Lijo Sobresee a Michetti – 13/04/2017

La causa que investigaba el origen del dinero sin declarar que le robaron de su casa.

El juez dictó el sobreseimiento de la vicepresidenta sin haberle tomado indagatoria. Tomó la decisión en base a sus declaraciones espontáneas y las de una veintena de testigos que ella misma ofreció para explicar la procedencia del dinero.

Sin siquiera pasar por una indagatoria, Gabriela Michetti se sacó un problema de encima.

En base a una veintena de testimonios ofrecidos por ella misma, Gabriela Michetti fue sobreseida por decisión del juez federal Ariel Lijo en la causa en la que investigaba el origen dudoso de los 245.000 pesos y 50.000 dólares robados de su casa el día del ballottage en 2015. Los testigos, afirma el fallo, avalaron el argumento que planteó la vicepresidenta: que los pesos eran producto de una colecta de donaciones en efectivo que hizo para la cena solidaria de fin de año de la fundación SUMA, que preside, y los dólares provenían de un préstamo de su pareja para pagar un posgrado de su hijo fuera del país. Las explicaciones de Michetti fueron volcadas en presentaciones espontáneas que hizo en la causa, ya que nunca fue llamada a indagatoria. La resolución de Lijo, además, archiva la pesquisa sobre el financiamiento de otras cuatro fundaciones vinculadas a dirigentes de Cambiemos (Fundar, Creer y Crecer, Formar y Pericles).

Todo empezó el 22 de noviembre de 2015, día del desempate por las elecciones presidenciales. Cuando Michetti volvió a su casa, le faltaba mucho dinero que había dejado en efectivo. El episodio, sin embargo, se conoció casi ocho meses después, cuando lo reveló el diario cooperativo Tiempo Argentino. En el ínterin había sido responsabilizado por el robo un custodio de la vicepresidenta, David Cruzado, pero a partir de que el hecho fue público surgieron las dudas: ¿Cómo es que tenía tanto dinero en efectivo en su casa? ¿Estaba declarado? ¿O de dónde venía? En el juzgado de Lijo confluyeron denuncias del abogado Leonardo Martínez Herrero y del diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailadhe.

La reacción pública de Michetti fue decir que no se había dado a conocer el hecho porque involucraba a su custodia y dijo que era plata de “donaciones” recibidas por la fundación SUMA. Ahí se armó un gran revuelo porque las fundaciones no pueden recibir donaciones en efectivo, por disposiciones de la AFIP. Todo debe estar bancarizado, además de declarado. La gran explicación que encajó con ese panorama fue que había salido a hacer una especie de vaquita entre amigos y conocidos porque había poca plata disponible en SUMA y tenían que hacer la cena solidaria de todos los años. De ahí, por ejemplo, que en respaldo de Michetti, el senador Federico Pinedo –que también es parte de la fundación– dijera que fue todo informal “porque Gaby es así”.

La resolución de Lijo repasa que, siempre de acuerdo a los testimonios y a la propia Michetti, los “encargados de recaudar las contribuciones dinerarias efectuadas por terceros fueron Silvina Michetti (su hermana), Federico y Santiago Riobó (su colaborador)”. Ellos dijeron que juntaron aportes de 5000 a 15.000 pesos cada uno aproximadamente, muchos entre dirigentes de Cambiemos, funcionarios y amigos. Más de veinte aportantes ofrecieron relatos estandarizados de cómo había sido la colecta y a casi todos les parecía normal que no les dieran recibo, aunque algunos dijeron que lo esperaban para más adelante.

Lijo sostuvo que es una desprolijidad que no les hayan dado recibo, pero que no hace a la cuestión investigada y no representa ningún delito. A todos les tomó la palabra sobre la existencia de las donaciones que refirieron y el origen lícito de los aportes (porque dice que se correspondían con los ingresos de todos ellos). Se quedó conforme  con que todo cerraba con la explicación que dio Michetti en presentaciones que hizo por iniciativa propia. El abogado denunciante Martínez Herrero señaló a PáginaI12: “Nunca se corroboró si los aportantes declararon las sumas de su donación, no hay un solo recibo, no se bancarizó, se la sobreseyó sin citarla a indagatoria en lugar de archivar la denuncia. Al ser un sobreseimiento es improbable que el fiscal (Guillermo Marijuán) apele, las posibilidades de que continúe la causa son ínfimas”.

El otro plano de la investigación era el que apuntaba al papel de las fundaciones manejadas por dirigentes de Cambiemos. Además de SUMA, estaban incluidas en la causa: Fundar Justicia y Seguridad, dirigida por el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco; Formar, a cargo del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; Creer y Crecer, fundada por Mauricio Macri en 2001 y disuelta en 2015 cuando la comandaba el intendente de Lanús, Néstor Grindetti; y Pericles, a cargo del abogado de confianza de Macri y de Clarín, Fabián Rodríguez Simón. El diputado Tailadhe había denunciado junto con esas fundaciones al grupo inmobiliario Farallón que se habría beneficiado con contratos. Lijo finalmente analizó la composición de las fundaciones y las operaciones declaradas junto con informes de la Unidad de Información Financiera y concluyó: “no se ha verificado elemento alguno que hiciese presumir la utilización de esas entidades para ingresar activos ilícitos en el mercado legal, tendientes a dotarlos de apariencia lícita”. Cerró de este modo una puerta a la posibilidad de investigar a fondo el financiamiento ilegal de la política.

Por: Irina Hauser – Página 12

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/31501-michetti-logro-que-lijo-la-sobreseyera

Apelación contra el Procesamiento de CKF por Bonadio – 07/04/2017

Señor Juez:

Carlos Alberto Beraldi, CUIT 20-13430665-4, en mi carácter de abogado defensor de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Nº 3732/2016, caratulada “FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA Y OTROS s/ ABUSO DE AUTORIDAD…”, del registro de ese Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 11, Secretaría Nº 21, con domicilio constituido en Av. Santa Fe 1752, 2º piso “A” de esta ciudad, a V.S. digo:

I.- Objeto

  1. Que, en tiempo y legal forma (arts. 311, 449, 450, 520 y concordantes del CPPN), vengo a deducir recurso de apelación en contra de la resolución dictada por V.S. el día 3 de abril de 2017 (notificada a mi parte el día siguiente), en cuanto resuelve:

I.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO de CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ, de las restantes condiciones personales obrantes en autos por hallarla `prima facie` y por semiplena prueba autor penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de Jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles (Arts. 45, 55, 210 segundo párrafo, 265, 303 inc. 1, 2 a, b todos del Cód. Penal), SIN PRISIÓN PREVENTIVA (arts. 306, 307, 308, 310 y ccds. del Código Procesal Penal de la Nación).-

II.- MANDAR A TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES HASTA CUBRIR LA SUMA DE PESOS CIENTO TREINTA MILLONES de PESOS ($130.000.000,00), diligencia que deberá ser cumplimentada por el oficial de Justicia del Tribunal.-”.

Además, también interpongo recurso de apelación en contra de la medida que dispone la prohibición de salida del país de mi representada, así como también en relación a la obligación impuesta en los términos del art. 310 del CPPN (pág. 340).

  1. Dadas las garantías y principios constitucionales que se ven afectados y la inusitada gravedad institucional que reviste el caso, hago expresa reserva de acudir, de ser necesario, ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos competentes por las vías legales pertinentes.

