¿Por qué quieren que una máquina vote por vos? Simple, para manipular tu voto.

¿Estás dispuesto a poner en riesgo el secreto y la validez de tu voto en nombre del apuro y una falsa modernidad?

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Vot no https://elgatoylacaja.com.ar/vot-no…

NICOLAS D’IPPOLITO octubre 31, 2016 a las 9:41 AM
Hablemos de las elecciones. Hablemos de la boleta única electrónica.
Sin preámbulos ni entrada en calor, hablemos de la posibilidad de que alguien pueda manipular las máquinas que usaríamos para votar. Podemos empezar por prestar atención al siguiente fragmento de código:
[…]
read_unlock(&tasklist_lock);
if (flag) {
retval = 0;
if (options & WNOHANG)
goto end_wait4;
retval = -ERESTARTSYS;
if (signal_pending(current))
goto end_wait4;
schedule();
goto repeat;
}
if ((options == (__WCLONE|__WALL)) && (current->uid == 0))
retval = -EINVAL;
else
retval = -ECHILD;
end_wait4:
current->state = TASK_RUNNING;
remove_wait_queue(&current->wait_chldexit,&wait);
return retval;
}
Es importante verlo detenidamente, sé que parece tedioso pero vale la pena el esfuerzo. Acá va de nuevo:
[…]
read_unlock(&tasklist_lock);
if (flag) {
retval = 0;
if (options & WNOHANG)
goto end_wait4;
retval = -ERESTARTSYS;
if (signal_pending(current))
goto end_wait4;
schedule();
goto repeat;
}
if ((options == (__WCLONE|__WALL)) && (current->uid = 0))
retval = -EINVAL;
else
retval = -ECHILD;
end_wait4:
current->state = TASK_RUNNING;
remove_wait_queue(&current->wait_chldexit,&wait);
return retval;
}
¿Qué es lo importante de este código? Que no es uno, son dos distintos, con una pequeña diferencia: uno de ellos tiene un signo ‘=’ de menos. Es la única diferencia, dos miserables rayitas, pero con una implicancia no menor: si el segundo estuviese corriendo en una computadora, ésta podría ser hackeada con facilidad. Se trata de un caso real del año 2003, de código que se encuentra en la parte central del sistema operativo Linux. La diferencia entre la versión correcta y la que te hace sonar es tan sutil que es muy difícil de detectar, incluso por expertos (para ser riguroso, este caso se detectó con facilidad porque se trató de una modificación a un código ya existente y hay herramientas que muestran sólo aquellas líneas que cambiaron, que en este caso eran sólo dos, cuando hay que auditar una pieza de software desde cero no se cuenta con esa ventaja).
Me adelanto a la objeción: si fuera tan difícil, ¿cómo saben las empresas que venden software que sus productos no tienen fallas? La respuesta es muy sencilla: no lo saben. Y no se trata de que en su ansia desmedida por apropiarse de la renta saquen productos a medio cocinar. Bueno, a veces un poquito sí, pero hay dificultades mucho más de fondo.
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Lo que acabas de leer corresponde a la primera parte de un trabajo publicado por Nicolás D’Ippolito, investigador del CONICET, profesor de la UBA, experto en ingeniería de Software, doctorado en Londres.

Lean la nota completa, no hace falta ser experto para entenderla: https://elgatoylacaja.com.ar/vot-no…

Sí hay que ser experto para fiscalizar. Raro, ¿no?

Los puntos principales de la nota, que explican muchas de las mentiras que venimos escuchando en estos días sobre este tema.

“Entender cómo funciona la tecnología digital nos da herramientas para poder mirarla con ojos críticos. Justamente por eso entendemos sus limitaciones, como lo hacen casi todos los países desarrollados (para nada tecnofóbicos), que siguen votando en papel.”

1. Y si se cae el sistema?

Algo que sabemos hace mucho en el mundo del software es que uno no puede tener garantías de que no hay fallas, y a lo que debe apuntar es a tener un muy alto nivel de confianza en que el sistema en cuestión funcione como se espera.
¿Qué tan grave es que falle el software? Bueno, si falla Tinder, tal vez nuestros genes no se propaguen (quién te dice, terminamos haciendo un bien a la humanidad). Ahora, si falla un marcapasos, uno pensaría que es bastante más grave. Pero, ¿y si el software altera o permite alterar un resultado electoral? Como el marcapasos, pero de escala país. A eso se lo conoce como la criticidad, es decir, qué tan graves son las consecuencias de que falle un sistema.
Cuando se trata de software crítico a lo que debe apuntarse es a hacer nuestro mejor esfuerzo para disminuir la chance de que ese software tenga fallas. Cabría preguntarse por qué se usa software en esos casos si no puede garantizarse que sea seguro. La respuesta es simple: porque las otras alternativas que podrían cumplir las mismas funciones o bien no existen o también pueden fallar.
Tener un alto grado de confianza en un sistema tan crítico como el que interviene en una elección requiere de mucho tiempo de trabajo por parte de un grupo de expertos, que utilizará técnicas como inspección ocular, revisión entre pares, testing, análisis estático y dinámico de código, penetration testing (no relacionado con Tinder) y un largo etcétera durante un periodo prolongado de tiempo. Los hallazgos de ese trabajo realimentarán el proceso de diseño y programación del sistema, y el proceso de prueba deberá recomenzar. Pero, ¿qué pasa en el caso de una elección? ¿Es posible que todos estos controles no sean suficientes? Sí.

2. Debe haber una computadora por fiscal, para poder comprobar el software instalado en la máquina.

Llega el día de la elección, viene el empleado del correo con una de esas máquinas que por acto(s) de fe suponemos que no tienen problemas. Trae también su CD o pendrive con el código de máquina que es lo que define qué pasará realmente con ella, y cada uno de los fiscales partidarios chequea con su computadora (que tienen, porque la VAN a necesitar, así que asumimos que hay una computadora para CADA fiscal) si la firma digital de ese CD o pendrive coincide con el que fue compilado delante de todos. Esto es absolutamente indispensable, porque si los fiscales no pueden corroborar individualmente que el software que se instala en cada máquina es el auditado, no sólo existe la posibilidad real de que se instale otro, sino que además se deja abierta una puerta para que cualquiera disconforme con el resultado lo atribuya a una adulteración y tenga un punto muy fuerte a su favor.
Todo esto supone además que no hay que hacer ninguna modificación de último momento (como que la justicia autorice algún cambio en las listas o en la forma de presentarlas, algo que es muy usual), porque habría que repetir todo el proceso de nuevo, ya que cambia el código fuente, el código de máquina y la firma digital.

3. Una máquina adulterada puede cambiar tu voto

Recordemos que, en el formato ‘boleta electrónica’, el ciudadano elige a sus candidatos y la máquina debe grabar su elección de forma digital y además imprimirlo en formato legible. Una máquina comprometida o adulterada podría imprimir al candidato A en letras y grabar digitalmente al B.
No tiene que hacerlo siempre, que sería muy obvio, puede hacerlo en una cantidad estadísticamente pequeña de casos, lo suficiente como para asignarle una banca de más o de menos a algún partido, o definir un ballotage muy parejo para una presidencia (pongamosle un 51 a 49 hipotético, o recordemos también el referendum en Colombia donde el No acaba de ganar con 50,2% de los votos).

4. Pretenden criminalizar a quienes encuentren fallas en el sistema

Unos investigadores independientes reportaron un defecto en el sistema usado en la CABA para las elecciones para Jefe de Gobierno de 2015: permitía cargar varios votos a la vez, algo que ninguna de las auditorías oficiales había notado. Otro investigador descubrió un manejo poco seguro del mecanismo de encripción utilizado, lo que permitía que cualquiera mandara al centro de cómputos resultados como si fuesen oficiales. Lo reportó antes de las elecciones y por supuesto que fue automáticamente respetado y tratado con cuidado. O no: fue allanado y enfrentó un proceso judicial que duró casi un año (así como al pasar, durante ese proceso se determinó que los servidores de la empresa que brindó el servicio habían sido hackeados), con altos costos, hasta que finalmente la justicia determinó que no había cometido ningún delito (y hasta que había dado una genuina mano identificando los problemas). Porque si hay algo que querés cuando reportás un bug en un sistema público crítico es que te traten como un peligroso delincuente y te secuestren todos los aparatos electrónicos, incluyendo compu, laptop, Kindle, y una licuadora que parece que miraba fijo a uno de los gendarmes.

