterior, apostó por la integración latinoamericana y privilegió los ejes sur-sur, al mismo tiempo que imponía a Estados Unidos una relación basada en el respecto mutuo… El impulso de Venezuela ha desencadenado una verdadera ola de revoluciones progresistas en América Latina, convirtiendo este continente en un ejemplar islote de resistencia de izquierdas alzado en contra de los estragos del neoliberalismo.

Tal huracán de cambios ha volteado las estructuras tradicionales del poder y acarreado la refundación de una sociedad que hasta entonces había sido jerárquica, vertical, elitesca. Esto sólo podía desencadenar el odio de las clases dominantes, convencidas de ser los legítimos dueños del país. Son estas clases burguesas las que, con sus amigos protectores de Washington, vienen financiando las grandes campañas de difamación contra Chávez. Hasta llegaron a organizar –en alianza con los grandes medios que les pertenecen– un golpe de Estado, el 11 de abril de 2002.

Estas campañas continúan hoy día y ciertos sectores políticos y mediáticos europeos se encargan de corearlas. Asumiendo –lamentablemente– la repetición como si fuera una demostración, los espíritus simples acaban creyendo que Hugo Chavez estaría encarnando un régimen dictatorial en el que no hay libertad de expresión.

Pero los hechos son tozudos. ¿Alguién ha visto un régimen dictatorial ensanchar los límites de la democracia en vez de restringirlos? ¿Y otorgar el derecho de voto a millones de personas hasta entonces excluidas? Las elecciones en Venezuela sólo ocurrían cada cuatro años, Chávez organiza más de una por año (14 en 13 años), en condiciones de legalidad democrática, reconocidas por la ONU, la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter, etcétera.

Chávez demuestra que se puede construir el socialismo en libertad y democracia. Y convierte incluso ese carácter democrático en una condición para el proceso de transformación social. Chávez ha probado su respeto al veredicto del pueblo, renunciando a una reforma constitucional rechazada por los electores vía referéndum en 2007. No es casual que la Foundation for Democratic Advancement (FDA), de Canadá, en un estudio publicado en 2011, situara entonces a Venezuela en el primer lugar de los países que respetan la justicia electoral.

El gobierno de Hugo Chávez dedica 43.2 por ciento del presupuesto a las políticas sociales. Resultado: la tasa de mortalidad infantil ha sido dividida por dos. El analfabetismo, erradicado. El número de docentes, multiplicado por cinco (de 65 mil a 350 mil). El país presenta el mejor coeficiente de Gini (que mide la desigualdad) de América Latina. En su informe de enero de 2012, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, un organismo de la ONU) establece que Venezuela es el país suramericano que –junto con Ecuador–, entre 1996 y 2010, ha logrado la mayor reducción de la tasa de pobreza. Finalmente, el instituto estadunidense de sondeos Gallup ubica al país de Hugo Chávez como la sexta nación más feliz del mundo.

Lo más escandaloso, en la actual campaña de difamación, es pretender que la libertad de expresión esté constreñida en Venezuela. La verdad es que el sector privado, hostil a Chávez, controla allí ampliamente los medios de comunicación. Cada cual puede comprobarlo. De 111 canales de televisión, 61 son privados, 37 comunitarios y 13 públicos. Con la particularidad de que la parte de la audiencia de los canales públicos no pasa de 5.4 por ciento, mientras que la de los privados supera 61 por ciento… Mismo escenario para los medios radiales. Y 80 por ciento de la prensa escrita está en manos de la oposición, siendo los dos diarios más influyentes –El Universal y El Nacional–, adversos al gobierno.

Nada es perfecto, por supuesto, en la Venezuela bolivariana –¿dónde existe un régimen perfecto?–. Pero nada justifica esas campañas de mentiras y de odio. La nueva Venezuela es la punta de lanza de la ola democrática que, en América Latina, ha barrido con los regímenes oligárquicos de nueve países, apenas caído el Muro de Berlín, cuando algunos vaticinaban el fin de la historia y el choque de las civilizaciones como horizontes únicos para la humanidad. La Venezuela bolivariana es una fuente de inspiración de la que nos nutrimos, sin ceguera, sin inocencia. Con el orgullo, sin embargo, de estar del buen lado de la barricada y de reservar los golpes para el malévolo imperio de Estados Unidos, sus tan estrechamente protegidas vitrinas del Cercano Oriente y dondequiera reinen el dinero y los privilegios. ¿Por qué Chávez despierta tanto resentimiento en sus adversarios? Indudablemente porque, tal como lo hizo Bolívar, ha sabido emancipar a su pueblo de la resignación. Y abrirle el apetito por lo imposible.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/10/05/opinion/024a2pol