II.- Fundamentos

A efectos de satisfacer la carga que establecen los arts. 438 y 450 del Código Procesal Penal, a continuación enunciaré los motivos en que se basa esta impugnación, todos los cuales serán desarrollados en la instancia Superior.

A. Nulidad de la resolución.

  1. Desde el inicio de estas actuaciones resultaba claro que V.S. no era competente para entender en autos. Así lo puse de manifiesto de distintas maneras y, también ante la instancia de alzada.

En primer lugar, en el marco de la causa Nº 11.352/14 (causa “Hotesur”) efectué un planteo de inhibitoria denunciando que la causa “Los Sauces” había quedado radicada ante este Juzgado a través de una maniobra procesal dirigida a vulnerar las reglas de asignación de causas.

En segundo término, en el marco de estas actuaciones recusé al magistrado invocando, entre otras causales de inhibición, el hecho de haber asumido la instrucción vulnerando la garantía del juez natural y el principio ne bis in ídem.

Finalmente deduje una excepción de falta de acción por litispendencia, solicitando que se remitieran los presentes obrados al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 19, ante el cual debieron haber tramitado desde su inicio.

Nada de ello fue oído.

Sin embargo, ahora de manera totalmente sorpresiva V.S. terminó reconociendo lo que se había postulado desde un primer momento, esto es, que no era competente para intervenir en la causa.

Empero, lo que resulta aún más absurdo y por cierto ilegítimo es que pese a reconocer su incompetencia -en el sentido que lo establece la ley procesal en los arts. 41 y 42-, V.S. de todas maneras dispuso el procesamiento y embargo preventivo de veintiún personas, vulnerando de la manera más grave que pueda imaginarse los principios constitucionales antes invocados.

Como es sabido, es una regla elemental para cualquier Tribunal analizar como cuestión previa su competencia para conocer en el hecho, siendo además una obligación legal apartarse del conocimiento de las actuaciones, de oficio y de manera inmediata, cuando se reconoce que se carece de tal atributo (arg. arts. 35 y 39 del CPPN).

Así las cosas, la resolución dictada por un juez que se reconoce incompetente resulta absolutamente nula, tal como lo dispone la ley procesal penal (arts. 1 y 167 inc. 2 del CPPN).

  1. Por otro lado, más allá de la descomunal extensión de la resolución puesta en crisis (392 páginas), lo cierto es que la misma no se encuentra siquiera mínimamente motivada, tanto desde una perspectiva fáctica como jurídica. Concretamente, el decisorio no es más que una mera repetición de las infundadas sospechas vertidas en la resolución dictada el día 14 de diciembre de 2016 y en las indagatorias recibidas a las personas imputadas, todas las cuales fueron refutadas de manera categórica en los distintos descargos aportados por cada uno de los acusados.

Pero aún –si eso fuera posible en estas actuaciones- las explicaciones de todos “acusados”, cuya reseña abarca más de la ter-cera parte del auto de mérito (págs. 41 a 193), no sólo fueron absolutamente ignoradas por V.S. y no merecieron tan siquiera una mínima respuesta sino que además, otras pruebas documentales obrantes en autos y acompañadas por esta defensa fueron directamente negadas. Todo ello consolida un grosero caso de arbitrariedad que impide calificar al auto impugnado como una derivación razonada del derecho vigente (art. 123, CPPN).

En rigor de verdad y para ser concreto, la instrucción de esta causa resultó ser un mero montaje judicial para lograr alto impacto mediático que inevitablemente iba a concluir como se había planificado previamente: con el dictado de un procesamiento, decisión que naturalmente ya estaba tomada desde el inicio mismo del proceso; ello, sin importar el resultado de todas las diligencias probatorias que de manera convergente y unívoca acreditaron que no ha existido en el caso delito alguno.

B. La supuesta asociación ilícita. 

Lamentablemente, en los últimos tiempos la necesidad de dictar resoluciones “judiciales” direccionadas a ocasionar estrépito en la opinión pública hizo que, lisa y llanamente, se quebraran sin vergüenza las más elementales reglas de garantía que establecen la Constitución Nacional y la legislación dictada en consecuencia.

En esa línea, se ha tornado costumbre en ciertos estrados judiciales la idea de calificar a cualquier conducta en la que puedan intervenir un número igual o mayor a tres personas de cierta relevancia pública como constitutiva del delito de asociación ilícita e incluso, para ser aún más peyorativo y, por ende, más mediático recurrirse al segundo elemento normativo que prevé el tipo penal en cuestión, hablándose directamente de la existencia de una “banda”. Así ocurre en el caso.

Por ende, darle una respuesta técnica a una resolución que carece de toda seriedad jurídica resulta una tarea que no guarda ninguna proporción lógica. De todas maneras, a efectos de cumplir con el rol que me corresponde como abogado defensor, en el marco de este recurso habré de puntualizar los agravios pertinentes.

  1. En primer lugar se habla en la resolución de un acuerdo de voluntades que enlaza a veintiuna personas, las cuales en varios casos no se conocen entre sí o sólo tienen referencias recíprocas por haberse visto alguna vez, ya sea personalmente o por su trascendencia pública.
  2. No se precisa -o deliberadamente se confunde- la fecha en la que se habría alcanzado esa supuesta convergencia de voluntades: a la hora de recibirse las declaraciones indagatorias se colocó como su punto de inicio el mes de mayo del año 2003. Luego, en el auto de procesamiento se refirió como momento inicial de la organización el 7 de noviembre del año 2006, fecha de constitución de la sociedad Los Sauces S.A. Sin embargo, párrafos más adelante del mismo resolutorio se reconoció que la sociedad se mantuvo inactiva al menos por dos años, razón por la cual las actividades de la “banda” recién habrían comenzado a principios del año 2009. ¿O tal vez, ante el hecho incontrastable públicamente advertido por esta defensa –en el escrito de eximición de prisión, tres días antes de la declaración indagatoria- de que Florencia Kirchner, al mes de mayo del año 2003, contaba con tan sólo doce años de edad, V.S. debió dibujar en la resolución impugnada un inicio diferente al que había diseñado en el auto de llamado a indagatoria?

Tampoco se sabe bien por qué la supuesta organización criminal dejó de actuar, según V.S., el 14 de diciembre del año pasado (día en que Los Sauces S.A. fue intervenida judicialmente). Si ello fuera cierto habría ocurrido algo verdaderamente insólito: durante los primeros ocho meses de tramitación de la causa (iniciada en abril de 2016) el supuesto delito de asociación ilícita se habría seguido come-tiendo bajo la supervisión del juez Bonadío. Es más, la figura de un interventor judicial designado por V.S. desplazando a los presuntos jefes de la asociación ilícita, para que sigan administrando lo que se califica como los “negocios de la banda criminal”, quedará en los anales, no ya de la jurisprudencia, sino de la historia nacional.

  1. En tercer lugar, todos los aportes funcionales que se colocan en cabeza de los procesados son actos absolutamente lícitos, tal como se reconoce en el mismo resolutorio (vgr., haber constituido una sociedad familiar, efectuar aportes irrevocables de inmuebles legítimamente adquiridos para nutrir su patrimonio, suscribir contratos de alquiler, recibir pagos que se corresponden con tales locaciones -depositando el dinero en las cuentas bancarias- y realizar los demás actos propios del giro comercial de la firma).

A ello cabe agregar las conductas que increíblemente se le reprochan a tres escribanos como constitutivas de un aporte en la supuesta asociación ilícita: confeccionar escrituras, legalizar firmas y realizar otros actos totalmente lícitos y propios de su función notarial.