5. Se oponen a que el escrutinio sea manual

Una objeción que se escucha con frecuencia es que está previsto el escrutinio manual. Analicemos esta posibilidad basándonos en los datos duros del informe final de la Defensoría del Pueblo de la CABA sobre la elección para Jefe de Gobierno de 2015. Según este informe, ‘una vez cerrada la mesa, el 83,9% de los presidentes pudo realizar el escrutinio sin inconvenientes. Durante el conteo de votos, sólo el 10,1% de las mesas contó con fiscales que realizaron algún reclamo’. Esto significa que hubo cerca de 730 mesas con reclamos. A 300 votantes por mesa, hay unos 219000 votos en cuestión, muy por encima de los 54000 que definieron la elección en CABA y peligrosamente cerca de los 300000 votos de diferencia que definieron el ballotage presidencial de ese mismo año. De ese informe surge también que un 26,2% de los votantes dijo no haber verificado que el voto impreso coincidiera con lo que había elegido.
Pero además, aún en el caso en que todas las mesas electorales corroboraran el escrutinio electrónico con uno manual, el manual es sólo corroboración de una planilla que se graba digitalmente en otra boleta electrónica. De nuevo, un software malicioso podría hacer que la grabación tenga cifras adulteradas incluso cuando la propia máquina las siga mostrando como correctas. O tal vez la manipulación podría hacerla la máquina que lee la tarjeta y manda la información a través de Internet hacia el centro de cómputos (que a su vez podría tener software adulterado o hackeado como el de CABA en 2015). No sé cómo vienen ustedes, pero a esta altura ya perdí la cuenta sobre la cantidad de saltos de fe.

6. Un ciudadano sin conocimientos especiales no puede auditar la votación

Hay que tener memoria, algo que las computadoras también tienen. Justamente el tema de la memoria es central en el argumento de la Corte Suprema de Alemania que, en el año 2009, prohibió el uso de urnas electrónicas porque contradice el principio de que todos los pasos de la elección estén sometidos al escrutinio público sin requerir conocimientos técnicos especiales.

7. Desaparece la transparencia para el ciudadano común no informático

Si pudiera elegir un sólo párrafo para ser recordado de todo este texto (que intenta ser exhaustivo respecto de las múltiples aristas a considerar en la adopción o no del voto electrónico y sus variantes), sería éste: si dependemos de un proceso técnicamente inaccesible para la enorme mayoría de nosotros (salvo los expertos en desarrollo de sistemas de votación electrónica), la transparencia del sistema para el ciudadano común desaparece.

8. La mentira de “son sólo impresoras”

Muchas veces se revolea el argumento de que las máquinas de votación son solamente impresoras. Es un argumento casi gracioso porque las impresoras de hoy en día son solamente otro tipo de computadoras y, como tales, también tienen memoria. Y pueden usar esa memoria para registrar que, por ejemplo, el primer votante votó por A, el segundo por B, el tercero por A de nuevo, y así siguiendo. Con el simple expediente de ir contando, todos los fiscales partidarios pueden saber quién votó primero, quién segundo, etc. No sólo los fiscales, basta con poner a un chabón a fumar en la puerta del cuarto oscuro. Es decir, no alcanza con que el sistema no manipule los resultados, también hay que garantizar que no registre información de más.

9. Tampoco elimina la necesidad de fiscales, ni garantiza el secreto del voto

Por otra parte, es poco verosímil y hasta peligroso que una fuerza política acepte dejar la máquina de votación sin supervisión, con lo que la implementación de mecanismos electrónicos tampoco elimina la necesidad de fiscales.
Para los fiscales, el sistema actual podría mejorarse en varios puntos, pero el hecho de poder entrar por la web y ver si el telegrama escaneado tiene tu firma y si la planilla electrónica coincide con lo que está escrito a mano y con tu copia del acta es un punto de control muy fuerte.
Dada la propuesta actual de voto electrónico, con tener fiscales no alcanza, porque en definitiva los puntos de control establecidos de nada sirven si se pierde el secreto del voto, si lo que se graba en la boleta no refleja la voluntad del elector en todos los casos, o si luego esa información es nuevamente volcada a otra computadora que puede manipularla en el proceso.

10. Transforma el voto ciudadano en una discusión de expertos, por lo tanto, en algo excluyente

El sistema está intrínsecamente viciado porque el piso mínimo necesario para entender el proceso electoral electrónico, auditarlo y participar de su control, se vuelve prácticamente inalcanzable. Pasa de requerir habilidades que se adquieren en la escolaridad básica a volverse una discusión de expertos, cerrada, críptica, y por ende, excluyente.
Somos los ciudadanos y ciudadanas comunes, los que armamos ese nosotros bien grande que trasciende lo que nos aúna y lo que nos separa, los que queremos poder votar de forma secreta y segura, y que nuestro voto se escuche. Que se escuche cristalino, sin intermediarios, dudas o mugre.
Que se escuche exactamente como lo manifestamos, aún cuando el resultado no nos guste, pero sabiendo que genuinamente nos representa.

El vértigo

Vértigo

Por José Pablo Feinmann

Las palabras son las que permiten la comunicación entre las personas. Las personas son humanas e inhumanas. Su praxis es el ser. No el lenguaje. No viven en la morada del lenguaje. Viven en la praxis humana. El ser es praxis. Se han arrojado muchas frases durante los últimos meses. Algunas son livianas y hasta risueñas. Otras meten miedo. La palabra tarifazo hiela el alma. Es sólo un ejemplo. La palabra angustia remite a Kierkegaard. Pero no importa, porque se la dijeron a un rey borbónico. Que los hombres de Mayo se angustiaron al alzarse contra el poder hispánico. Eso le dijeron. Las cosas que se dicen.

El presidente ha dicho muchas. Ahora hay algunos y hasta varios que no lo quieren. Qué cosa. Ver para creer. Quién diría. Lo que ha hecho este hombre en tan breve tiempo. Incluso los que lo votaron no salen de su asombro.

Pero, ¿será él quien hizo todo este desmadre? Si él no tenía discurso propio. ¿O no le soplaban lo que debía decir? Un hombre que no tiene libreto propio –o no adhiere lúcidamente a ninguno– es un hombre sin ideas. Sin embargo, algunas tendrá. O, sin duda, será alguien de suficientes espaldas como para asumir la responsabilidad de tenerlas y aplicarlas.

Se acabó la joda, por ejemplo. Eso dijo. La joda es el populismo. Quién no lo sabe. Esa terquedad en distribuir y someter al pueblo con la demagogia. Populismo. Y ahí está el punto. Los que gobiernan en serio están siempre en lo macro. Acertaron, el desborde de la copa. Pero, hay que llegar ahí. Calma, paciencia, invierno. El invierno fue frío y hasta despiadado. Ni el de Alsogaray.

La piedad no va con lo macro. La frase que hizo grandes a los grandes norteamericanos fue está despedido. No esa patraña que inventaron Roosevelt y Keynes. El Estado Benefactor, el pleno empleo y productos para el mercado interno. No, está despedido. Flexibilizar es racionalizar. Racionalizar es sincerar la economía.

Dicen: si algún defecto tenemos es ése, la sinceridad. Cuando le decimos a alguien que lo echamos, lo echamos. Uno de los nuestros dijo es espantoso, pero necesario.

Qué importan los estragos si los frutos son placeres, o no mató a miles de seres Tamerlán en su reinado. Un poemita de Goethe que Marx cita sin incomodarse. Admiraba a la burguesía. Como nosotros. Nos diferenciamos de ese cabezón en que él imagina un horizonte de libertad para los colonizados, nosotros no confiamos en el proletariado. Creemos que los burgueses, cuando estragamos a los otros, les hacemos un bien.

Eso quiso decir nuestro hombre. Espantoso, pero necesario. Y eso que lo dijo cuando apenas sumábamos doscientos mil despedidos. Ahora, los frutos y los placeres aumentaron. El espanto también. Pero que se unan a nosotros por medio del espanto. Eso queremos. Fue clara y precisa la frase de nuestro máximo escritor. No nos une el amor sino el espanto. También nuestro funcionario, que es culto, invocó a Maquiavelo. Entre ser querido y ser odiado, el Príncipe debe elegir ser odiado. Ser temido. Provocar espanto. No amor. Es nuestro programa de gobierno.

El neoliberal no se preocupa por la adhesión de las masas, esa pasión demagógica de los populistas. Ser demagogo da grasa. El neoliberal prefiere al ciudadano, que goza de buena salud, que es, en suma, sano.

Para peor, se solaza con las depresiones de quienes debieran enfrentarlo. La oposición, en esta experiencia que vivimos en nuestro país, que es de ellos, se disemina, se diluye, se agota en la crítica. El vértigo del gobierno la tiene contra las cuerdas.