  1. En cuarto lugar, tampoco se precisan las fechas en las cuales los distintos intervinientes ingresaron a la “banda” o salieron de ella. En este aspecto merece una especial mención el caso de Florencia Kirchner, quien en mayo del año 2003 tan solo contaba con doce años de edad y recién había alcanzado los dieciséis años cuando Los Sauces S.A. fue constituida. Lo que resulta aún más increíble es que se le asigne el rol de jefa de la asociación por la mera aplicación de las reglas del derecho sucesorio y la aceptación de una herencia sin beneficio de inventario: los presuntos delitos cometidos por sus padres, a criterio de V.S. habrían sido heredados.
  2. En quinto lugar, lo que se criminaliza en la causa como una supuesta asociación ilícita es lisa y llanamente la misma conducta que luego se reprocha como una presunta maniobra de lavado de activos. Basta con señalar que todo lo que se describe en el apartado 4 del auto de procesamiento (“Situaciones procesales. Asociación ilícita”; págs. 205 y siguientes) es exactamente la misma hipótesis fáctica por la cual la mayoría de los acusados -entre ellos, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner- también fueron procesados como coautores del ilícito previsto en el art. 303 del Código Penal.

Es más, los roles asignados en la presunta asociación ilícita se corresponden íntegramente con el supuesto aporte funcional que los imputados habrían efectuado en la operatoria de lavado de activos (vgr., constituir la firma Los Sauces S.A., adquirir inmuebles, celebrar contratos de locación, firmar y/o depositar cheques, etc.).

  1. En sexto lugar, la resolución dictada ni siquiera resulta coherente con la propia jurisprudencia que cita V.S. (en particular, el fallo “Stancanelli” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Fallos 324:3952). Allí se establece que el presupuesto central que exige el delito de asociación ilícita es la pluralidad de planes delictivos y no meramente pluralidad de delitos, pues al tratarse de un acuerdo permanente de voluntades, sus integrantes deben estar dispuestos a realizar -durante el lapso que se encuentre vigente- una cantidad indeterminada de delitos, lo que diferencia a esta figura del acuerdo criminal” (me pertenece lo remarcado).

La supuesta asociación ilícita que V.S. describe en su resolutorio es precisamente el caso antagónico ya que, siempre según su “relato” de esta causa –el papel aguanta cualquier cosa- la organización tuvo como único propósito darle apariencia de licitud al dinero proveniente de un supuesto delito contra la administración pública.

  1. En séptimo lugar, en lo que atañe al bien jurídico protegido por la figura prevista en el art. 210 del Código Penal y el supuesto peligro abstracto irrogado, una vez más se ingresa en el terreno del absurdo.

No se entiende ni se explica de qué manera el pago de alquileres de inmuebles para viviendas y oficinas, con dinero que en todos los casos se encuentra bancarizado, pudo haber lesionado, como afirma el magistrado, “la tranquilidad pública” y la “paz social”, lesionando la “seguridad cognitiva” de los ciudadanos al producir “alarma colectiva” (cfr. págs. 268 y 269).

  1. Finalmente se efectúa una asignación de roles totalmente antojadiza y arbitraria que no se condice con ningún tipo de razonamiento lógico, fáctico ni jurídico. De hecho, en línea con los desvaríos que se vienen señalando, casi la mitad de los veintiún partícipes de la asociación serían sus jefes u organizadores.

Sentado ello, y ahora desde una perspectiva procesal, corresponde señalar dos agravios que también fulminan la validez del decisorio.

  1. En primer lugar, no existe en autos un requerimiento específico del fiscal actuante que hubiese habilitado la investigación en esta causa por el ilícito previsto en el art. 210 del Código Penal.

Concretamente a fs. 836/837, ante el pedido de la Sra. Stolbizer para que se ampliara la investigación en orden al supuesto delito de asociación ilícita, el fiscal señaló que ello ya era materia de pesquisa en el marco de la causa Nº 15.734/08 del Juzgado Nº 10 del fuero. Ergo, se vulneró la máxima “ne procedat iudex es officio”.

  1. En segundo término, lo señalado por el fiscal ter-minó siendo reconocido por V.S. al afirmar que la asociación ilícita aquí investigada es exactamente la misma que compone el objeto procesal de la causa Nº 15.734/08 y su conexa 5048/16, en la cual mi representada ya fue procesada por ese supuesto delito. Ahora se dictó un nuevo auto de mérito por la misma e idéntica conducta, en franca colisión con la garantía ne bis in ídem.

C. El supuesto lavado de activos de origen delictivo.

De manera genérica, parece sostenerse en el auto de procesamiento que la constitución de la firma Los Sauces S.A., la adquisición de sus inmuebles, los contratos de alquiler suscriptos por sus representantes y los pagos recibidos se corresponderían con una operatoria de lavado de activos de origen delictivo.

Nada más descabellado.

Todas estas cuestiones fueron analizadas y rebatidas de manera pormenorizada en los distintos descargos presentados al tiempo de recibirse las respectivas declaraciones indagatorias.

Una especial mención merece el escrito presentado por el contador Víctor Alejandro Manzanares, quien analizó cada una de las operaciones que habían sido calificadas como “sospechosas” en la resolución dictada por V.S. el 14 de diciembre de 2016, aportando los elementos de prueba pertinentes e indicando foja por foja dónde se encuentran agregados los demás instrumentos que descartan de plano cualquier tipo de ilicitud.

No sólo ninguno de esos argumentos fue rebatido en el auto aquí recurrido; como un acto de “generosidad” sólo se los transcribió pero sin dárseles la más mínima consideración ni respuesta. Peor aún, numerosa prueba documental directamente vinculada a la acusación, aportada a la causa por esta parte u obrante en el expediente como consecuencia de los allanamientos ordenados por V.S., fue NEGADA.

Si bien todas estas circunstancias serán debidamente desarrolladas en la instancia superior, resulta del caso recordar aquí las siguientes cuestiones relevantes:

  1. La sociedad Los Sauces S.A. se constituyó el 7 de noviembre de 2006. Fue debidamente registrada ante los organismos de control municipales, provinciales y nacionales. Su objeto social es perfectamente lícito (la locación de inmuebles propios) y públicamente conocido.
  2. Su domicilio legal es en la Calle Alcorta 76, Río Gallegos, Santa Cruz; su gestión operativa se desarrolla desde marzo de 2012 en el estudio contable del Dr. Manzanares, sito en calle 9 de Julio 161 de la misma localidad.

El tercer domicilio que se indica en la resolución es el de la calle Monte Aymond 96 de la misma ciudad, en el cual reside Máximo Carlos Kirchner, quien hasta el año 2015 detentó la calidad de Presidente de la sociedad aludida. Por esa circunstancia ese domicilio se encuentra debidamente registrado ante las entidades bancarias con las que operaba Los Sauces S.A.

En síntesis, los tres domicilios a los que V.S. hace referencia existen, fueron verificados en la causa y se corresponden respectivamente con la sede social de Los Sauces S.A., el domicilio real de uno de sus socios y las oficinas del contador de la firma. No hay aquí irregularidad ni ilicitud alguna.

  1. Desde su constitución la sociedad confeccionó sus estados contables anuales, actas de asamblea y directorio. Dichos documentos se encuentran presentados en la Inspección General de Personas Jurídicas provincial. Además, siempre presentó en legal tiempo y forma todas sus declaraciones juradas impositivas y pagó todos los impuestos correspondientes -tanto en el orden nacional, provincial como municipal-, los cuales se encontraban al día hasta la fecha en que la firma fue judicialmente intervenida.
  2. Tratándose de una sociedad familiar cuya operatoria se reduce a la adquisición de inmuebles, la suscripción de contratos de alquiler, la confección de facturas y el cobro de los cánones locativos, su gestión operativa es llevada a cabo por el contador Manzanares y no requiere de mayor personal a cargo.

En otras palabras, aun cuando Los Sauces S.A. sólo haya contado con dos empleados ello no puede constituir, salvo para quienes tengan una evidente mala fe, un dato sospechoso ni mucho menos un indicio delictivo.

  1. Todos los inmuebles que componen el patrimonio de Los Sauces S.A. se encuentran declarados ante los organismos de con-tralor pertinentes según la normativa contable vigente, siendo falsos todos los trascendidos periodísticos que pretenden poner en duda tal circunstancia. La difusión masiva de datos falsos para impactar negativamente y generar en la opinión pública la sensación de hechos ilícitos que, por cierto, jamás existieron fue una constante en todo el desarrollo de este armado judicial.

Tanto los aportes irrevocables de inmuebles efectuados por sus socios como los contratos de compraventa de propiedades fueron correctamente documentados a través de instrumentos públicos obrantes en la causa y debidamente contabilizados en los libros societarios de la empresa.

A su vez, el origen lícito de los fondos con los que se adquirieron todas esas propiedades también se encuentra acreditado en la causa. De hecho, tal extremo fue resuelto por la justicia a través de tres pronunciamientos judiciales pasados en autoridad de cosa juzgada (me refiero a los sobreseimientos dictados en las causas Nº 9318/2004, 1338/2008 y 9423/2009 del fuero).

Finalmente, y dada la maliciosa insistencia –una vez más con amplia difusión pública- a través de la cual se intenta poner en duda la legalidad de la adquisición del inmueble sito en la calle San José 1111 de esta ciudad, debo reiterar que todos los elementos documentales aportados a este proceso descartan de manera contundente cualquier tipo de sospecha a su respecto (vgr., la escritura pública que instrumenta la compraventa, el informe y la documentación acompañados por el Banco de la Nación Argentina, sucursal Río Gallegos, la pericia contable practicada en la causa, las copias de la oferta CEDINES con la que se canceló la compraventa, la solicitud de endoso suscripta ante el Banco de la Nación Argentina y la certificación sobre la declaración jurada del origen de los fondos para la adquisición de inmuebles efectuada por la empresa y certificada por contador público). ¿Cómo se puede seguir insistiendo con la ilicitud de la compra de un bien inmueble cuando toda la prueba documental y testimonial, dan cuenta de lo contrario?

  1. Todos los contratos de alquiler suscriptos por Los Sauces S.A. son genuinos y absolutamente lícitos.

En el 100 % de los casos la empresa emitió la factura correspondiente -todas obrantes en la causa- y el pago se efectuó a través de cheques o transferencias bancarias, no así en efectivo.

Asimismo, tal como consta en la resolución recurrida, no se realizó un solo pago que no se corresponda con las facturas emitidas por la empresa y todas las operaciones se llevaron a cabo a precios de mercado.

  1. Todos los movimientos económicos de la sociedad se encuentran bancarizados, lo cual permite una total trazabilidad de los fondos en danza. Ello también permite descartar de plano cualquier sospecha acerca de la existencia de una hipótesis de lavado de dinero, delito tributario o cualquier otro tipo de infracción penal facilitada a partir de supuestas omisiones contables.

Si bien lo dicho hasta aquí resulta una respuesta contundente a la imputación de lavado de activos, también debo señalar que desde una perspectiva jurídica su consideración en relación a los hechos investigados resulta más que burda.

En efecto, como se explicó anteriormente y no se encuentra controvertido, el dinero recibido por Los Sauces S.A. en todos los casos proviene de transferencias de dinero que se encontraba depositado en instituciones bancarias; ello, básicamente, a través de cheques librados por los inquilinos contra sus propias cuentas y depositados en las de la sociedad.

Tal circunstancia descarta de plano la aplicación al caso del art. 303 del Código Penal, cuyo elemento típico central es la introducción de activos en el mercado lícito de bienes que se encuentran fuera del mismo.

Como ya se indicó y no está controvertido, el dinero cobrado por Los Sauces S.A. ya se encontraba depositado en instituciones bancarias que tienen una estricta regulación por parte del Estado, por medio del BCRA y la UIF. En otras palabras, se trata de fondos ya incorporados al sistema financiero y por ende no se los puede dotar de una apariencia legal, por una sencilla y elemental razón: YA LA TIENEN.

Por lo demás, en todos los casos la transferencia del dinero tiene una causa jurídica y es una actividad negocial de la vida cotidiana por la cual se recibe una contraprestación (el alquiler de un inmueble). Suponer lo contrario llevaría al absurdo de considerar que Los Sauces S.A. le entregaba a los inquilinos (supuestamente ya beneficiados con la concesión de contratos de obra pública) ahora un beneficio adicional: que pudieran utilizar gratuitamente bienes de la sociedad.

Para finalizar, a lo ya expuesto cabe adicionar dos cuestionamientos normativos que también serán materia de desarrollo en la instancia superior.

En primer lugar, corresponde mencionar que el caso sub litis se encuentra regido por la ley 25.246, vigente a la época en la cual se habría iniciado y continuado la supuesta operación de lavado de dinero en cuestión.

Tal como lo expuse en el planteo de excepción de falta de acción por litispendencia deducido en autos, no empece lo expuesto la mera circunstancia de que la operatoria comercial que V.S. reputa delictiva haya continuado con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.683 (B.O. 21/06/2011). Ello así pues tratándose de una única conducta, la aplicación de esta última ley en el caso concreto sin dudas importaría una clara violación al principio de legalidad penal, ya que se trata de una norma jurídica de carácter más gravoso dictada con posterioridad al hecho del proceso.

En segundo término, tal como lo también lo explicara en el planteo de litispendencia de referencia, siguiendo el criterio que de manera unánime ha estabilizado la doctrina más calificada, resulta posible afirmar que los delitos de defraudación contra la administración pública y lavado de activos se enlazan a través de las reglas del concurso aparente de leyes y, específicamente, bajo la modalidad que la doctrina ha denominado “un acto posterior copenado”.

En efecto, “los actos posteriores copenados son los que constituyen la realización de un nuevo tipo penal cuyo contenido es el aseguramiento o la utilización de la cosa adquirida delictivamente” (confr. JESCHECK, p. 602; SAMSON, loc. cit. p. 74; STRATENWERTH, núms. 1195 y ss.). Genéricamente puede sintetizarse la idea fundamental de este supuesto de la siguiente manera: son casos en los que la interpretación permite afirmar que la relación existente entre la realización del delito principal y el posterior constituyen una unidad tal que la ley los considera como una unidad alcanzada por la pena del primero (confr. SCHONKE-SCHRODER-STREE, StGB, Vorbem $$ 52 y ss., p- 112) (conf. Bacigalupo, Enrique, “Manual de derecho penal. Parte general”, Bogotá, 1984, Temis-Ilanud, pág. 242/3).