Se sabe que el mundo fue y será una porquería. Pero hoy, exagera. Calderón, en el siglo de oro español y en su obra La vida es sueño, larga genialmente esa frase que se adelanta a Heidegger y Sartre. Esa, que el delito mayor del hombre es haber nacido. Hoy pareciera, entre el vértigo del gobierno y las divisiones, el individualismo de la oposición, que la mayor desgracia es haber nacido argentino. Se trata de actuar en contra de este postulado. Que es espantoso, pero no necesario.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-310195-2016-09-25.html

Brotes verdes

LAS COMPRAS DE DOLARES PARA ATESORAR Y PARA VIAJAR AL EXTERIOR SUMAN 25.728 MILLONES DESDE EL COMIENZO DEL GOBIERNO DE MACRI HASTA FIN DE AGOSTO.

Sin señales de recuperación económica pese al deseo de la red de voceros oficiosos, lo único que se mantiene firme es la fuga hacia el dólar, que está siendo atendida por un vertiginoso endeudamiento externo.

 Por Alfredo Zaiat

Las cifras que proporciona el anexo estadístico del balance cambiario del Banco Central son muy ilustrativas de los brotes verdes en la economía. En el período enero-agosto, la demanda para atesoramiento de dólares, ahorro en divisas transferido al exterior y turismo a otros países fue de 23.106 millones de dólares. Brote verde es la figura botánica que economistas ofrecen para explicar el inicio de una recuperación del nivel de actividad. El único que hoy muestra la economía de Macri es la compra de dólares pese al esfuerzo de su amplia red de voceros de que sean de la actividad económica. Si se agregan las compras de diciembre a partir del día 10, cuando comenzó la liberalización del mercado cambiario con la nueva administración, la suma trepa a 25.728 millones. Este monto es el principal indicador para evaluar la intensidad de la presión cambiaria en la gestión macrista. Si no fuera por la inmensa red oficial de sugestión colectiva desplegada en estos meses, esta impresionante dolarización de activos sería anotada como una de las corrida cambiarias más impresionante de los últimos años.

Restado los ingresos de dólares contabilizados en esos rubros, el resultado neto sigue siendo igual muy elevado, al sumar 14.599 millones desde el inicio del gobierno de Macri hasta fin de agosto. Es en el período que teóricamente hubo un shock de confianza en el mundo de los negocios. Hasta ahora, más allá de deseos de funcionarios y consultoras de la city macristas, el único brote verde de la economía es la fuga de ahorro en pesos hacia el dólar. Este acelerado proceso de dolarización fue atendido con los billetes obtenidos del vertiginoso endeudamiento externo a nivel nacional, provincial y del sector privado. Otra vez, como en el ciclo económico iniciado en 1976 que estalló en el 2001, la deuda externa esta financiando la fuga de capitales.

Es tal el desequilibrio de las cuentas fiscales provocado por el Ministerio de Finanzas y Deshacienda y la intensidad de la corrida cambiaria que el ritmo de endeudamiento externo no puede detenerse pese a la promesa oficial. El gobierno necesita más dólares para cubrir el déficit fiscal auto infligido, por la eliminación de aranceles de exportación (retenciones) y reducción de impuestos, y la recesión económica que deteriora los ingresos tributarios. También los necesita para atender la demanda creciente de divisas que se fugan y para cubrir la demanda para viajes al exterior. Para no desentonar con la devaluación rápida de la palabra oficial en estos meses, Finanzas anunció que habrá una nueva emisión de deuda en mercados europeos. El secretario Deutsche Bank de Finanzas, Luis Caputo, había asegurado en un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba, a principios de mayo, que el país no volvería a tomar deuda del exterior hasta el 2018. Hace pocos días el ministro Alfonso Prat-Gay adelantó que antes de fin de año el gobierno emitirá un bono nominado en euros.

Dolarización

No hay lluvia de inversiones ni shock de confianza en los primeros diez meses de la administración Macri. Los discursos de apoyo y de satisfacción de corporaciones locales y extranjeras por las políticas pro mercado son útiles para encubrir una acelerada dolarización de activos, en niveles iguales o superiores a las peores corridas padecidas por el kirchnerismo, en 2008 y 2011. El elemento diferente es que las actuales autoridades no consideran que la fuga sea un problema, e incluso el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, manifiesta despreocupación por esa dolarización o por el stock de reservas. Afirma que la apertura plena de la cuenta capital (ingreso sin restricciones de capitales especulativos y facilidad de endeudamiento externo) no exige acumular reservas. Asegura además que la reducción de la tasa de inflación desalentará la compra de dólares y fortalecerá las colocaciones en pesos. En caso de alcanzar el objetivo de una desaceleración de precios, en situaciones similares, como en la convertibilidad, no hubo una menor dolarización, por el contrario, se profundizó. La respuesta que ofrece Sturzenegger es que ahora el tipo de cambio es libre, y que su ajuste lo definirá el mercado. Lo que minimiza el titular del Central es que en ese esquema puede avanzar el atraso del tipo de cambio, y en ese caso también aumentará la presión compradora de dólares, y si por el contrario se produce una devaluación habrá un nuevo shock inflacionario, lo que desalentará la inversión en pesos y fortalecerá la opción de acumular dólares.

Esa tendencia a la dolarización de ahorros por una u otra expectativa de los agentes económicos (atraso cambiario o devaluación) se profundizó en julio pasado cuando las compras en bancos y casas de cambio se ubicaron en un piso de 1500 millones. Al mes siguiente las compras brutas de billetes totalizaron 1567 millones concretadas por unos 647.000 clientes. Casi la mitad fue por operaciones de hasta 10.000 dólares. El Central eliminó el monto tope para la adquisición mensual de dólares por cliente. Primero repuso el máximo de 2 millones mensuales, luego lo elevó a 5 millones, para finalmente dejarlo sin límite. De ese total de compradores contabilizados por el Central en agosto pasado, 38.820 personas o empresas (6 por ciento) concretaron operaciones por encima de 5 millones sin justificar cuál sería el destino de esos dólares. A esas transacciones se le agregaron las compras de dólares canalizadas vía transferencias al exterior de libre disponibilidad, que en ese mes totalizaron 776 millones efectuadas por unos 700 clientes, y más de la mitad por sumas superiores a 5 millones.

El Banco Central reafirma en el último reporte del balance cambiario que las nuevas regulaciones establecen que las operaciones se pueden cursar sin la obligación de justificar con documentación cada una de ellas. Además que las compras de dólares dejaron de estar sujetas a un límite de monto y que se eliminaron las restricciones de acceso al mercado vinculadas a operaciones de derivados con contrapartes del exterior. También señala que se simplificaron las normas en materia de pagos de importaciones de bienes y de servicios, rentas, transferencias corrientes y activos no financieros no producidos y que se flexibilizaron las regulaciones en materia de ingreso y cancelación de deudas financieras.

Bicicleta

La amplia desregulación del mercado cambiario está acompañada de una impresionante emisión de títulos de deuda Lebac equivalente a la totalidad de la base monetaria y que terminará devengando intereses por más de 200 mil millones de pesos en el año. Este déficit cuasi fiscal creciente, que tarde o temprano se monetizará, es una presión adicional a futuro sobre la cotización del dólar. Para dilatar ese desenlace de la bicicleta ofrecida en bandeja al sistema financiero, la tasa de interés está siendo mantenida por encima de la inflación proyectada. Pero esa estrategia monetaria y cambiaria ahoga a la actividad productiva, sumergiendo a la economía en un círculo vicioso recesivo.

El millonario costo financiero de las Lebac para desalentar la dolarización de activos, objetivo que apenas lo está logrando, tiene como resultado un acelerado deterioro patrimonial del Banco Central. La entidad monetaria también ha instrumentado una política que ha derivado en una perdida de calidad en la integración de reservas (casi toda es en dólares de deuda externa) y ha dispuesto una desarticulación de la normativa de regulación financiera. Es un combo de medidas que constituye una fuente de inestabilidad inquietante. Se trata de una lógica neoliberal en desuso puesto que las propuestas de organismos internacionales conservadores (FMI, Bank for International Settlements – BIS-) orientan a que las bancas centrales de economías periféricas dispongan de mecanismos macroprudenciales básicos para minimizar los riesgos de crisis: control de capitales especulativos, acumulación de reservas, evitar el descalce de monedas. La gestión de Sturzenegger hace todo lo contrario.