Ergo, si la Dra. Cristina Fernández de Kirchner ha sido procesada en la causa Nº 5048/16 como posible coautora del delito de defraudación contra la administración pública, procesarla de manera simultánea por lucrar, supuestamente, con dichos bienes o colocarlos en un circuito comercial, quebranta de manera clara y directa una vez más la regla ne bis in ídem.

En otras palabras, o se castiga el delito precedente (defraudación a la administración pública), o se sanciona el delito posterior (lavado de dinero); lo que de ninguna manera puede jurídicamente admitirse es que se castigue de manera acumulativa ambas supuestas infracciones penales.

D. Las supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.

Con el debido respeto por las reglas de decoro que rigen la profesión, debo señalar aquí que el procesamiento por el delito de negociaciones incompatibles dictado respecto de mi representada ingresa en el terreno del prevaricato.

En efecto, el acto al que V.S. hace referencia como un supuesto de negociaciones incompatibles con la función pública es el Decreto Nº 1851/2007 dictado por el Dr. Néstor Carlos Kirchner el día 5 de diciembre del año 2007, por el cual se renovó una concesión otorgada a la empresa Hipódromo Argentino de Palermo S.A.

Como expresamente se reconoce, mi representada no tuvo ni pudo tener en dicho acto administrativo intervención alguna. Esta simple circunstancia agota cualquier posibilidad de imputarla por el delito en cuestión.

Sin embargo existe una razón adicional, acreditada en la causa, que coloca al auto de procesamiento aquí impugnado como una conducta típica del delito de prevaricato. En efecto, es un hecho público, notorio y además expresamente alegado en estas actuaciones, que en el marco de la causa Nº 1211/2009 en la cual se investigaran las habilitaciones de permisos de explotación de juegos de azar, el día 30 de mayo de 2011, luego de una pormenorizada investigación, el juez Ercolini dispuso el sobreseimiento de la totalidad de las personas imputadas por inexistencia de delito. Tal pronunciamiento fue consen-tido por el fiscal interviniente, Dr. Gerardo Pollicita.

En otras palabras, el delito de negociaciones incom-patibles por el cual se dicta el procesamiento de mi defendida ya fue oportunamente descartado en el marco de la causa Nº 1211/2009 por su colega Julián Ercolini mediante una resolución que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

Por lo demás, la increíble pretensión de responsabilizar a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner por no haber revocado la concesión otorgada mediante el decreto de referencia y sostener que ello importa el delito de negociaciones incompatibles es un disparate que no debe tener precedentes en los anales de la jurisprudencia.

En primer lugar, pues el art. 265 del Código Penal se refiere a la conducta del funcionario que se interesa en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Ello, como el juez bien lo dice, no resulta ser el caso de mi defendida.

En segundo término, pues de haber dejado sin efecto un decreto que la propia justicia analizó corroborando su legalidad y para cuyo dictado además intervinieron y dieron opinión favorable todas las áreas técnicas, sin lugar a dudas esa conducta sí hubiera constituido un verdadero acto ilícito.

En definitiva, se está procesando a la ex Presidenta de la Nación por no haber cometido un delito.

D. El embargo.

En el marco de las arbitrariedades e ilegalidades descriptas en los puntos precedentes, como consecuencia de ello se ordena trabar un embargo sobre los bienes de mi representada hasta cubrir la suma de $130.000.000.

En rigor de verdad, más allá de todas las digresiones que se efectúan en este capítulo (pág. 340 y siguientes), lo cierto es que no existe ni verosimilitud en el derecho ni peligro en la demora.

Además, se trata de otra medida sólo direccionada a causar impacto en la opinión pública, ya que tanto mi defendida como su familia tienen todo su patrimonio embargado mediante un conjunto de decisiones judiciales prolijamente coordinadas y compatibilizadas con las que a su vez en forma directa adoptó el propio Poder Ejecutivo Nacional.

Finalmente, la cuantía del embargo tampoco se corres-ponde con parámetro alguno de mensuración que tenga que ver con estos obrados. Basta con señalar que la totalidad de la facturación de Los Sauces S.A. durante el período investigado habría ascendido a la suma de $25.975.868,54 (págs. 313/315 del auto de procesamiento), esto es, cinco veces menos que el monto embargado solamente a la ex Presidenta de la Nación, sin contar las restantes cautelas.

F. Otras medidas coercitivas.

Finalmente, en línea con las medidas orientadas a darle mayor espectacularidad al auto de mérito también se disponen dos restricciones adicionales: la prohibición de salida del país y la aparente obligación de comparecencia en los términos del art. 310 del ordenamiento de rito.

En estos casos, ni siquiera se da una sola explicación orientada a justificar la procedencia de tales medidas, razón por la cual también devienen nulas (art. 123 del CPPN).

Por el contrario, y como paradójicamente se explica en la resolución, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner en todo momento ha estado a disposición de la justicia, compareciendo puntualmente cada vez que fue citada, incluso cuando ello fue motivo de órdenes que se basaban en un capricho del magistrado (in re, causa Nº 12.152/15). Además, cuando salió del país previamente solicitó autorización, ella le fue otorgada y a su regreso dio puntual noticia de su regreso.

III.- Reservas

Se han violentado incontables garantías procesales y sustantivas establecidas en la Constitución Nacional: a) un magistrado que no es el juez natural de la causa procesó a los acusados por un hecho en orden al cual no hay requerimiento de instrucción y por ende acusación; b) el auto de mérito se dictó sin prueba alguna, en franca colisión con el principio de inocencia; c) todos los descargos fueron ignorados, afectándose el derecho a ser oído que hace a la garantía de defensa en juicio; d) se incurrió en un bis in ídem al procesarse dos veces por el mismo hecho a la ex Presidenta de la Nación; e) se violó el principio de legalidad, pues no se encuentran ni remotamente satis-fechos los elementos objetivos y subjetivos que hacen a los tipos penales en cuestión; f) se violentó el principio de lesividad, dado que todos los hechos descriptos constituyen actos inofensivos y puramente legales que ni remotamente afectan el bien jurídico protegido por la norma; g) se vulnera en forma clara el principio de culpabilidad, pues por un hecho idéntico al que aquí se dicta un auto de procesamiento la Dra. Kirchner ya fue sobreseída por inexistencia de delito (causa Nº 14.950/09). Concretamente me refiero al caso del alquiler del hotel Casa Los Sauces a la familia Relats, concesionaria de obra pública, en la cual se descartó que existiera cualquier tipo de ilicitud. En otras palabras, se la procesa ahora por haber realizado una actividad que esta misma justicia federal resolvió que no había delito; h) se afecta una vez más el derecho de propiedad, a través de una nueva restricción arbitraria de su patrimonio.

Por todo ello, sumado a la inusitada gravedad insti-tucional que reviste el caso, hago expresa reserva de acudir, de ser necesario, ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos competentes por las vías legales pertinentes.

IV.- Petitorio

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

1) Se tenga por presentada en tiempo y forma esta impugnación.

2) Se conceda el recurso deducido y se eleven las actuaciones al Superior en la forma de estilo, sin más trámite.

3) Se tenga presente la reserva del caso federal efectuada.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

José Pablo Feinmann: “la tarea de idiotizar al receptor”

Yo no puedo tener un premio que se lo dieron a Tinelli también, yo este premio se los voy a devolver, ustedes disculpen, pero no quiero tener ese premio.

Y quiero que esto sea un gesto, en el cual se sepa que no se puede premiar la anticultura, el anti-pensamiento, ¡eso no se puede premiar!

Yo no digo que el programa del muchachos ese, ya grande, no sea ideológico, no, es totalmente ideológico, porque es la tarea de idiotizar al receptor.

……

Ese programa no tiene nada que ver con la democracia, porque la democracia requiere ciudadanos lucidos, ciudadanos que sepan valorar el pensamiento, la cultura y que sepan elegirse a sí mismos a partir de sí mismos.

Y que cuando lleguen a su casa no sean idiotizados por idioteces aluvionales, sino que puedan pensar un momento después del cansancio del día: que soy? adónde voy?, para qué? que es lo que pasa a en mi país? que opción voy a tener?

Y eso es una opción, esa es la opción que le dan.

La opción que le dan es basura, porque queremos que seas basura, para que no pienses, para que te pensemos nosotros, para que te hablemos nosotros, para que lo que digas es lo que nosotros decimos, lo que pienses lo que nosotros pensamos, para eso, para que seas un sujeto colonizado, que ya no seas un sujeto libre, un sujeto otro un sujeto colonizado.

…….

Personalidad destacada de la cultura así dice la gran siete….

……

Tinelli no necesita salir con esto porque lo ven y es una gran imagen de este país para vergüenza de cada uno de nosotros.

Porque todos los ciudadanos de un país no solo son responsables de lo que pasa, sino de lo que no pueden evitar que pase. Entonces nuestra tarea es evitar que ciertas cosas pasen

A los intelectuales que están en la llamada oposición les digo: ¡miren que cultura se viene!

Y a esa concepción de la cultura idiotizante, antidemocrática, porque no hay nada más antidemocrático que un pueblo idiota, que un pueblo que no piensa, un pueblo que no elige, un pueblo que no es libre, porque el que no piensa, el que no elige, el que no decide a partir de si, no es libre, está siendo dirigido, colonizado, manejado, manipulado por el poder mediático, por eso el poder mediático lucha tanto por tener tanto, por cada boca que tiene, tienen 20 mil, 30 mil idiotas más a los que colonizan.

El pensamiento argentino entonces, sigue siendo una gran necesidad, porque no tenemos tantos medios como tienen los que luchan por una televisión que idiotice al receptor.

 

Acoso Escolar o BULLYING.
Cómo actuar.

Acoso escolar. Un grave problema de nuestro tiempo.

Publicado en la Agenda Periodística MARIAPRESS
para todos los medios de la República Argentina.
www.mariapress.com

-Mamá no quiero ir nunca más a la escuela.
Esa frase se repitió varias veces a lo largo del año y nos motivó a participar en la defensa jurídica de chicos que sufrieron acoso escolar ó bullying en Buenos Aires, ante la desesperación de los padres que veían como sus hijos primero desmejoraban en el rendimiento escolar, luego aparecían con golpes y marcas, para concluir en el abandono liso y llano de la escuela.

En este caso logramos establecer una cadena de responsabilidades desde la maestra a la dirección de la escuela y los padres del menor acosador, haciendo foco en que el acoso es una contravención y la coacción un delito, que si bien no es punible por tratarse de menores sí es condenable para los mayores en tanto instigadores y/o coautores por omisión, toda vez que no se involucran para evitar el abuso.

A partir de acá contaremos algunos casos y describiremos como encontramos la solución a las denuncias por casos de acoso escolar ó bullying, que nos presentaron.

Dos chicos A. y C. y una chica M. iban a colegios de Buenos Aires. Los dos primeros a entidades privados y la nena a una escuela pública. Ninguno de ellos llegaba a los 12 años, sin embargo eran obligados a soportar situaciones de acoso y de abuso en el plano oral y físico (no hubo abuso sexual de ninguna índole), que resultarían insoportables para cualquier adulto.

A partir de ahí y luego de recibir las denuncias de los desesperados padres notificamos a las escuelas, a las autoridades de la dirección, a las maestras y a los padres de los menores abusadores.

Se puso sobre la mesa la posibilidad concreta de concurrir a sede penal y/o contravencional, por acoso y coacción, no contra los menores pero sí contra las autoridades escolares y sobre todo contra los progenitores de los menores acosadores, toda vez que no se observaba un escarmiento hacia los agresores é incluso quedaba flotando en el aire una fea sensación de que los padres de los agresores los instigaban con frases del tipo:

-“yo era igual cuando era chico, molestaba a todos”. O
-“me gusta que mi hijo imponga sus ideas como fuere. O
-“me gusta que me hijo se haga respetar”.

A partir de esas reuniones y con las causas penales en la mano decidimos cortar por lo sano y manifestar los próximos pasos a seguir, con solicitud de daños y perjuicios incluídos, toda vez que los menores afectados registraron un grave daño en el cuerpo y en la salud.

Resultado? En los tres casos hubo solución.

Los chicos agredidos se reintegraron a la escuela y no volvieron a ser acosados. Y los padres de los acosadores se comprometieron y cumplieron hasta hoy con una rutina de atención sobre sus hijos, de consultas psicológicas periódicas y fundamentalmente de enseñanza de respeto y tolerancia hacia los demás.

Dr. Javier Miglino.

A partir de acá te dejamos los conceptos que hemos ido recogiendo a lo largo del trabajo y que es fruto de la colaboración de distintos profesionales tanto del área legal como del área de la salud física y mental, de la educación y de la cultura, que permanentemente colaboran ad-honorem con la ONG Ciudadana Defendamos Buenos Aires.

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar o por su término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre chicos de las escuelas primaria y secundaria, de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.

Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia (12-13 años), siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas.

El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar.

El acoso escolar es una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros.

Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente) que aquella. El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas (aunque estas no formen parte del diagnóstico); es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana.

En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin limitación de edad.

El objetivo de la práctica del acoso escolar es intimidar, apocar, reducir, someter, aplanar, amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente, a la víctima, con vistas a obtener algún resultado favorable para quienes acosan o satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, someter, agredir, y destruir a los demás que pueden presentar los acosadores como un patrón predominante de relación social con los demás.

En ocasiones, el niño que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otros busca, mediante el método de «ensayo-error», obtener el reconocimiento y la atención de los demás, de los que carece, llegando a aprender un modelo de relación basado en la exclusión y el menosprecio de otros.

Con mucha frecuencia el niño o niña que acosa a otro compañero suele estar rodeado muy rápidamente de una banda o grupo de acosadores que se suman de manera unánime y gregaria al comportamiento de hostigamiento contra la víctima. Ello es debido a la falta de una autoridad exterior (por ejemplo, un profesor, un familiar, etc.) que imponga límites a este tipo de conductas, proyectando el acosador principal una imagen de líder sobre el resto de sus iguales seguidores.

A menudo la violencia encuentra una forma de canalizarse socialmente, materializándose en un mecanismo conocido de regulación de grupos en crisis: el mecanismo del chivo expiatorio. Destruir al que no es seguidor, al que se resiste, al diferente, al que sobresale académicamente, al imbuido de férreos principios morales, etc.

Hay descrito hasta 8 modalidades de acoso escolar, con la siguiente incidencia entre las víctimas.

  • Bloqueo social (29,3%)
  • Hostigamiento (20,9%)
  • Manipulación (19,9%)
  • Coacciones (17,4%)
  • Exclusión social (16,0%)
  • Intimidación (14,2%)
  • Agresiones (13,0%)
  • Amenazas (9,1%)

Bloqueo social

Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social impuesto por estas conductas de bloqueo.

Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyos del niño.

Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para hacerle llorar. Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, etc.

El hacer llorar al niño desencadena socialmente en su entorno un fenómeno de la estigmatización secundaria conocido como mecanismo de chivo expiatorio.

De todas las modalidades de acoso escolar es la más difícil de combatir en la medida que es una actuación muy frecuentemente invisible y que no deja huella.

El propio niño no identifica más que el hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él o de que los demás le excluyen sistemáticamente de los juegos.

Hostigamiento

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la dignidad del niño.

El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de esta escala.

Manipulación social

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social del niño y “envenenar” a otros contra él.

Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente de la víctima. Se cargan las tintas contra todo cuanto hace o dice la víctima, o contra todo lo que no ha dicho ni ha hecho.

No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen social de la víctima acosada, muchos otros niños se suman al grupo de acoso de manera involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso que recibe, incurriendo en un mecanismo denominado “error básico de atribución”.

Coacción

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad.

El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que fuerzan o tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. Los que acosan son percibidos como poderosos, sobre todo, por los demás que presencian el doblegamiento de la víctima.

Con frecuencia las coacciones implican que el niño sea víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias sobre sí o sobre sus hermanos.

Exclusión social

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al niño acosado. El “tú no”, es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente al niño.

Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, impedir su participación en juegos, se produce el vacío social en su entorno.

Intimidación

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño.

Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar.

Amenaza a la integridad

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las amenazas contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante la extorsión.

Causas

El agresor ó acosador: características psicológicas y entorno familiar

Aunque el acosador escolar no tiene por qué padecer ninguna enfermedad mental ó trastorno de la personalidad grave, presenta normalmente algún tipo de psicopatología. Fundamentalmente, presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva.

La carencia de empatía explica su incapacidad para ponerse en el lugar del acosado y ser insensible al sufrimiento de este.

La presencia de distorsiones cognitivas tienen que ver con el hecho de que su interpretación de la realidad suele eludir la evidencia de los hechos y suele comportar una delegación de responsabilidades en otras personas. Así, normalmente responsabiliza de su acción acosadora a la víctima, que le habría molestado o desafiado previamente, con lo que no refleja ningún tipo de remordimiento respecto de su conducta (los datos indican que, aproximadamente, un 70% de los acosadores responden a este perfil).

La psicología actual, por otra parte, identifica en los acosadores escolares la existencia probable de una educación familiar permisiva que les puede haber llevado a no interiorizar suficientemente bien el principio de realidad: los derechos de uno deben armonizarse con los de los demás.

La consecuencia es la dificultad para ponerse en el lugar del otro por una carencia de altruismo vinculada a un ego que crece a costa de los demás, meros instrumentos a su servicio, y que tiene un umbral de frustración muy bajo. Algunos autores denominan a este tipo de niño como chico tirano ó niño tirano.

El niño mal educado en la familia probablemente reproducirá en la escuela los hábitos adquiridos. Ni respetará, ni empatizará con los profesores, ni con sus compañeros. Sus frustraciones quizá le lleven a elegir un cabeza de turco. A menudo será aquel compañero que le haga patentes sus limitaciones y carencias, o que, simplemente, le parezca vulnerable.

El entorno escolar

Se puede dar el caso de que la ausencia en clase (o, en general, en el centro educativo) de un clima adecuado de convivencia pueda favorecer la aparición del acoso escolar. La responsabilidad al respecto oscila entre la figura de unos profesores que no han recibido una formación específica en cuestiones de intermediación en situaciones escolares conflictiva, y la disminución de su perfil de autoridad dentro de la sociedad actual.

La televisión

El mensaje implícito de determinados programas televisivos de consumo frecuente entre adolescentes que exponen un modelo de proyecto vital que busca la aspiración a todo sin renunciar a nada para conseguirlo, siempre y cuando eso no signifique esforzarse o grandes trabajos, constituye otro factor de riesgo para determinados individuos.

Los expertos han llegado también a la conclusión de que la violencia en los medios de comunicación tiene efectos sobre la violencia real, sobre todo entre niños.  Se discute, no obstante, el tipo de efectos y su grado: si se da una imitación indiscriminada, si se da un efecto insensibilizador, si se crea una imagen de la realidad en la que se hiperboliza la incidencia de la violencia, etc
En conclusion la television con alto riesgo de violencia afecta a los niños, en el sentido de querer y tratar ser como ellos ( tipos de modelo prototipo).

Se estima que la intervención simultánea sobre factores individuales, familiares y socioculturales, es la única vía posible de prevención del acoso escolar. La prevención se puede realizar en distintos niveles.

Prevención

Una prevención primaria sería responsabilidad de los padres (apuesta por una educación democrática y no autoritaria), de la sociedad en conjunto y de los medios de comunicación (en forma de autorregulación respecto de determinados contenidos).

Una prevención secundaria sería las medidas concretas sobre la población de riesgo, esto es, los adolescentes (fundamentalmente, promover un cambio de mentalidad respecto a la necesidad de denuncia de los casos de acoso escolar aunque no sean víctimas de ellos), y sobre la población directamente vinculada a esta, el profesorado (en forma de formación en habilidades adecuadas para la prevención y resolución de conflictos escolares).

Por último, una prevención terciaria serían las medidas de ayuda a los protagonistas de los casos de acoso escolar.

Resolución de conflictos

Pese a que la figura del acoso en general atiende a un concepto de negación del conflicto al tratarse de un maltrato soterrado (incluso para la víctima, pues a ella le declaran la guerra en secreto, nunca abiertamente), tal vez podría hablarse de conflicto para simplificar el acercamiento a la materia. Y es que el conflicto forma parte de la vida y es un motor de progreso, pero en determinadas condiciones puede conducir a la violencia.

Para mejorar la convivencia educativa y prevenir la violencia, es preciso enseñar a resolver conflictos de forma constructiva; es decir, pensando, dialogando y negociando. Un posible método de resolución de conflictos se desarrolla en los siguientes pasos:

  • Definir adecuadamente el conflicto.
  • Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia.
  • Diseñar las posibles soluciones al conflicto.
  • Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a cabo.
  • Llevar a la práctica la solución elegida.
  • Valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados, repetir todo el procedimiento para tratar de mejorarlos.

Una buena idea puede ser la de ir escribiendo las distintas fases del proceso, para facilitar su realización. En los programas de prevención de la violencia escolar que se están desarrollando en los últimos tiempos, se incluyen la mediación y la negociación como métodos de resolución de conflictos sin violencia.

DEFENDAMOS BUENOS AIRES será DEFENDAMOS A LOS CHICOS.

Próximamente Defendamos Buenos Aires creará un área que funcione como un Defensor del Menor, de modo de establecer una línea de ayuda contra el acoso escolar (anti-bullying), a través de la cual un equipo de psicólogos y expertos en seguridad infantil que serán convocados para trabajar ad-honorem y de ese modo lograr prestar ayuda a los chicos y chicas que sufren esta situación que causa dolor, miedo é incluso en casos extremos puede llegar a la muerte.

FUENTE: http://javiermiglino.blogspot.com.ar/2011/09/acoso-escolar-o-bullying-como-actuar.html

Ideología del puticlub

 

Por Luis Bruschtein

Puede haber un juez que se dedique a la explotación de la prostitución y le lluevan los millones. Hay de todo en la viña del señor. Lo que no resulta creíble es que haya un juez de la Corte que se dedique a alquilar para la prostitución cuatro departamentos que están a su nombre. Es un negocio, a lo sumo, de unos miles de pesos por mes, que además los podría obtener si los alquilara para vivienda, para turistas o para oficinas.