La aceleración de la dolarización está poniendo presión sobre las reservas, que sólo se están alimentando de divisas que ingresan por vía de deuda. En el lapso enero-agosto, la inversión extranjera directa sumó apenas 1642 millones de dólares, pero la remisión de utilidades y dividendos a casas matrices totalizó 1916 millones. El saldo fue negativo en 274 millones. En lugar de una lluvia de inversiones, hasta ahora lo que ha sucedido es un retiro de fondos neto de la economía argentina por parte de empresas internacionales, agentes económicos a los que el gobierno está dirigiendo todo su esfuerzo de convocatoria. Sólo se han registrado ingreso de capitales de carácter especulativos, atraídos por elevadas tasas de interés de las Lebac y para jugar en la plaza bursátil con acciones y bonos. El monto de esos capitales fue de 1291 millones de dólares hasta fin del mes pasado, que por sus características resulta ser muy volátil. Permanecen en el mercado mientras pueden acumular una diferencia especulativa hasta que en un momento deciden abandonarlo para realizar ganancias, lo que deriva en inestabilidad financiera. El último informe de FIDE advierte que “el hecho de que el magro aumento de las reservas internacionales esté constituido por dólares ‘prestados’ se suma al listado de fenómenos que han provocado un aumento de la vulnerabilidad externa”.

Expectativas

El aumento en los despachos de cemento de agosto en 6,6 por ciento respecto al mismo mes del año pasado fue el dato clave para lanzar la campaña oficial “brotes verde”. Funcionarios, analistas que actúan como voceros oficiosos, periodistas que hasta hace poco se hacían denominar independientes y consultores de la city empezaron a difundir que ese indicador de consumo de cemento es una señal fuerte de la reversión del ciclo recesivo general. Tan entusiasmado estuvieron con las mayores ventas de Loma Negra, Cementos Avellaneda y Holcim (Juan Minetti) que los motivó a sentenciar que ya se produjo el punto de inflexión y se ha iniciado el sendero del crecimiento. En los últimos días medios oficialistas han empezado a dibujar escenarios positivos para los próximos meses cuando no existen indicadores consistentes de salida de la recesión. Es un aporte al optimismo fomentado por el departamento de propaganda y realidad virtual de la Jefatura de Gabinete de Ministros, concentrado en construir expectativas positivas acerca de las perspectivas económicas y en montar escenas publicitarias insólitas, como la un viaje simulado del presidente en un colectivo del conurbano. Sin subestimar la probada capacidad de esa dependencia pública de influenciar sobre un sector de la sociedad para convencerla de la existencia de una mejoría general pese a la caída real de su poder adquisitivo, la información de cada uno de los sectores industriales de agosto muestra resultados negativos sin señales por ahora de un cambio de esa tendencia. Por el momento, en los casi diez meses de gobierno de Mauricio Macri, el único brote verde que se ha consolidado fue la compra de dólares para atesoramiento y compra de pasajes y viajes al exterior.

azaiat@pagina12.com.ar

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-310234-2016-09-25.html

La Globalización y el Consenso de Washington *

La herramienta para generar las condiciones para la dominación hegemónica es “La Globalización”, obviamente se trata de instalar una única posición de los Estados con respecto al mercado. Esto es, que los Estados abandonen un rol protagónico de políticas productivas, protectorias y promotoras del desarrollo industrial, para dejarlo en manos de organismos financieros internacionales como el FMI y el BM, organismos que abordan los problemas con una perspectiva estrechamente ideológica que en la mayoría de los casos han producido grandes desequilibrios sociales que se traducen en mayor pobreza, mayor desigualdad, y en la frustración de procesos de desarrollo en la mayoría de los países que sometieron a “sus recetas de intención”.

En muchos casos, el FMI orientaba la actividad del Estado para que dejara que la actividad privada ocupara ese lugar, sin contemplar que lo que mueve los intereses privados es la maximización de la tasa de ganancia, por lo cual todo aquella actividad que no resultara ventajosa para el sector privado era inmediatamente abandonada, con la resultante de abandono a la población. Stiglitz, nos ilustra con una enorme cantidad de casos alrededor de todo el planeta de la implementación y los resultados de estas “políticas”.

Argentina es un caso modelo -leading case- donde se destruyó toda la matriz productiva, con el consecuente incremento de la tasa de desocupación y la generación de un robusto ejercito de reserva (desocupados en espera de lograr un puesto de trabajo) y con ello de la pobreza, con una economía en recesión, debilitando a la llamada “clase media”, colmando el mercado con productos importados que cada vez menos personas podían consumir, hasta el año 2001, donde el modelo económico hizo explosión arrastrando a las capas sociales más vulnerables, que perdieron su identidad, su pertenencia de clase y su humanidad.

Stiglitz nos ilustra que este tipo de descomposición social perdura mucho tiempo y que revertirlo tambien toma mucho tiempo. Otro elemento que coadyuva la imposición de la globalización es la corrupción basada en el fundamentalismo del mercado, que acompañó los llamados procesos de privatización acompañada de lo que en muchos países se le denominó “sobornización”.

Otro elemento de gran importancia en este proceso, fue la liberación de los mercados de capitales, que bajo el razonamiento simplista –nos dice Stiglitz- de que los mercados libre son más eficientes, y la mayor eficiencia se traduce en crecimiento.

Estos mercados más eficientes atraerían la “inversión extranjera” que sentaría las bases para el crecimiento, pero la realidad demostró que era lo contrario, puesto que una vez que la empresa internacional expulsaba a los competidores locales, emplea su poder monopólico para subir los precios, convirtiendo con ello en efímero los beneficios de los precios bajos que ofrecería la libre competencia. Lo cierto es que estos capitales ingresan a los países para “acaparar oportunidades de beneficio a toda prisa”. Y es en esa vorágine que ni bien dejan de obtener la maximización de la tasa de ganancias, se retiran con la misma velocidad con la llegaron, dejando a la sociedad con mayor desprotección debido al rol acotado del Estado.

El sector financiero no escapa a esta lógica perversa. Argentina demuestra los riesgos que conlleva la banca extranjera. En nuestro país, antes del colapso del 2001, la banca nacional había llegado a ser dominada por bancos extranjeros, y aunque estos proveen fácilmente de fondos a las multinacionales y a las grandes empresas locales, las pequeñas y medianas empresas se quedaron sin capital y sin posibilidad de obtenerlo, porque el costo del dinero resultaba ser muy alto sin margen de rentabilidad para las pymes. Y en ese escenario, la financiación pública no podía compensar la falla del mercado.

El caso paradigmático: ante la apropiación de los depósitos de la población, los bancos extranjeros establecidos en el país, recurriendo a ficciones jurídicas, se desvincularon de sus subsidiarias evitando con ello asumir la responsabilidad que les correspondía. Es decir, instalaron en el imaginario social que el respaldo era del banco extranjero para lograr la confianza de la población, pero al momento de responder, resultaba que no existía.

Como el FMI forzó recortes en el gasto y subidas en los impuestos, se puso en marcha un círculo vicioso descendente de recesión económica y de agitación social. El sector privado se llevaba los beneficios y el Estado asumía los riesgos.

En cualquier circunstancia, los beneficios prometidos no se concretaron. En muchos lugares los fracasos retrasaron la agenda del desarrollo al corroer innecesariamente el tejido social, resalta Stiglitz.

Las reformas del Consenso de Washington han expuestos a los países a riesgos mayores, y los riesgos han sido soportados desproporcionadamente por quienes eran menos capaces de asumirlos.

El hecho de que tantos de los casos de éxito hayan seguido estrategias marcadamente distintas de las del Consenso de Washington es significativo.

* Extracto del Trabajo Final de “Sociedad y Reforma del Estado” – Facultad de Derecho – UBA 2015-II.

Nota: Las politicas que está implementando el gobierno actual en Argentina que preside Macri se pueden analizar bajo éstas mismas categorias.

Texto Completo: Sociedad Civil y Reforma del Estado

Escrito presentado ante el juez Bonadio por la causa “Dólar Futuro”

Señor Juez:
Cristina Fernández de Kirchner, por mi propio derecho, en la causa Nº 12.152/15 caratulada “Banco Central de la República Argentina s/defraudación…”, en trámite por ante ese Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 22, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Alberto Beraldi (CUIT 20-13430665-4), constituyendo domicilio en Av. Santa Fe 1752, 2º A, a V.S. digo:
I. Objeto.
Que a efectos de ejercer mi derecho de defensa en juicio vengo a efectuar esta manifestación, la cual solicito se incorpore a la causa en el marco de la declaración indagatoria ordenada en autos.
II. Introducción.
1) Cada vez que un Movimiento Político de carácter Nacional y Popular fue derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos.
Sin embargo, los verdaderos motivos siempre fueron los mismos: por un lado, barrer con las conquistas logradas y los derechos adquiridos por la sociedad en sus diferentes estamentos y actividades; por el otro, imponer programas de “ajuste” y endeudamiento -matrimonio indisoluble- utilizando la supuesta corrupción para ocultar ambos objetivos. Con el correr de los años cada uno de esos supuestos “procesos moralizadores” devinieron en formidables transferencias de ingreso y patrimonio de las grandes mayorías a las elites gobernantes y sus grupos económicos vinculados, saliendo a la luz los escandalosos mecanismos de corrupción para hacer operativas esas políticas.
No son pocos los hechos históricos que así lo demuestran. El primer ex Presidente argentino que tuvo que enfrentar a un juez no fue peronista, por una razón muy sencilla: el movimiento nacional y popular en ese momento todavía lo encarnaba el radicalismo y su figura liminar: Hipólito Yrigoyen. Derrocado en 1930 por el primer Golpe Militar de la historia y, oh casualidad, convalidado y legalizado por acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debió sufrir ser investigado por una comisión especial por supuestos hechos de corrupción, siendo encarcelado en la Isla Martín García. Recuperó su libertad merced a un indulto que Yrigoyen rechazó. El día que lo liberaron asumía el General Justo como Presidente de la República Argentina, dando inicio a lo que históricamente se conoce como “Década Infame”, llamada de esa forma por lo que constituyó un período de escandalosa corrupción y entrega del país. Sin embargo, no se detuvieron allí. Lo volvieron a encarcelar y pasó el último año de su vida en Martín García. Eso sí, esta vez no fue por corrupción, lo acusaron de conspiración.
Más tarde, el Movimiento Nacional y Popular se encarna en el Peronismo y en la figura de sus fundadores: Juan Domingo y Eva Perón. Durante sus dos Gobiernos los Derechos y conquistas populares construyen historia y época. Una vez más y tras el derrocamiento del General Perón, el gobierno de facto dictó el Decreto Ley 5143/1955 que creó la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, una comisión especial en franca violación del texto constitucional asignándole funciones jurisdiccionales bajo el “loable propósito” de obtener la incautación de todos los bienes de los que se habrían apoderado los funcionarios corruptos del anterior gobierno.
Pese al grado grosero de afectación de los principios más elementales del Estado de Derecho, hubo magistrados y funcionarios judiciales, incluso de las máximas instancias, dispuestos a justificar semejantes atropellos sin abandonar sus citas leguleyas e invocación de valores éticos que se correspondían con “su ser nacional”.
A título de ejemplo me permito citar el fallo de –una vez más- la Corte Suprema Justicia de la Nación del 21 de junio de 1957, en la causa “Juan Domingo Perón s/ bienes mal habidos”. Aquí en el dictamen del Procurador General ante ese Alto Tribunal se efectúan los siguientes señalamientos:
“1° Que antes de la revolución de septiembre de 1955 el país se hallaba sometido a un gobierno despótico, y en un estado de caos y corrupción administrativa, debido a la acción directa de las personas comprendidas en el decreto ley 5.148/55 y, en especial, a la del recurrente en esa causa.
2° Que uno de los fines primordiales de la revolución fue el de restituir al patrimonio público los bienes adquiridos ilícitamente por las personas indicadas, quienes, como es de pública notoriedad, se enriquecieron inmoralmente aprovechando los resortes del poder omnímodo de que disfrutaba Juan Domingo Perón y del que hacía partícipe a sus allegados…”
Por su parte, en la sentencia aludida, la propia Corte, en referencia al gobierno peronista, decía lo siguiente:
“…Esta opresión innoble sólo ha servido para el auge de la corrupción y para la destrucción de la cultura y la economía, de todo lo cual es símbolo tremendo el incendio de los templos y los sacrosantos archivos de la patria, el avallasamiento de los jueces, la reducción de la Universidad a una burocracia deshonesta y la trágica encrucijada que compromete el porvenir de la República contra la entrega de sus fuentes de riqueza (diario “La Nación”, septiembre 23 de 1955m página 1)”.
Cualquier coincidencia con los discursos y las acciones de actual Gobierno y de las decisiones de algunos sectores del Poder Judicial, no es casualidad.
La historia de dieciocho años de proscripción, lo acontecido en dicho período histórico y finalmente el retorno de Perón al país para ejercer su tercera presidencia me eximen de mayores comentarios.
2) En el año 1976, la dictadura genocida más sangrienta de nuestra historia siguió idéntico camino respecto de las autoridades constitucionales que habían sido derrocadas y de dirigentes que ni siquiera formaban parte de ese Gobierno, es más, algunos eran fuertes opositores al mismo. De esa manera truncaron el proceso democrático impidiendo las elecciones nacionales presidenciales que ya habían sido convocadas. Al momento del Golpe, Argentina era un país industrial donde la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno era casi del 50% y el endeudamiento externo era sumamente bajo y no implicaba condicionamiento alguno.
Así, el 21 de octubre de 1977, en el ámbito del Ministerio del Interior, se creó la tristemente célebre “Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial” (CONAREPA) que incautó no sólo propiedades y bienes correspondientes a la funcionarios del gobierno derrocado, sino también a empresarios, dirigentes políticos y sindicales, todos ellos detenidos exclusivamente por motivos políticos. Eso si, bajo la pátina, siempre conveniente y mediática, de lucha contra la corrupción
También, de manera no menos lamentable, se registran precedentes judiciales que avalaron las ominosas conductas descriptas. Es imperioso señalar que la participación del Poder Judicial siempre se convierte en condición “sine quanon” para este tipo de prácticas. En este sentido, un ejemplo paradigmático es el caso de “Papel Prensa”. En el mismo, todos los bienes de la familia Graiver pasaron a ser administrados por la referida CONAREPA, bajo la mirada complaciente de los jueces de aquellos años y la inactividad de los jueces de hoy. Ha pasado mucho tiempo y todavía los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la familia Graiver se encuentran sin recibir el correspondiente castigo.
Hace pocos días se cumplieron 40 años de lo que fue el Proceso “Moralizador” del 24 de marzo de 1976. Su saldo trágico en materia de violación de DD.HH., endeudamiento, desindustrialización, financierización de la economía, aún lo estamos pagando en el sentido más literal del término.
Los antecedentes mencionados ayudan a comprender que lo que sucede en la actualidad debe ser inscripto en un contexto político e institucional que se ha repetido a lo largo de nuestra historia: los avances y retrocesos que en materia de derechos y bienestar han sufrido en el pasado y vuelven a sufrir hoy los argentinos.
Precisamente por el valor histórico de los expedientes, registros, actuaciones y toda otra documentación de la infausta CONAREPA, como Presidenta de la Nación dispuse su traslado al Archivo Nacional de la Memoria, como ejemplo de un pasado que no queremos repetir.
3) Sin embargo, una vez más la historia se repite y el pasado vuelve a atrapar a los argentinos: endeudamiento, devaluación, despidos, persecuciones políticas, tarifazos en servicios públicos esenciales e indispensables, estampidas imparables de precios, comercios cerrados, industrias en crisis, censura y cercenamiento a la libertad de expresión, son sólo algunas de las calamidades que el nuevo Gobierno ha provocado en apenas 120 días. Esta verdadera tragedia se convierte en comedia cuando los rostros de quienes se quieren presentar ante los argentinos como cruzados contra la corrupción, son los mismos que durante los ’80 y los ’90 formaron parte de la “Patria Contratista” y su apellido estuvo indisolublemente ligado a escándalos y negociados con el Estado, ubicación de gerentes y directivos de sus empresas en puestos claves del Gobierno, pasando por el contrabando de autos con sociedades off shore absueltos por la “mayoría automática”, causal de Juicio Político a miembros de la Corte Suprema, o la estatización de la deuda de sus empresas; entre otros hechos de corrupción. No debería entonces llamarnos la atención que hoy ilustren la primera plana de todos los medios de comunicación internacionales, junto a otros dirigentes y mandatarios, algunos de los cuales ya renunciaron, con cuentas y sociedades en paraísos fiscales que les fueran descubiertas y de las que nunca le contaron a los argentinos. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación presenta el caso “Panamá Papers” en su página web bajo el título de: “Gigante fuga de registros financieros off shore expone la matriz mundial de la delincuencia y corrupción” (el subrayado me pertenece). Un escándalo global sin precedentes que trata de ser ocultado, sin conseguirlo, con el remanido recurso de denuncias y despliegue de mediáticas acciones judiciales.