Es tan evidente ese argumento que termina por generar muchas dudas sobre los denunciantes. ¿Realmente piensan que Zaffaroni se dedica al negocio de la trata de personas? Lo que empezó como una nota sobre los “puticlub” de Zaffaroni en un periódico amarillista de la editorial Perfil luego fue convertido en denuncia judicial con esos recortes. La denuncia la hizo una agrupación, La Alameda, que ha realizado muchas denuncias serias sobre trabajo esclavo, pero que en los últimos dos o tres años se ha mostrado muy cercana al cardenal Jorge Bergoglio. La denuncia después fue tomada por dirigentes políticos de la oposición, algunos también próximos a la cúpula eclesiástica.

Mientras la prensa amarilla seguía ensuciando todos los días al juez Zaffaroni, esta asociación La Alameda, que había reciclado los recortes del periódico, se convertía ahora en fuente de información para esos mismos periódicos. Al ciclo perverso de una campaña que se retroalimenta hasta el infinito, con citas de citas, se suman los políticos de oposición pidiendo el juicio político o la renuncia de un juez al que en más de treinta años de ejercer esa función, y de estar bajo la lupa por sus posiciones de avanzada, nunca nadie le conoció un solo acto, no ya de corrupción, sino de falta de ética.

Zaffaroni quizá sea el jurista argentino de mayor prestigio internacional por sus conocimientos y también por sus posiciones progresistas, las que le han ganado más de un enemigo. Cuando Néstor Kirchner propuso a Zaffaroni para integrar la Corte, fue público el malestar del cardenal Bergoglio. La cúpula de la Iglesia, que siempre había intervenido en la designación de los magistrados de la Corte, no fue consultada esa vez por el entonces presidente y fue evidente la conmoción que provocó la designación de un jurista con una visión tan renovadora del Código Penal, y con una expresa defensa de los derechos de las minorías, incluyendo las opciones de género. Para ese sector de la Iglesia, los miembros de la Corte deberían respetar un orden feudal similar al de la propia Iglesia, deberían ser caballeros conservadores respetuosos de la religión, la tradición, la familia y la propiedad y, lo que es más importante, deberían mantener una estrecha relación con la jerarquía eclesial.

Desde esa visión decimonónica es posible creer que alguien que tiene un pensamiento tan abierto sobre los entrecruzamientos que existen entre las formas del delito y las sociedades donde se reproducen, por el solo hecho de pensar de esa manera, sea capaz de alquilar sus departamentos a una red de prostíbulos. Desde esa visión, el que está de acuerdo con el aborto también es una especie de asesino. Todo aquello que no se atiene a la estructura de vigilar y castigar es motivo a su vez de vigilancia y castigo. La proximidad de La Alameda con el cardenal Jorge Bergoglio y su participación en esta campaña en un período electoral podría explicarse desde ese convencimiento.

Desde el punto de vista político, las campañas mediáticas que se vienen realizando en este año electoral tienden a golpear a determinados hechos cuyos contenidos simbólicos fueron llenando de significados a estos treinta años de democracia, pero que están muy referenciados con el kirchnerismo porque fueron puestos en ese lugar por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para reconstruir una democracia que había llegado al borde del abismo en el 2001.

La campaña contra las Madres de Plaza de Mayo utilizó una estafa en la que las Madres fueron las víctimas para ensuciarlas como si ellas hubieran sido las estafadoras. El caso Schoklender tuvo un desarrollo similar al que está teniendo el de Zaffaroni. La denuncia contra las Madres estalló poco antes de las elecciones en la Capital Federal y la manipulación de la información fue orientada a dar por evidente la complicidad de Hebe de Bonafini y del gobierno nacional, cuando en realidad habían sido los perjudicados. Nada fue demostrado todavía en la Justicia, pero la moraleja que deja ese relato es “eso les pasa por meterse con el kirchnerismo”, o “todo lo que parece bueno del kirchnerismo es mugre en el fondo”.

En el caso de Zaffaroni, el jurista se convirtió de alguna manera en el símbolo de una Corte Suprema con características particulares. De lo que más se acusa a este gobierno es de un supuesto desprecio por lo institucional. La política de derechos humanos del kirchnerismo es de los aportes institucionales más importantes que se han hecho a esta democracia. Pero la reorganización de la Corte cuando estaba totalmente desprestigiada fue quizás una de las decisiones más limpias que haya tomado un presidente en estos treinta años. Néstor Kirchner podría haber designado una Corte adicta, pero optó por conformar una con personalidades independientes y de mucho prestigio. No hay antecedentes.

Zaffaroni es atacado como símbolo de esa Corte, que es, a su vez y de manera totalmente involuntaria, el recordatorio de una de las medidas más importantes del kirchnerismo que, al igual que los juicios y las condenas a los represores, se instalan en un universo que deja de ser partidario para darle contenido, identidad, a una democracia que trabajosamente trata de echar raíces en la sociedad. Las Madres, los juicios, o esta Corte moderna e independiente pasan a ser iconos de esa construcción porque la sociedad los acepta así y los siente como un logro colectivo, no partidario, aunque estén tan referenciados con el kirchnerismo.

La referencia política tan fuerte del kirchnerismo sobre esta etapa de la democracia es porque asumió en un momento de crisis total de la etapa anterior. Es como si hubiera empezado un cuaderno en blanco. Era una sociedad que había sido llevada a una profunda crisis económica y de representación política. Una sociedad con profunda desconfianza.

Si se quiere pulverizar ahora al kirchnerismo como fuerza política, entonces se busca romper el vínculo entre esos símbolos sociales y sus referencias políticas. Si el vínculo no se puede romper porque es algo inherente al símbolo mismo, entonces hay que destruir al símbolo o por lo menos ensuciarlo para sacarlo de ese lugar. Así como se quiere dar la idea de que las Madres se corrompieron porque entraron en contacto con el kirchnerismo, de la misma manera se quiere mostrar que la Corte que se designó durante el mandato de Néstor Kirchner es tan sucia como la de Carlos Menem.

El peligro es que, con ese impulso, las operaciones mediáticas de este proceso electoral empujan por retrotraer todo de regreso al 2001, al caos por desconfianza y vacío de contenidos. Lo que hay de estabilidad entre el 2001 y el presente es el kirchnerismo y por esa razón en ese período se generaron los valores que permitieron sostener el tinglado. Si se rompen esos valores, se va todo para atrás y se puede romper todo de nuevo. En este momento la relación de esos valores con el kirchnerismo es tan fuerte porque no ha habido otros gobiernos que sumaran su aporte a esa identidad en conformación permanente.

Cuando haya otros gobiernos, esa fuerza del vínculo será más relativa. Por eso, la oposición tendría que poner su esfuerzo más en ganar las elecciones que en destruir la imagen del kirchnerismo ensuciando a las Madres, a las Abuelas y a la Corte Suprema y, por lo menos, tendría que poner distancia con las operaciones de los grandes medios que están sostenidos por el interés corporativo afectado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los grandes medios tienen sus motivos, la cúpula de la Iglesia tiene los suyos y los tienen a su vez los sectores de la oposición política que están dispuestos a arriesgar el prestigio para ponerse a su servicio. De esa conjunción difícilmente salga algo bueno.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-173914-2011-08-06.html