Es que el que el Plan de Ajuste y Miseria vuelve a requerir una vez más, de la difamación y la calumnia para su implementación, bajo el mismo pretexto de que los dirigentes que defendieron y defienden los intereses populares y nacionales son corruptos sin remedio. Esta metodología no sólo es claramente visible en nuestro país, sino que se replica a escala regional como una matriz diseñada por expertos de otras latitudes.
La causa en la que aquí presto declaración y otras que se agigantan por los medios de comunicación concentrados, son un ejemplo lamentable de lo que vengo diciendo, a punto tal que a los propios medios extranjeros, que denunciaron a escala global el escándalo de “Panamá Papers”, les llama la atención el tratamiento que recibe el Presidente Mauricio Macri, implicado en el caso, y lo compara con el tratamiento que hubiera recibido quien suscribe, de haber sido la involucrada. Sostiene el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” –periódico que dió a conocer a nivel global el “Panamá Papers”- que de haber sido la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner la involucrada, todos le hubieran pedido la renuncia en forma inmediata (www.sueddeutsche.de/politik/panama-…).
III.Manifiesta.
1) Luego de ser informada acerca de los hechos que se me pretende imputar, entiendo y confirmo claramente que sólo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante.
En primer lugar, cabe señalar como algo absolutamente novedoso y sorprendente en términos judiciales, que haya sido citada a prestar declaración indagatoria cuando no existe ninguna mención, y mucho menos imputación en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los Legisladores oficialistas Negri y Pinedo, ni tampoco por parte del fiscal interviniente o que surja, al menos, de la prueba recibida.
Es más, una simple lectura de los elementos de convicción a los que el juez hace expresa referencia en el auto de fs. 367/368, muestra que mi convocatoria a declarar es un prevaricato de V.S. en los términos previstos por el art. 269 del Código Penal.
Concretamente, la resolución dictada resulta contraria a la ley y fundada en hechos absolutamente falsos; así quedará acreditado en la esfera judicial competente.
En segundo término, tampoco se ha respetado en el caso el debido principio acusatorio y de congruencia que debe existir entre el hecho por el que se ha habilitado esta investigación y el que se me ha imputado.
Concretamente se habla de la existencia de un grupo de funcionarios que, de manera organizada, sistemática y concertada, llevamos a cabo acciones de carácter político, técnico y administrativo con supuestos propósitos delictivos, que no fue ni denunciado por los Legisladores oficialistas ni requerido por el Fiscal.
Esta hipótesis de asociación ilícita, construida capciosamente por el magistrado, es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido y revela además la intención del Gobierno con la colaboración imprescindible del Poder Judicial de “plantar”, a quien suscribe, una causa penal que me prive de la libertad.
Como ya lo he dicho públicamente y reitero una vez más: no les tengo miedo. Afrontare este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. Fue decisión explicitada públicamente no tener fueros que me hubieran colocado en una posición de privilegio en relación a la de cualquier otro ciudadano. La igualdad nunca fue, para mí, un recurso retórico.
En tercer término, y desde un plano estrictamente jurídico tal como lo han explicado cada una de las personas imputadas que declararon en esta causa, las operaciones investigadas fueron llevadas a cabo legítimamente por las autoridades del Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a la normativa vigente e inspirada en los propósitos de su Carta Orgánica, es decir, promover, en las medidas de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social (art. 3).
Hago propios todos y cada uno de los argumentos que vertieran en este expediente el Sr. Ex Ministro de Economía Dr. Axel Kicillof y los Sres. ex Presidente y ex Vicepresidente del B.C.R.A. Alejandro Vanoli y Miguel Angel Pesce, así como también los de los Directores y ex Directores de la misma institución, que han actuado en un todo de acuerdo con lo que prescribe la Ley 24.144, Carta Orgánica del B.C.R.A. en su Capítulo Primero, que tiene por objeto definir la naturaleza y el objeto de la Institución, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, como así también el resto de las disposiciones de dicho instrumento, que como es de estricta hermenéutica legislativa deben ser entendidos y comprendidos en el marco de las definiciones estructurales de la norma.
Resulta insoslayable señalar que mi administración siempre buscó desarrollar una gestión de gobierno que protegiera el valor de la moneda, ya que su depreciación produciría los efectos más desfavorables sobre la actividad económica en general.
Puede afirmarse que, por lo menos en este capítulo no nos hemos equivocado y las consecuencias están a la vista.
Desde diciembre de 2015 a la fecha la estampida imparable de los precios, la desocupación, el aumento de la pobreza y la caída de la actividad económica y comercial, tiene indudablemente puntos de convergencia con los efectos de una “maxidevaluación” llevada a cabo por las autoridades del gobierno actual de manera brutal. El Gobierno no cuida a los argentinos. Tampoco parece preocuparse por ellos, ni por el dolor, angustia e incertidumbre que hoy están viviendo.
En quinto lugar, todo lo que se ha dicho en la denuncia acerca de graves perjuicios para el Banco Central y beneficios indebidos para terceros inescrupulosos resultaron ser simples manifestaciones electoralistas a las que se les dio cobertura mediática mediante la sustanciación de esta causa.
Adviértase que a requerimiento del actual Presidente del B.C.R.A. el Juez de la causa, en dos oportunidades manifestó que no había ninguna medida restrictiva ordenada que impidiera el pago de los contratos que se investigan. Cabe preguntarse entonces ¿Cómo puede ser que se impute la comisión de un delito cuya supuesta consumación ha sido autorizada por el mismo magistrado a cargo de esta investigación?
Por otro lado, también se debe destacar que ninguno de los supuestos “terceros enriquecidos ilegítimamente” por la operatoria del dólar futuro, tan siquiera fueron individualizados ni mucho menos citados a este proceso. No hay en este sentido actividad procesal alguna siquiera que insinúe esa línea de investigación. Me pregunto: -¿Será tal vez que puedan encontrarse con algún conocido que quieren mantener alejado de esta investigación y no seguir sufriendo nuevos traspiés políticos? Podríamos agregar como graciosa paradoja de estos “paladines de la moral” que el actual Presidente del B.C.R.A. tiene procesamiento firme por delitos económicos con motivo, nada más ni nada menos, que en la “operación” de endeudamiento conocida como “Megacanje”. Huelgan los comentarios.
Por si todo ello fuera poco, en los últimos días, hechos que son de dominio público muestran como los principios morales que tanto se predican resultan ser sólo un mero ejercicio distractivo y justificativo del ajuste, que ha quedado sepultado en el escándalo internacional de un Gobierno cuyo Presidente, sus familiares más directos y sus funcionarios más allegados quedan al descubierto como titulares de sociedades y cuentas off shore, que en otras latitudes ya han provocado renuncias hasta de Primeros Ministros. En suma, se trata de un conjunto de personas que, según los parámetros que V.S. ha elegido para imputarme en esta causa, merecerían ser también investigados a la luz del supuesto delito de asociación ilícita.
Además, y como lo han indicado el Presidente y los miembros del Directorio del BCRA en sus declaraciones obrantes en autos, la operación de venta de futuro de dólares no produjo en el Banco Central, tal como lo reflejan sus balances, pérdida alguna y sólo puede hablarse de efectos disvaliosos a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las actuales autoridades al devaluar y que fueran convalidadas por el Juez de la causa.
En definitiva, la imputación sub litis resulta absurda tanto en términos facticos como jurídicos e ingresa en el terreno de lo ridículo. Así lo evidencian las preguntas “inquisidoras” que V.S. le ha formulado a alguno de los imputados, con la intención de tornar justiciables hechos de contenido estrictamente político -terreno en el que el juez se movió con muy poco éxito en sus cargos anteriores-, demostrando también el mismo grado de incompetencia que registra en este tipo de materias técnicas.
La fuerza de los hechos es contundente. Primero dieron inicio a esta causa mediante una falsa denuncia que el Juez rápidamente instruyó. Dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, llevaron a cabo un allanamiento en el B.C.R.A. con el propósito de originar una corrida bancaria para forzar la devaluación y no lo lograron.
Después de los resultados electorales, en contra de lo que públicamente siempre sostuvieron, presionaron con esta causa, y de otras maneras, para obtener la renuncia del Presidente del B.C.R.A., borrando con el codo la independencia que debe tener el B.C.R.A. sobre la que escribieran y dijeran en múltiples conferencias y sets de televisión.
Una vez designadas las nuevas autoridades del ente rector, llevaron a cabo una devaluación de la moneda que, como se vió, produjo efectos devastadores sobre la economía.
Por último y nuevamente con la complicidad judicial, avanzaron con esta causa imputando falsamente a personas inocentes la comisión de delitos, los cuales de haber existido, resultarían exclusiva responsabilidad de las actuales autoridades.
En síntesis: ellos denunciaron, intentaron con una “corrida judicial” una devaluación, forzaron la salida del Presidente del B.C.R.A., devaluaron y ahora, con la complicidad judicial, pretenden colocarnos ante la opinión pública como culpables de los efectos de las medidas y decisiones que ellos adoptaron.
Finalmente el Gobierno de las excusas -como todo en la vida- tiene un límite: la responsabilidad de los propios actos y el juicio inevitable de la historia.
IV.Petitorio.
Por todo lo expuesto, a V.S. digo:
1) Se tenga por efectuada la presente manifestación a los efectos que corresponda.
SERÁ JUSTICIA.

JP al poder

En este nuevo ciclo político, inicialmente puede no haber contradicciones porque está en línea con la fórmula Macri al gobierno-JP al poder, pero en su transcurso y con sus previsibles efectos negativos en la economía esa sociedad puede empezar a padecer un deterioro en su legitimidad social y política. En las últimas semanas se manifestó en el mercado cambiario.

JP al Poder

Por: Por Alfredo Zaiat

JP Morgan cotizó los bonos a la mitad, y el BCRA aceptó. Fue una transacción abusiva de la banca, además con un costo financiero de 300 millones de dólares por la tasa de interés pactada.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, fue ejecutivo de JP Morgan en Nueva York y Londres. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, trabajó en el JP Morgan en Buenos Aires y Nueva York. El director Ejecutivo y jefe para América Latina del JP Morgan, Vladimir Werning, fue designado como secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo.

Uno de los directores del Banco Central Demian Reidel comenzó su carrera en el sector financiero en el área de investigación sobre mercados emergentes en JP Morgan. El mismo origen de estos funcionarios motivó al titular de la asociación que reúne a la banca extranjera en el país, Claudio Cesario, a definir al primer equipo económico del gobierno de Macri como “el Barcelona”. Por los resultados conseguidos hasta ahora en los partidos actividad económica, empleo, inflación y mercado cambiario, es el Barcelona que perdió por goleada global 7 a 0 con el Bayern Munich en la semifinal de la Champions League 2012/2013.

La primera tarea requerida al JP Morgan fue que determine el valor de tres nuevos títulos Bonar con diferentes fechas de vencimiento (2022, 2025 y 2027), sin cotización en el mercado. Esos bonos nacieron del Megacanje II. La definición de ese valor teórico fue clave para fijar el monto de dólares que un grupo de bancos extranjeros (uno de ellos JP Morgan, además del Santander, HSBC, Citi, BBVA Deutsche, UBS) entregó al Banco Central para abultar las reservas. Fueron unos 5000 millones de dólares a cambio de bonos por 10 mil millones de dólares en garantía de ese pase financiero. JP Morgan cotizó los bonos a la mitad, y el BCRA aceptó. Fue una transacción abusiva de la banca, además con un costo financiero de 300 millones de dólares por la tasa de interés pactada, facilitada por haber definido antes el también costoso Megacanje II. Esos papeles surgieron de ese trueque de papeles entre el Tesoro y el BCRA, operación que debe considerase como el disparo de largada para un nuevo ciclo de endeudamiento gigantesco. El JP Morgan participará también en la colocación de deuda para conseguir los dólares del pago en efectivo a los fondos buitre.

Este aporte del equipo económico es razón suficiente para el elogio de la banca extranjera, aunque las previsiones y resultados iniciales de la gestión no sean para celebrar. Antes de asumir como ministro, Prat-Gay publicitaba que la eliminación de las regulaciones cambiarias no iba a provocar una escalada inflacionaria porque los precios estaban fijados en un valor entre 13,50 y 14,50 pesos. No fue así. Prometió transparencia en el manejo del Indec y estalló una nueva crisis de credibilidad sobre cómo se elaborarán los indicadores con la designación como director técnico del Instituto de Fernando Cerro, a quién él denunció en la justicia por manipulación de los índices. Recibió una economía con un déficit fiscal de 2,3 por ciento y con contabilidad creativa y con propias medidas de desfinanciamiento del Estado (eliminación de retenciones y reducción de impuestos) lo infló hasta el 7,0 por ciento, cifra que le sirve como excusa para el ajuste y el endeudamiento. En una presentación que hizo ante la Corte de Apelaciones de Manhattan como amicus curiae a favor de Argentina en el litigio con los buitres, en 2013, había afirmado “¿qué tan justo sería que los holdouts consigan un mejor acuerdo, así sea un centavo más que los que entraron en el canje?”. Ahora presenta un pacto con los fondos buitre que es la capitulación argentina, como lo describen en detalle los principales medios financieros internacionales. No sólo se reconocerá el capital, intereses y punitorios a los buitres, sino que Argentina se comprometió a pagar los gastos de los abogados de Paul Singer por unos 250 millones de dólares.

Sin presentar un programa fiscal y financiero, Prat-Gay lanzó una amenaza: si no se aprueba el acta de rendición a los buitres, el ajuste fiscal será mayor y las provincias no serán asistidas por la Nación para financiar obras o desequilibrios de las cuentas. No es así. Claudio Scaletta lo explicó en varias oportunidades en sus editoriales en el suplemento económico Cash, la convocatoria a participar de un endeudamiento extraordinario de Prat-Gay no servirá para aliviar el déficit fiscal. La deuda que se tomará es en dólares, no en pesos. El déficit de las cuentas públicas es en pesos. Los dólares de la nueva deuda permitirán atender el déficit de cuenta corriente, no el fiscal. La Nación y las provincias pagan en pesos sus gastos, no en dólares. Gobernadores y legisladores deben conocer esta diferencia conceptual y práctica para eludir los mecanismos extorsivos que ha desplegado el oficialismo para conseguir el respaldo a las condiciones de rendición a los buitres.

Las divisas que ingresarán al Banco Central por la colocación de deuda (de la Nación, provincias y empresas) tendrán como contrapartida la emisión de pesos. Como la conducción de la entidad monetaria es ortodoxa monetarista, y tiene como dogma que la emisión es la causa de la inflación, diseñará una estrategia de absorción monetaria de esa expansión provocada por el endeudamiento en dólares. Aumentará así la deuda en pesos vía Lebac del Banco Central. El saldo será entonces un doble endeudamiento: en dólares para pagar a los buitres y para cubrir el desequilibrio del sector externo, y en pesos en el balance del BC para limitar la expansión monetaria de esa nueva deuda. Un resultado inquietante en relación al nivel de solvencia global de las cuentas públicas.

Si se trata de financiar el desequilibrio autoinfligido por el macrismo de las cuentas públicas y de asistir financieramente a las provincias, el Banco Central contará con abultados recursos ociosos por las ganancias en pesos que contabilizará por la megadevaluación. Pero el fundamentalismo monetarista predomina con el JP en el poder, y bien vale una recesión y alza de la desocupación en el altar de un dogma que es un fiasco por sus resultados económicos y sociolaborales.

La estrategia de la extorsión no es una originalidad del macrismo. En los noventa fue habitual con Domingo Cavallo en Economía y el FMI auditando cada tres meses las cuentas de la economía. Las leyes de privatización de empresas públicas, flexibilización laboral o de déficit cero eran presentadas como la salvación o el caos. Ahora es firmar la capitulación ante los buitres o un ajuste aún más fuerte. Quien ha definido los términos de la extorsión política fue el juez Thomas Griesa, quien para avalar el pacto con los buitres exigió a los representantes del gobierno argentino la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano y que se cancele los compromisos del juicio antes del 14 de abril. El equipo de Prat-Gay aceptó esas ofensivas condiciones.

Cuando se ingresa en ese círculo vicioso de acceder a ese tipo de exigencias del dispositivo de poder de las finanzas globales, e incluso festejarlas como hizo el ministro en conferencia de prensa, se pierde el control sobre la gestión de la política económica doméstica. Esta queda dominada por los intereses de los financistas. En este nuevo ciclo político, inicialmente puede no haber contradicciones porque está en línea con la fórmula Macri al gobierno-JP al poder, pero en su transcurso y con sus previsibles efectos negativos en la economía esa sociedad puede empezar a padecer un deterioro en su legitimidad social y política. En las últimas semanas se manifestó en el mercado cambiario.

Una conducción del Banco Central que se presentó en sociedad como experta y profesional fue puesta a prueba dejando al descubierto su inexperiencia y soberbia. Dejó el control de una variable clave (el tipo de cambio) en manos del mercado (complejo agroexportador y bancos) desatando una corrida inesperada y muy intensa teniendo en cuenta que fue contra un gobierno “amigable con el mercado”, en luna de miel con la mayoría de la población, con protección mediática y alivio en el mundo de los negocios por el regreso del neoliberalismo. Bajo esas extraordinarias condiciones favorables el Banco Central perdió reservas por casi 2500 millones de dólares en un bimestre (el 50 por ciento del pase oneroso con la banca extranjera) y la cotización del dólar superó los 16 pesos.

Los resultados poco favorables en materia de inflación y en las variables financieras motivó al gobierno a disfrazarlos con una sobreactuación acerca de la herencia recibida. La gestión económica, cambiaria y monetaria improvisada (por caso, el Banco Central subió fuerte la tasa de interés, luego la bajó, para después volver a subirla, bruscos movimientos en menos de tres meses) es un potente motor de inestabilidad económica. La ortodoxia dura exige más ajuste fiscal, opción que sólo acelerará el sendero de la crisis construida por el macrismo. Esos fundamentalistas del orden de las cuentas públicas están esperando que el grupo de ex JP culmine el trabajo de capitulación con los fondos buitre para saltar del banco de suplente y mandar a los vestuarios a este equipo económico, que más que Barcelona se mostró como un rejunte de jugadores amateurs que sólo saben de negocios financieros para rédito de sus anteriores empleadores.

Fuente: http://www.telesurtv.net/opinion/JP-al-poder-20160307-0017.html

Acuerdo Buitre, inaceptable extorsión

Por Axel Kicillof *

Sabemos ya que el gobierno de Macri ofreció a los fondos buitre mejores condiciones que las que los mismos buitres ofrecieron al gobierno de Cristina. Incluso se ha conocido que Macri quiere pagarle a algunos fondos, como el caso de Dart, el 100 por ciento de lo que reclamaban a Griesa. ¡Así es fácil llegar a un “acuerdo”! La negociación no fue agresiva, todo lo contrario, y esto se debe a la urgencia por arreglar a cualquier costo. La desesperación no es, ni en éste ni en ningún caso, una buena estrategia de negociación.

Ahora la extorsión se traslada al Congreso. GriesaAl juez Griesa ya no le basta con extorsionar al Poder Ejecutivo sino que pretende ordenar al Congreso de la Nación las leyes que tiene que derogar o promulgar para pagarle a un puñado de especuladores en mejores condiciones que las que aceptó el 93 por ciento de acreedores de buena fe. Concretamente, los fondos buitre pagaron 25 centavos por dólar y ahora piden 4 dólares. El 93 por ciento, en cambio, aceptó recibir 30 centavos por cada dólar, lo que terminó siendo un buen negocio porque Argentina creció ininterrumpidamente en la última década y pudo pagar todos los vencimientos acordados como nunca antes en su historia.

¿Cuál es el monto total del autodenominado “acuerdo” de Macri y cuál la ganancia de los fondos buitre? Todavía no conocemos el dato exacto. Lo que sí sabemos es que Macri ofreció a los fondos buitre dinero en efectivo. ¿Cómo planea conseguir estos fondos? Endeudándose por una cifra de 15.000 o 20.000 millones de dólares. Llegamos así a la siguiente conclusión: de manera encubierta, el gobierno de Macri está pidiendo al Congreso la autorización para realizar una de las operaciones de deuda más formidables de toda nuestra historia, sólo comparable con los tristemente célebres “megacanje” y “blindaje”. Además, según Clarín, los beneficiarios de este negocio serán los “sospechosos de siempre”: HSBC, JP Morgan, Santander, Deutsche, BBVA, Citi y UBS. Son los mismos bancos que le “prestaron” 5000 millones de dólares al BCRA hace pocos días. Lo que no se menciona es que para conseguir ese también autodenominado “crédito” el BCRA tuvo que poner como garantía 12.000 millones de dólares, es decir, más del doble. En resumen, en poco menos de 3 meses Macri va a endeudar al país en 20.000 o 25.000 millones de dólares, una cifra que supera las reservas internacionales en poder del Banco Central.

Para tener una idea de la inequidad (¿o de la ilegalidad?) que implica lo quieren presentar como un acuerdo que genera entre el 93 por ciento que apostó por la Argentina y el 7 por ciento que decidió especular e ir a juicio contra nuestro país, baste decir que nos vamos a endeudar para pagarle a ese 7 por ciento ¡en un valor que equivale a la mitad de la deuda que se le reconoció al restante 93! Así como se lee: el 7 por ciento de los acreedores se llevarán una suma que equivale al 50 por ciento de lo que se les reconoció al 93 por ciento de los acreedores. Esta “exitosa negociación” no es otra cosa que “hacer lo que dice Griesa y pagar”, calladito y contante y sonante.

El arreglo de Macri con los buitres contrabandea entonces una operación de endeudamiento gigantesca, cuyos detalles financieros y “comisiones” tampoco conocemos. Recordemos que la Corte Suprema acaba de confirmar el procesamiento del actual presidente del BCRA por las comisiones que se pagaron en el megacanje. La ganancia de los bancos va a ser doble: por un lado, las comisiones por emitir esos 20.000 millones, que si fueran del 2 por ciento significan nada menos que 400 millones. Pero, además, seguramente el precio de los bonos probablemente crezca no bien se anuncie el acuerdo. Si mejoran los bonos en un 4 o 6 por ciento, la ganancia de los bancos puede llegar a 1000 millones adicionales. Lo que encubre esta inaceptable extorsión sobre el Congreso de la Nación para que derogue las leyes que exige un juez norteamericano (Griesa) es un posible negociado que podría llegar a 1400 millones de dólares.

Pero hay otros elementos centrales que aún se desconocen sobre el acuerdo. En primer lugar, mientras a Argentina se le pide derogar sus leyes, el juez Griesa va a “suspender” su orden, lo que no implica dejar sin efecto la sentencia sobre el pari passu ni garantizar que no queden más buitres sin entrar al acuerdo. El riesgo es, entonces, que nuevos fondos buitre repitan el reclamo y nuevamente impidan el cobro de los bonos. Si no se garantiza un acuerdo con el total de los “holdouts”, más adelante, un solo bonista con un solo bono puede llevarnos a la misma situación. Que no nos extrañe que sea el mismo Paul Singer o algún otro camuflado con otras plumas que vuelve al ataque.

En segundo lugar, si a los fondos buitre se les paga 10 veces más que al 93 por ciento de los acreedores, no sería extraño que en el futuro sean estos últimos los que reclamen un trato igualitario. Y tampoco sería extraño que los bonistas encuentren un juez que les dé la razón, incluso con mejor criterio que Griesa. Entonces lo que parece una solución se transformará en un problema inmenso. Ni Macri ni sus abogados han hecho nada para garantizar que este “acuerdo” no genere riesgos legales futuros para la Argentina. Total, el problema vendrá después … del enorme endeudamiento.

Por último, si Argentina avanzara por esta opción estaría quedando aislada del mundo. Sí, así como se escucha: la misma fuerza política que denunció durante años que las políticas del kirchnerismo nos “aislaban del mundo” son hoy las que encabezan una operación de endeudamiento que contradice los principios de reestructuración de deudas soberanas. Estos principios recibieron el apoyo de 136 países en el pleno de las Naciones Unidas, y fueron declarados de Orden Público mediante la ley N° 27.207. En particular, cabe recordar uno de los Principios fundamentales de la ONU, el Principio 5 de Trato Equitativo “impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores” y que cualquier arreglo individual “garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores”.

El apuro por “acordar” deriva de que todo el plan económico de Cambiemos parece basarse en el endeudamiento externo. Y derogar la ley de Pago Soberano es un paso clave para abrir esa puerta que nuestro país nunca tiene que volver a abrir. El inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento, que comenzó con 5000 millones de dólares del BCRA y sigue con la emisión de 15 o 20.000 millones de dólares que nunca ingresarán a nuestro país y que irán a alimentar a estos carroñeros internacionales que son los fondos buitre. No sólo se violan así los principios en materia de deuda soberana de la ONU y se generan riesgos legales incalculables para el futuro, sino que es un retorno a los mismos errores que en el pasado condujeron a la Argentina a su peor crisis económica, política y social. De desarrollo, inclusión o pobreza cero, ni hablar.

* Diputado nacional. Ministro de Economia de CFK

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-293530-2016-03-01.html